Los partidos políticos deberán someterse al tortuoso proceso de realizar encuestas en lugares donde algunos candidatos sintieron vulnerados sus derechos, como La Romana y Elías Piña, por orden expresa del Tribunal Superior Electoral, (TSE), que ha estado trabajando aceleradamente en el conocimiento de las instancias interpuestas por precandidatos inconformes con los resultados.

En La Romana, por ejemplo, se estableció que el Partido Revolucionario Moderno (PRM), había dejado fuera de la medición a una de las precandidatas, específicamente a Jacqueline Fernández.

En el caso de la Fuerza del Pueblo, el precandidato Francisco Morillo Montero ganó la candidatura en Elías Piña por encuesta, pero el partido le cedió la plaza en la Alianza Opositora Rescate RD.

Y en ese mismo orden, la alta corte, acogió parcialmente la demanda en impugnación por daños y perjuicios en contra de la FP, ordenando anular el proceso de encuestas realizado para el nivel de diputados de la circunscripción 3 del Distrito Nacional de este partido.

Estos casos indican sin lugar a dudas que el método aprobado en la Ley de Partidos y refrendado por una resolución emitida por la Junta Central Electoral (JCE) que establecía ciertos controles sobre este proceso, no ha dado resultado.

Se acercan las fechas, y ahora algunos partidos deberán someterse nuevamente al escrutinio interno ordenado por una alta corte. La teoría de que las encuestas eran procesos menos engorrosos en términos económicos ha quedado de lado, toda vez que esta ordenanza de realizar el proceso en ciertas demarcaciones traerá consigo un costo mayor que se transfiere a una laceración de la confianza entre dirigente y partido.

Para completar, por si no bastaba con las decisiones del TSE, un grupo importante de diputados (más de 100), ha firmado un proyecto que busca prohibir las encuestas para escoger candidatos.
Esta propuesta ha encontrado apoyo en voces de todos los partidos, inclusive, en algunos que sí lograron sus candidaturas sin mayores inconvenientes.

Un total de 103 diputados, de los 190 que componen la matrícula congresual, depositó y firmó este proyecto que busca modificar la Ley de Partidos y lograr así la eliminación de las encuestas como método para escoger a los candidatos manteniendo las primarias y convenciones de delegados y dirigentes como efectivos. Hay disgusto y parece que en eso coinciden representantes de varias agrupaciones políticas.

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