El pasado 7 de agosto el Poder Ejecutivo observó la Ley de Coprocesamiento y Gestión de Residuos Sólidos, despachada por el Congreso Nacional el día 29 de julio del 2020, al considerar que existen dos disposiciones transitorias que es necesario modificar.
De acuerdo al documento dirigido al entonces presidente de la Cámara Baja Radhamés Cámacho, la primera observación recae sobre el artículo 172 y señala que tiene una especie de privilegios a favor de determinadas personas o empresas por concepto de toneladas de residuos sólidos procesados.
Asimismo, la segunda observación al mismo artículo, pues dispone que los incentivos contemplados en el artículo 43 de la ley, les serás aplicados a las empresas o gestores ya establecidos con por lo menos los últimos tres períodos fiscales anteriores.
En la sesión del 19 de agosto, la primera de la segunda legislatura ordinaria del año, el pleno de la Cámara Baja envió a una comisión especial la ley observada, para conocer los puntos objetados.
Dicha comisión especial remitió a técnicos de la Oficina Técnica de Revisión Legislativa (OFITREL) la iniciativa para evaluar si correspondía aceptar las observaciones presidenciales.
En una reunión de trabajo encabezada por el presidente de la comisión especial, Máximo Castro Silverio, se destapó que la ley fue observada fuera de plazo, pues al ser declarada de urgencia, el Poder Ejecutivo solo disponía de cinco días para la objeción y lo hizo cuatro días después de vencer la fecha límite.
En los debates intervino el constitucionalista Cristóbal Rodríguez, así como Elpidio Bautista y Nelson Feliz, director y coordinador de OFITREL, respectivamente.
Los tres coincidieron en ello y argumentaron que de acuerdo al artículo 101 de la Carta Magna el Presidente de la República tiene cinco días de plazo para promulgar o vetar una ley que haya sido declarada de urgencia en una de las dos cámaras legislativas.
Rodríguez recomendó entonces al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, a publicar dicha ley.
La comisión decidió consultar otros expertos antes de rendir informe al hemiciclo.
El lunes pasado escuchó al abogado Olivo Rodríguez Huertas, quien coincidió que lo que procede es que la Cámara publique dicha ley.
Rodríguez Huertas explicó a la comisión que “mientras no haya un pronunciamiento interpretativo del Tribunal Constitucional, el legislativo tiene que respetar la literalidad de la Constitución”, expresó.
¿Cuál es la posición de la comisión especial?
La comisión especial se reunió ayer y luego de agotar un sin números de consultas y de discusiones a lo interno del órgano de estudio, decidió rendirán un informe al presidente de la Cámara Baja para que sea este que decida si somete a votación o publica la ley. “El informe no puede llevar recomendaciones que no sea la aplicación del artículo 101 de la Constitución de la República”, precisó Castro. La pelota está en la cancha de la Cámara.
