El Movimiento Cívico Participación Ciudadana (PC), afirma que durante los pasados gobiernos y el actual se utilizan de manera abusiva y deliberada los recursos públicos con intenciones de influir sobre el electorado en los próximos comicios presidenciales.

A manera de ejemplo, la organización cita que en la partida destinada a “publicidad, impresión y encuadernación” en el 2021 se gastó la suma RD$3,621 millones, monto que se incrementó a RD$6,375 millones en el 2022 y RD$8,786 millones en 2023.

“De todo lo gastado en dicho año, el 74% tuvo lugar en la segunda mitad. Se advierte que casi todo lo computado en esta partida, el 86 por ciento, corresponde a publicidad y propaganda”, detalla.

El movimiento cívico explica que para este 2024 el presupuesto consigna RD$8,163 millones destinados a “publicidad, impresión y encuadernación”, de los cuales en los primeros tres meses y 12 días ya se gastaron 2,790 millones de pesos, particularmente en los meses de febrero y marzo, cuando se intensificó.

Indica que de esta manera, en el segundo semestre del año pasado, cuando las elecciones estaban más cerca, se gastó casi el triple que en el primero, y en lo que va del 2024 seis veces más que en igual período del año anterior.

Para PC la publicidad oficial suele incluir, de forma velada o expresa, informaciones sobre supuestos “logros gubernamentales” que no son otra cosa que propaganda electoral, incluso utilizando expresamente cifras tendentes a abultar los éxitos, expuestos en páginas de periódicos y espacios en los medios audiovisuales y plataformas.

“No es que no se hiciera en los pasados gobiernos, e incluso a veces más en términos relativos, sino que lo esperable por parte de la ciudadanía es que las prácticas incorrectas sean corregidas en vez de replicadas igual o peor”, añade la organización.

Participación Ciudadana también dice que otra práctica histórica que persiste es aprovechar con fines electorales diversos programas sociales.

Sin embargo, sostiene que resulta difícil extraer conclusiones en base a las estadísticas, debido a que incluyen a programas legítimos del Estado, como inversiones públicas, programas sociales y subsidios.

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