Hace unos días, el amigo Alfredo Cruz Polanco me hizo llegar un interesante artículo que había publicado en la prensa donde hacía una serie de puntualizaciones sobre la necesidad de la rendición de cuentas de parte de nuestros ayuntamientos. Refería en el mencionado artículo que “Juan Pablo Duarte concebía el Poder Municipal como el gobierno económico y político de los pueblos, que debían convertirse en un contrapeso del Poder Ejecutivo, una organización modelo donde los recursos recibidos a través del Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, fueran manejados con eficiencia, pulcritud, eficacia, honestidad y transparencia”.
El enfoque del amigo Alfredo Cruz Polanco va por el camino del incumplimiento de la ley en cuanto a distribución de recursos, falta de rendición de cuentas y el uso inapropiado de los mismos, fruto del análisis que ha hecho de varias auditorías de diferentes ayuntamientos. Mi enfoque, aunque no pasa por alto el problema planteado por el articulista, va más bien hacia la preocupación de la atomización del territorio nacional, lo difícil que será de gerenciar y la falta de recursos de los municipios para atender los servicios cada vez más crecientes.
La Ley 163-03 es clara en cómo deben distribuirse los recursos de los ayuntamientos. Establece hasta un 25% para gastos de personal, un 40% para obras de inversión y programas de desarrollo y un 4% para programas educativos y de salud, entre otras partidas. Pocos son los ayuntamientos que cumplen con esta ley, que además establece que un 10% del Presupuesto General de la Nación debe estar destinado para los ayuntamientos de forma que puedan gozar de la autonomía presupuestaria necesaria.
Es cierto que este porcentaje nunca se ha cumplido, pero también es cierto que el Gobierno central ha tenido que hacerse cargo de muchas obras que debían hacer los ayuntamientos, como asfaltado, construcción de aceras y cunetas, alumbrado público, mercados, parques y muchas obras más.
Pero además de los ingresos que perciben los ayuntamientos del Presupuesto Nacional, están una serie de impuestos municipales como los permisos de construcción, pago por la publicidad que se coloca en las vías públicas, recogida de basura, cobro por el rodaje de camiones que transportan materiales de construcción extraídos de los ríos, cobros a las telefónicas y tal vez el más importante de todos es el 3% de la facturación de las empresas distribuidoras de electricidad.
Sin embargo, para la inmensa mayoría, estos recursos no son suficientes porque el país se ha ido atomizando. Tenemos 155 municipios y 232 distritos municipales. Si dividimos nuestros 48 mil kilómetros cuadrados solo para hacer un ejercicio porque sin duda no todos los municipios tienen el mismo tamaño, tendríamos que entre municipios y distritos municipales cada uno tiene una extensión de 124 kilómetros cuadrados.
Esto no es lo peor, sino que cada día queremos más municipios y mas distritos municipales, creando una burocracia que reduce considerablemente los recursos que establece la ley 163-03 para obras y servicios.
Si hacemos otro cálculo simple llegamos a la suma de que tenemos 774 alcaldes y alcaldesas. Si calculamos que cada municipio y distrito municipal tiene entre tres y cinco regidores y lo promediamos por cuatro tendremos la escandalosa suma de 3,096 regidores. Si cada regidor exige una cuota de diez empleados y estoy siendo conservador tendríamos 30,960 empleados solo colocados por los regidores sin contar los que colocan los propios alcaldes y alcaldesas.
Esto no es a forma de crítica, sino de gran preocupación, porque como nación debemos empezar a repensarnos; hace algunos años estuvo de moda el término reingeniería, pero creo que es mucho más que eso lo que debemos hacer.
Es imposible seguir subdividiéndonos de esta forma, los recursos nunca serán suficientes, los servicios serán cada vez más deficientes y seguiremos creando las condiciones para una nación cuya economía será cada vez más cara, reduciendo el poder de compra de nuestros ciudadanos e imposibilitando la reducción de la pobreza, objetivo que debe ser de todos, gobernantes y gobernados.
Hay municipios que son un verdadero ejemplo de participación comunitaria, se discute el presupuesto y la comunidad toma parte activa en los problemas y sus soluciones. Pero desgraciadamente no son todos, muchos porque no cumplen con la ley, otros porque los recursos que les llegan fruto de este fraccionamiento son insuficientes y otros porque manejan inadecuadamente el presupuesto municipal.
Estamos próximos a celebrar la fecha de nuestra Restauración, aprovechemos ese nuevo aniversario para todos despojados de intereses personales, pensemos en cómo hacer del país una mejor nación, donde todos podamos ser parte de la reducción de la pobreza, creando un Estado más lógico y real que pueda hacer frente a las necesidades de nuestros ciudadanos.
