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Amnistía Internacional emitio una fuerte denuncia sobre el “racismo estructural” presente en la República Dominicana, refiriéndose a la discriminación sistemática que enfrentan grupos como migrantes haitianos, dominicanos de ascendencia haitiana y afrodescendientes.
La organización señalo que la situación se ve reflejada en políticas migratorias racistas, amenazas a defensores de derechos humanos y ataques a organizaciones civiles.
En respuesta, el presidente Luis Abinader ha calificado las afirmaciones de Amnistía Internacional como “absurdas”, alegando que en la República Dominicana existe una sociedad de raza mixta.
¿Qué es el Racismo Estructural?
El “racismo estructural” es un concepto que describe cómo la discriminación racial no solo se da en acciones individuales o explícitas, sino que está profundamente integrado en las instituciones y estructuras sociales, políticas y económicas.
Este tipo de racismo se manifiesta de forma sistemática a través de leyes, políticas públicas y prácticas que resultan en disparidades y desventajas para ciertos grupos raciales.
En el caso de la República Dominicana, Amnistía Internacional denuncia que este racismo se perpetúa a través de las políticas migratorias, la exclusión social de las comunidades afrodescendientes y la violencia contra los defensores de derechos humanos.
La respuesta del Presidente Luis Abinader
Ante las acusaciones de Amnistía Internacional, el presidente Luis Abinader respondió tajantemente, calificando las declaraciones de la organización como “absurdas”.
En el encuentro LA Semanal con la Prensa, Abinader defendió la postura de su gobierno, señalando que la República Dominicana es una sociedad “de raza mixta” y que las acusaciones de racismo estructural no tienen base.
Además, sugirió que Amnistía Internacional debería centrar sus esfuerzos en ayudar a pacificar Haití, en lugar de realizar denuncias sobre cuestiones internas de la República Dominicana.
Abinader también mencionó que las políticas migratorias del país están orientadas a la legalidad y la protección de los derechos humanos, y que el gobierno continuará actuando dentro del marco de la ley.
