El Tribunal Constitucional dejó ayer en estado de fallo tres acciones directas de inconstitucionalidad, entre ellas una que busca se anule el decreto 262-20, donde se concedió la nacionalidad dominicana a 750 personas que fueron afectadas con la sentencia 168-13 del TC.
El decreto impugnado fue emitido el 16 de julio de 2020, por el entonces presidente Danilo Medina, a solo un mes de abandonar el Poder Ejecutivo.
Ayer mediante una audiencia pública virtual que celebró el Tribunal Constitucional, el Poder Ejecutivo solicitó que declare inadmisible la acción.
Los abogados Noel Sued y Pedro Montilla, en representación del presidente Luis Abinader Corona, plantearon que el objeto de la instancia escapa de la competencia del control concentrado de constitucionalidad, por lo que el recurso debe ser declarado inadmisible y en caso de que no sea acogido el medio de inadmisión, que se rechace, “por carecer de sustento constitucional, al no constatarse la alegada vulneración de las disposiciones constitucionales que se invoca”.
El decreto 262-20 fue impugnado por Ruddys Antonio Mejía Tineo, quien consideró que el acto presidencial viola los artículos 8,19,25, 39 y 40, numeral 15, de la Constitución, relacionado a la función del Estado, la naturalización, el régimen de extranjería, el derecho a la igualdad.
La norma fue emitida en virtud de la ley 169-14 estableció un régimen especial para las personas afectadas por la sentencia del Constitucional 168-13, que fijó el criterio para otorgar la nacionalidad dominicana. La ley 169-14 establece que los hijos de extranjeros nacidos en la República Dominicana, regularizados mediante el Plan de Regularización de Extranjeros, podrán optar por la naturalización al transcurrir 2 años de la obtención de una de las categorías
