El 28 de abril de 1995. Ese día el presidente Jean-Bertrand Aristide, en medio de una reunión en el Palacio Nacional con el expresidente de Costa Rica, Oscar Arias, declaró la disolución oficial de las fuerzas armadas de Haití. Arias se encontraba en Haití para presentar los resultados de una encuesta patrocinada por él en la que se revelaba la naturaleza anti-militarista del pueblo haitiano. Tres años y medio antes el ejército le había dado un golpe de estado. La disolución permanente requería una reforma constitucional que nunca se materializó. El 17 de noviembre de 2017, el entonces presidente Jovenel Moïse restableció las Fuerzas Armadas de Haití (FADH) a través de la suspensión de las órdenes ejecutivas emitidas por el presidente Aristide en 1995, con lo cual quedó demostrado el problema de inconsistencia temporal que para Haití tenía la decisión de Aristide de disolver el ejército haitiano. A finales de 2023, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, estimaba que el ejército haitiano tenía entre 1,200 y 1,500 miembros.
Aristide entendía que mientras Haití tuviese ejército, la posibilidad de un golpe de estado operaba como una especie de fantasma que aparecería en cualquier momento. Ya él había sido víctima de uno y no deseaba recibir un segundo. No resultaba difícil prever lo que sucedería en un país donde el ordenante de la disolución del ejército, a partir de la década de los 80s, fomentó el surgimiento de bandas juveniles y las utilizó para elevar su cuota de poder, hacerse sentir en las calles y reprimir a los disidentes y opositores, mientras en 1995 permitió a los 7,000 miembros del ejército desmantelado retener las armas que tenían asignadas. No tenemos elementos de juicio para evaluar la calidad de la encuesta de Arias cuando revela el espíritu anti-militarista del pueblo haitiano, lo que, según él, aparentemente constituía una condición necesaria y suficiente para que Haití emulase la decisión de eliminar el ejército tomada por Costa Rica en 1948. En un país como Haití, donde uno de los refranes más populares sentencia “konstitisyon se papye, bayonet se fe” (la Constitución es de papel, las bayonetas de acero), la revelación de la encuesta oscila entre lo interesante y lo sorprendente.
Lo que sí está claro es que en la evaluación realizada por el presidente Aristide no se tuvo en cuenta que mientras Costa Rica tenía una población de 825,378 habitantes en 1948, Haití contaba con 7.56 millones en 1995. Andorra, Ciudad del Vaticano, Samoa, Costa Rica, Islandia, Liechtenstein, Dominica, Granada, Kiribati, Micronesia, Nauru, Islas Marshall, Palaos, Islas Salomón, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Tuvalu, Vanuatu, Groenlandia, Polinesia Francesa, Montserrat, Niue, San Martín, Islas Caimán, Islas Cook y Curazao son los 27 países en el mundo que no cuentan con ejército o fuerzas armadas. Dejando a Costa Rica fuera y a Islandia, esta última protegida de la OTAN, los restantes 25 países tienen una población consolidada de 3.1 millones. Que Isla Niue, con 1,819 habitantes, no tenga ejército es perfectamente comprensible. En Haití, la propuesta no pasaba de ser una soberana estupidez. La decisión de eliminar el ejército haitiano en 1995 dejó en el aire uno de los puntos centrales del Acuerdo de la Isla de Gobernadores firmado por Aristide y Cedras el 3 de julio de 1993: la asistencia de EE. UU. para la modernización del ejército de Haití y el establecimiento de una nueva Fuerza Policial Haitiana.
Independientemente de las señales que estaba enviando Cedras de que incumpliría con lo acordado, Occidente nunca debió permitir la eliminación del ejército haitiano, la única institución capaz de imponer el orden requerido para echar a andar una estrategia de crecimiento económico y desarrollo integral en cualquier nación.
Este error histórico puede haber sido motivado por la creencia errada de que la democracia constituye la única y mejor opción de gobierno para un país, independientemente del estadio de desarrollo de una “nación” que, en el caso de Haití, apenas ha probado la democracia unos cuantos meses desde que se independizó hace más de 200 años. No hay lugar a discusión. Una cara de totalitarismo y la otra de autoritarismo definen la moneda del sistema político que ha circulado en Haití desde su independencia. Para la mayoría, esa es una prueba contundente de que a Haití no le queda otra alternativa que ponerse el traje de la democracia liberal. Este reto, sin embargo, luce imposible de enfrentar. Con 200 bandas de paramilitares controlando la mayor parte del territorio, el retorno gradual de 500,000 deportados (muchos de los cuales podrían engrosar algunas de las bandas si se tiene cuenta de donde se han nutrido dos de ellas, 400 Mawozo y Baz Galil) como consecuencia de la terminación a partir del 3 de agosto de 2025 del Temporary Protected Status (TPS) para nacionales haitianos dispuesto por la administración Trump, un puñado de 400 militares kenianos enviados por el presidente Ruto, una temerosa Policía Nacional de Haití conformada por unos 9,000 miembros activos y, gracias a Aristide, un raquítico ejército de apenas 1,500 hombres, no está claro como podrían organizarse elecciones libres que permitan evacuar un gobierno democrático con capacidad para restablecer el orden y la ley en la selva haitiana.
Si nos aferramos al sentido común está claro que lo anterior no es posible. Dado que Occidente no está dispuesto a derramar su sangre para imponer la ley y el orden en Haití, al país más pobre de América, el cual ingresaría próximamente, si se acepta la reciente propuesta del presidente de Kenia, a la Sexta Región (Diáspora Africana) de la Unión Africana que agrupa a 200 millones personas de origen africano ciudadanas y/o residentes en naciones fuera del continente africano, no parece quedarle otra salida que abrazar, una vez más, un régimen autoritario que logre poner fin al caos y restablecer el orden. Este planteamiento, aunque podría resultar irrespetuoso en Occidente y en nuestra región, no produce rasgados de vestiduras en los países de origen de la diáspora que hoy reside en Haití. De los 54 países de África, 22 tienen gobiernos presididos por militares o exmilitares. Si alguien tiene dudas, observe los casos de Lourenço en Angola, Traoré en Burkina Faso, Ndayishimiye en Burundi, Déby en Chad, Assoumani en Comoras, Sissi en Egipto, Ahmed en Etiopía, Oligui en Gabón, Doumbuya en Guinea, Embaló en Guinea-Bissáu, Obiang en Guinea Ecuatorial, Goïta en Mali, Ghazouani en Mauritania, Tchiani en Nigeria, Sassou-Nguesso en la República del Congo, Gali en Sahara Occidental, Bio en Sierra Leona, al-Bashir en Sudán, Kiir en Sudán del Sur, Museveni en Uganda, Mnangagwa en Zimbabue y Kagame en Ruanda.
La mayor contribución que Occidente y los demás países interesados en la solución de la dilatada, profunda y alarmante crisis haitiana es hacer todo lo que esté a su alcance para que Haití sea gobernado durante los próximos 50 años por un gobierno autoritario benevolente y con capacidad para ejecutar una estrategia de desarrollo integral basada en el sentido común. Reconocemos que “la estupidez de 1995” dificulta la tarea pues Haití no cuenta con un ejército moderno, capacitado y visionario de donde pudiese escogerse un presidente como el que el destino le tenía reservado a Chile luego del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, sin lugar a dudas, el día que Chile se salvó. Para salvar a Haití haría falta una mano firme y constructora de institucionalidad y progreso, como la que tuvo Chile con Augusto Pinochet durante el período 1973-1990, el mismo que aparece en la serie de sellos falsos de la Republique d’Haití con imágenes del presidente chileno que más ha hecho por el desarrollo económico de su país en toda su historia. Si no aparece un chileno como Pinochet o un ruandés como Kagame, la teoría del segundo mejor desarrollada por Richard Lipsey y Kelvin Lancaster en 1956, sugeriría identificar la existencia de algún jefe de banda en Haití con capacidad, deseo y visión para imponer el orden y, con la ayuda de todos los países interesados en la solución de la crisis haitiana, ejecutar un plan de desarrollo económico, social e institucional de largo plazo que permita a esta inminente geografía de la Sexta Región de la Unión Africana salir, poco a poco, del profundo agujero en que se encuentra. La reducida preocupación sobre lo que sucede en Haití que refleja la decisión de la administración Trump de fijar el 3 de agosto de 2025 como fecha de término del TPS para cerca de 500,000 haitianos que se encuentran en EE.UU., nos obliga seriamente a pensar en posibles “soluciones dominicanas a la crisis haitiana”. Después de todo, somos los más afectados por el descalabro de nuestros vecinos cuyos antepasados fueron forzados a salir de África y trabajar como esclavos en el lado occidental de La Española.
