Santo Domingo – Cada 23 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Lengua de Señas, un lenguaje inclusivo que en los últimos años ha tomado un papel importante en República Dominicana.
Existen aproximadamente 70 millones de personas sordas en todo el mundo, según la Federación Mundial de Sordos.
Hasta el 2013, el Centro Nacional de Discapacidad (CONADIS) registró a 97.735 personas con discapacidad auditiva. Siendo la región metropolitana con el mayor índice.
De acuerdo a los datos suministrados a elCaribe por la directora de Educación Especial del Minerd Lucía Vásquez, el país cuenta con 19 escuelas y 10 aulas específicas para personas con discapacidad auditiva.
De igual manera, existen 7 liceos con intérpretes en lengua de señas de niveles de secundaria y técnico profesional.
A pesar de esto, y de que el Estado dominicano hace uso de intérpretes de lengua de señas en sus trasmisiones, no existe hasta el momento una política oficial para la enseñanza de este sistema de comunicación en los planteles escolares y universidades.
“República Dominicana no ha reconocido la Lengua de Señas como la lengua natural de las personas sordas, por tanto, no puede enseñarse en las escuelas’’, indico Vásquez.
Otras de las razones se deben a que el país todavía no cuenta con un número significativo de profesionales que puedan asumir la enseñanza de esta lengua en los centros regulares.
El ausente reconocimiento que amerita la lengua de señas involucra a todo un conglomerado, que parte desde profesionales hasta el Poder Ejecutivo.
“La comunidad sorda ha sido olvidada, y dejada atrás. Si convertimos la lengua de señas como un idioma como es aprender inglés, italiano y francés va a ver la accesibilidad que necesitamos”, expresó Deyanira Guzmán, interprete de lengua de señas.
Por su parte, Vásquez entiende que a pesar de los procesos que vive esta comunidad, una se vez creen las condiciones formativas y el marco legal, se podrá pensar en la posibilidad de implementar la lengua de señas como materia.
´´Recordemos que las políticas emanan del Poder Ejecutivo, no de las instituciones´´, dijo.
Sin embargo, esta comunidad es expuesta a constantes flagelos y desafíos para adentrarse a una inclusión absoluta.
A pesar de tener leyes y convenciones por parte del Estado, faltan políticas para la implementación de sus defensorías, así lo señala la directora del Instituto de Ayuda al Sordo Santa Rosa, Juana Quinla.
A esto se suma la señal de auxilio que manifiesta la comunidad por la aprobación de la lengua de señas, y de oportunidades que solo son vistas como una minoría carente de derecho.
Esta comunidad merece y necesita ser educadas e informadas en su lengua.
Pero también requieren de una sociedad, un Estado y un sistema que se eduque no solo en concientizar sino en implementar su lenguaje, para ser una canal de facilitación en los proceso s de su adaptación y desarrollo.
