Es posible que por la forma en la que se miden y tipifican las muertes violentas de mujeres en el país, la Procuraduría General de la República reporte un 37 % menos de los feminicidios que realmente ocurren, según un informe de Participación Ciudadana
En 2019 mataron a 148 mujeres, según los datos de la Procuraduría General de la República. A 85 de ellas, es decir al 57.4 % las asesinaron sus parejas o exparejas, en hechos calificados como “feminicidios íntimos”. Las otras 63 muertes, es decir el 42.56 %, fueron clasificadas como homicidios de mujeres.
De 2017 a 2019 hubo 522 muertes violentas de mujeres, según los datos oficiales: 273 “feminicidios íntimos”, un “feminicidio por conexión” y 248 homicidios.
Estas estadísticas evidencian que, para las mujeres, las relaciones de pareja y los hogares pueden ser más peligrosos que la calle, a pesar del crimen y la delincuencia común.
También reflejan que en el registro de datos no se recogen elementos importantes sobre los feminicidios y homicidios de mujeres. De acuerdo con el informe “La Violencia de Género contra las Mujeres. Un enfoque desde las estadísticas provistas por el Estado dominicano entre 2005-2018”, publicado por Participación Ciudadana y disponible en la página del Observatorio Justicia y Género, “es probable que la PGR por problemas de tipificación y conceptualización esté reportando 37% menos casos de feminicidio en promedio desde el 2016”.
Según los datos del Ministerio Público, en 2019 en el país solo se produjo un tipo de feminicidio, el “íntimo”. Grupos feministas han insistido en que se dan y es necesario registrar aquellos feminicidios “no íntimos”, que ocurren, por ejemplo, cuando un hombre viola y mata a una mujer con la que no tiene ninguna conexión familiar. En ambos casos, las mujeres son asesinadas por su condición de género, debido a patrones culturales que fomentan el machismo y la misoginia.
La investigadora Susi Pola entiende que en el país hace falta más rigor científico en las estadísticas sobre violencia contra las mujeres: “Carecemos de un sistema de registro. Las cifras las provee la Procuraduría, que toma como fuente a la Policía y las cruza con ciencias forenses (Instituto Nacional de Ciencias Forenses) en una rutina que no refleja confiabilidad, que no es tan científica. Las que hemos tenido acceso a esos registros hemos notado un desparrame”, enfatiza.
El feminicidio, como crimen específico contra las mujeres, basado en su sexo y género, no se encuentra tipificado en el Código Penal de la República Dominicana, ni en ninguna ley, por lo que las clasificaciones que se utilizan quedan, en cierta forma, a discreción de las autoridades de turno.
“El Código Penal actual de la República Dominicana no concibe el feminicidio como un acto de crimen diferenciado, esto genera una problemática importante, puesto que, a términos de tipificación de los crímenes, no es clara una definición que permita enmarcar cuando un asesinato es considerado feminicidio y cuando es un homicidio de mujeres”, se explica en el informe de Participación Ciudadana.
Diferentes grupos propusieron la tipificación del feminicidio en un proyecto de ley para actualizar el Código Penal, pero este no ha sido aprobado, al menos en parte, por la oposición de grupos conservadores a despenalizar el aborto si la vida de la mujer está en peligro, el feto es inviable o en casos de incesto y violación.
¿Por qué la clasificación importa?
La investigadora Susi Pola explica que un sistema de registro que genere buenas estadísticas, no solo de los feminicidios y los homicidios de mujeres, sino de todos los tipos de violencia, ayudaría a comprender mejor cómo y cuándo ocurren las muertes. Con esta información sería posible establecer medidas más eficientes de prevención, educación y sanción del feminicidio y otras formas de violencia contra las mujeres y las niñas.
“Se necesita un registro de datos que no sea solo del feminicidio, que trasciendan el feminicidio, que sea detallado, científico, con perspectiva de género y que permita identificar el fenómeno en un sentido amplio para comprenderlo mejor. El registro da las pautas para entenderlo y mejorarlo, ese es el rol de los datos. Hay que hacer indicadores precisos y claros que nos ayuden a identificar esas violencias”, argumenta Pola.
En su página, la Procuraduría coloca estadísticas en un sistema de “datos abiertos” pero al menos en los documentos en hojas de cálculo (Excel) que se supone deben ser de fácil acceso para quienes investigan y tomas decisiones, solo se encuentran la cantidad de muertes ocurridas por provincia, la limitada tipificación (feminicidios íntimos y homicidios); y en el caso de los homicidios, los posibles motivos o circunstancias. Otras informaciones habituales en este tipo de base de datos, como la edad de las víctimas y los victimarios no están disponibles, a pesar de que el sistema es de “datos abiertos”.
Otro problema que, según la investigadora Susi Pola, tiene la medición de la violencia contra la mujer y de los feminicidios en particular es que solo hay unidades especializadas de atención a víctimas de violencia de género de la Procuraduría, en el Distrito Nacional y 21 ciudades cabeceras de provincia. Es decir que hay diez provincias en las que no hay unidades especializadas. Para la experta donde no existen estas oficinas el reporte es todavía más deficiente.
Experiencias latinoamericanas
La violencia machista dominicana no es un caso aislado. La región que forman América Latina y El Caribe se encuentra entre las zonas del mundo con más casos de violencia contra las mujeres en proporción con si cantidad de habitantes, según Naciones Unidas.
“América Latina es el hogar de 14 de los 25 países con las tasas más altas de feminicidio en el mundo y un asombroso 98% de los homicidios relacionados con el género, no son procesados como tal, y muchas veces quedan en la impunidad”, se resalta en una nota de 2018 del portal de noticias de la ONU.
También en Latinoamérica se encuentran algunos de los países en los que más se ha analizado, medido y debatido el fenómeno, tanto desde los gobiernos y las universidades como desde organizaciones feministas y otros grupos de mujeres. De hecho, dos de las teóricas más importantes del feminicidio son latinoamericanas: la mexicana Marcela Lagarde y la argentina Rita Segato.
A pesar de toda la información y los análisis levantados, se desconocen muchos matices, porque la violencia machista puede tener algunas características y modos de operar distintos en cada subregión y en cada país en particular. De ahí la importancia de contar con buenos registros nacionales y por zonas de cada país para afinar las políticas y acciones que permitan reducir las muertes y la violencia en general.
En Bolivia, por ejemplo, se han registrado durante este siglo XXI, feminicidios vinculados a la actividad política de las mujeres, lo que, hasta donde se sabe, no se ha ocurrido, al menos no en las últimas décadas en la República Dominicana. La concejala Juana Quispe, asesinada en 2012 supuestamente por hombres que se negaban a tolerar que una mujer asumiera posiciones y cargos políticos, se ha convertido en un caso emblemático del feminicidio contra mujeres que asumen roles en la vida pública de comunidades conservadoras bolivianas. Su caso fue reseñado, entre otros grandes medios, por la cadena de origen alemán DW.
En Ciudad Juárez, de México, durante años las voces se han alzado contra la violación y el feminicidio sistemático de mujeres, cuyos cadáveres son encontrados en espacios públicos. La violencia se ha ensañado con feministas, asesinadas, aparentemente, por combatir la violencia de género. Uno de los últimos casos fue el de Isabel Cabanillas, cuyo cadáver fue encontrado en el centro de Juárez, según reportaron medios mexicanos y cadenas internacionales.
Por estas realidades tan diversas, en culturas que toleran la idea de que las mujeres son propiedad de los hombres, la clasificación práctica de los feminicidios y las acciones que se toman para frenarlos en cada país, dependen, en parte, de investigaciones que reflejen los tipos de violencia concretos a nivel local y las circunstancias en las que se producen, aunque hay un marco de referencia latinoamericano.
Costa Rica reconoce el feminicidio y el feminicidio ampliado. El feminicidio se refiere a la muerte de mujeres por parejas y exparejas, lo que equivaldría al feminicidio íntimo en la República Dominicana y el ampliado incluye, entre otros, aquellos que se producen en el ámbito púbico, por personas no cercanas a la víctima y los relacionados con la violación.
En el artículo 21 de su Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres de Costa Ricca se establece que: “Se le impondrá pena de prisión de veinte a treinta y cinco años a quien dé muerte a una mujer con la que mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no”.
La nación centroamericana tiene una tasa de feminicidios de 1.0 por cada 100 mil mujeres, la de la República Dominicana es de 1.9, una de las más altas de latinoamericana (entendida como el Caribe hispanoparlante y la mayoría de países ubicados en tierra continental de Latinoamérica). Chile y Colombia tienen una tasa de 0.5 feminicidios por cada 100 mil mujeres, de las más bajas de la región.
El Caribe
La violencia contra las mujeres es particularmente grave en algunos territorios del Caribe no hispanoparlante.
De este grupo, los cinco con las tasas más altas de feminicidios son, en orden descendente, Guyana (8.8), Santa Lucía (4.4), Trinidad y Tobago (3.4), Barbados (3.4) y Belice (2.6), de acuerdo a los datos disponibles en el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe.
De las Antillas hispanoparlantes, la República Dominicana presenta la tasa de feminicidios más alarmante. La tasa de feminicidios en Cuba es de 0.8 y la de Puerto Rico de 1.2.
No obstante, tal y como ocurre en la República Dominicana, en otros países de América Latina y el Caribe las cifras podrían ser aún mayores si se realizaran registros más exhaustivos o si se contabilizaran de forma distinta los feminicidios y homicidios de mujeres.
Convención busca erradicar violencia
La Repúbica Dominicana forma parte de la Convención de Belém do Pará que busca erradicar la violencia contra las mujeres.
En el marco del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) se ha creado la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Muerte Violenta de Mujeres y Niñas (Femicidio/Feminicidio). En el documento se sugiere introducir término feminicidio (o feminicidio en algunas naciones) en las legislaciones nacionales. La sugerencia va dirigida en especial a los países caribeños.
“Para el Comité, es claro que en la región del Caribe, los países han aprobado leyes sobre la prevención y sanción de la violencia en el ámbito doméstico y en algunos casos, también se han penalizado determinadas conductas de violencia contra las mujeres, especialmente las de carácter sexual. No obstante, aún no han incorporado la figura de femicidio/feminicidio como una conducta delictiva diferenciada del homicidio”, se explica en el documento.
Las expertas advierten también del no cumplimiento de normas y leyes ya aprobadas: “Los mecanismos internacionales de monitoreo de los derechos humanos destacan esta persistencia de brechas entre los derechos formales y el acceso efectivo a la justicia de las mujeres en toda la región, que quedan en evidencia con el incesante y creciente número de casos y las múltiples situaciones de impunidad”.
Feminicidio
El feminicidio, como crimen específico contra las mujeres, basado en su sexo y género, no se encuentra tipificado en el Código Penal”.
Código Penal
Diferentes grupos propusieron la tipificación del feminicidio en un proyecto de ley para actualizar el Código Penal”.
Registro
En 2019 mataron a 148 mujeres, según los datos de la Procuraduría General de la República.
Susi Pola
Se necesita un registro de datos que no sea solo del feminicidio, que trasciendan el feminicidio”.
