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El fallo del Tribunal Constitucional, que abre la posibilidad de que cualquier persona pueda postularse a cargos públicos de manera independiente, sin necesidad de una organización política que respalde su candidatura, desata no pocas preocupaciones de sectores políticos, civiles y hasta religiosos. Principalmente por lo que consideran una apertura de puertas a la potencial proliferación de candidaturas en masas, donde la competencia electoral se vería inundada de una gran cantidad de aspirantes.
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Asimismo, dichos sectores apuntan a una posible fragmentación de los votos, dificultando la toma de decisiones por parte de los ciudadanos. Aseguran que los ciudadanos se verían obligados a elegir entre una gran diversidad de candidatos, muchos de ellos quizás sin programa claro o con propuestas similares.
Del mismo modo, apuntan que la proliferación de candidatos independientes podría desorganizar el sistema electoral, ya que las elecciones se llevarían a cabo sin un marco regulatorio sólido sobre cómo se financiarían estas campañas.
En un escenario con muchos candidatos, es probable que los más favorecidos sean aquellos con mayor capacidad económica y recursos para mantener una campaña extensa. Esto, sostienen, podría beneficiar a candidatos con influencias externas y desvirtuar el proceso democrático, dando pie a “candidatos del dinero” que no representen los intereses genuinos del pueblo.
las candidaturas independientes y el fallo del TC
Una candidatura independiente se refiere a la postulación de una persona o grupo de personas para ocupar un cargo electivo sin estar afiliadas a un partido político.
Este tipo de candidatura puede ser una vía importante para fomentar la pluralidad y la diversidad política en las elecciones. Esto debido a que permite que individuos fuera del ámbito político tradicional puedan competir y presentar sus propuestas directamente a los votantes.
En la sentencia TC/0788/24, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana declaró inconstitucional los artículos 156 y 157 de la Ley de Régimen Electoral. Esta ley exigía que los candidatos independientes se presentaran a través de una agrupación política formalmente constituida.
El Tribunal eliminó esta obligación, permitiendo que los ciudadanos pudieran postularse sin estar vinculados a partidos políticos establecidos. Esto realmente representa un avance hacia una mayor apertura en la participación política.
No obstante, este cambio ha sido controvertido, ya que, aunque amplía las posibilidades de participación, también plantea interrogantes sobre la organización y el financiamiento de estas candidaturas.
Oposición a la sentencia del TC
La decisión del TC ha generado fuertes reacciones en diversos sectores políticos del país. Varios líderes de partidos establecidos han expresado su preocupación sobre los efectos negativos de la apertura indiscriminada de candidaturas independientes.
El expresidente de la República, Leonel Fernández, ha sido uno de los principales opositores a esta medida. El ex mandatario argumenta que la propuesta de candidaturas independientes podría debilitar el papel de los partidos políticos como pilares fundamentales de la democracia.
Además, Fernández advirtió sobre los peligros de que intereses externos, como el poder económico, puedan influir en las candidaturas, lo que podría distorsionar la representación genuina del pueblo.
Otros dirigentes, como el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, también han manifestado su preocupación. Estos han solicitado a la Junta Central Electoral (JCE) convocar a los partidos políticos para discutir el impacto de la sentencia.
Ante la incertidumbre generada por la sentencia del Tribunal Constitucional, algunos actores políticos y sociales han propuesto soluciones para mitigar los riesgos derivados de la proliferación de candidaturas independientes.
El delegado del PRM ante la JCE, Sigmund Freud, sugirió que el Congreso modifique la Ley de Régimen Electoral para garantizar un marco normativo adecuado para estas candidaturas.
Por otro lado, otros actores proponen que, si el Congreso no actúa de manera rápida, la JCE debería elaborar un reglamento que regule la participación de los candidatos independientes. Esta debe de establecer reglas claras sobre la financiación y el proceso electoral.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) también ha llamado a una discusión nacional amplia sobre este tema. Esto lo hace con el fin de garantizar que las candidaturas independientes no pongan en riesgo la estabilidad política del país.
