El Ayuntamiento de Santo Domingo Este no posee información sistematizada de las áreas verdes de 182 (43 %) de sus 420 urbanizaciones, a juzgar por un inventario del Departamento de Planeamiento Urbano.
V íctor Darío Guerra, presidente de la Junta de Vecinos M-O Prado Oriental, urbanización de clase media en San Isidro, cuenta que no vive en el entorno verde que prometían los planos cuando compró su casa. Adquirió una propiedad en la zona en 1997, la vendió y volvió a comprar otra en el mismo sector en 2002.
“En la administración del señor Juancito (Juan de los Santos), el Ayuntamiento aprueba un plano donde nos elimina un área verde, nos parten a la mitad otra, se elimina un cul-de-sac y otra área verde. Antes teníamos nueve áreas verdes y ahora tenemos siete y media”, dice Guerra mientras muestra los dos planos que conserva como prueba de las luchas vecinales.
Su caso no es especial. Los conflictos por espacios considerados áreas verdes por vecinos o por el Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE) son comunes en este municipio. De acuerdo con el consultor jurídico del ASDE, Julio César Terrero, en este momento hay al menos cinco casos en los tribunales, entre los que se destacan el Caso María del Mar, en Los Frailes, y Villa Juana, en Los Tres Ojos. Estos conflictos se han extendido por alrededor de 20 años, sin que se llegue a una solución definitiva.
Mientras que el director de Planeamiento Urbano, Ysidro Romano, dice que en los dos años que tiene al frente del departamento, personas del sector privado han interpuesto al menos ocho recursos de amparo para impedir que se ejecuten órdenes de paralización de construcciones en zonas consideradas áreas verdes, con el argumento de que se viola su derecho a la propiedad. Romano explica que ese problema está generalizado en todo el país porque “las alcaldías no han hecho lo que debieron hacer”.
Causas del problema
“Los desarrolladores te traen un plano, van a Obras Públicas (Ministerio de Obras Públicas), pero el título queda a nombre del desarrollador. Pasan 15 o 20 años… el dueño del proyecto, como está ahí, lo vende, y como el que compra el solar lo ve vacío, y hay un título con validez constitucional, no hay remedio, es válido. Cuando viene aquí, que me pide el uso de suelo, ahí viene el lío. A mí me han hecho como ocho o diez demandas, me hacen amparo (presentan recurso de amparo), porque les niego el uso, porque tengo un documento que dice que es área verde”, dice el funcionario.
Parte del problema es la falta de control del propio Ayuntamiento sobre las áreas verdes del municipio, 18 años después de su creación. A partir de un inventario de áreas verdes solicitado a través de la Oficina de Libre Acceso a la Información (OLAI), se evidencia que la institución no posee información sistematizada sobre estos espacios públicos, lo que está relacionado con otro tema de fondo: las urbanizaciones construidas de forma irregular.
De 420 urbanizaciones identificadas en un inventario de áreas verdes del Departamento de Planeamiento Urbano, solo 134 (31.9%) se consideran formalmente aprobadas. En 96 de estas hay áreas verdes.
Según el documento, hay 104 (24.7%) urbanizaciones no aprobadas, pero de las que se tiene algún tipo de plano, ya sea de Mensura, del Ministerio de Obras Públicas y/o la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD). En 64 de ellas hay áreas verdes.
De las restantes 182 (43 %) urbanizaciones no hay ningún tipo de registro, ni planos en el ASDE. Sus áreas verdes no se encuentran inventariadas en el documento. En este grupo hay sectores construidos por empresas inmobiliarias, y zonas empobrecidas urbanizadas, en principio, por la propia población, como Tamarindo.
Tanto el consultor jurídico como el director de Planeamiento Urbano enfatizan que muchos de los problemas relacionados con áreas verdes fueron heredados del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Santo Domingo Este, como parte de la provincia Santo Domingo, se creó en 2001, mediante la ley 163-01, que restó espacio al Distrito Nacional para formar la nueva demarcación.
Luchas vecinales
En una carta enviada al actual alcalde, Alfredo Martínez, fechada el 3 de noviembre de 2016, la junta de vecino de Prado Oriental solicita una investigación sobre sus áreas verdes e institucionales, al notar que en un plano aprobado por el ayuntamiento en 2012 se eliminan áreas verdes que existían en el plano de 2002.
“(…) En el plano del proyecto Residencial Prado Oriental del 2002, esta área verde tenía 7,351.97 metros cuadrados. Pudimos comprobar que fue aprobado un plano nuevo del Proyecto Residencial Prado Oriental por el ASDE, en fecha 26-08-2012 en que aparecía reducida el área verde en cuestión. Fueron lotificados siete solares, reduciendo la superficie de esa área verde a un 50 % aproximadamente, sin que la comunidad reciba alguna información”, dice la comunicación de la que conservan copia los vecinos.
En la misiva también se informa que hay regidores (no identifican cuáles) y otros particulares “interviniendo” en sus espacios públicos. En otra carta convocan a una reunión entre representantes del Ayuntamiento, la empresa constructora y una familia que reclama parte de los terrenos. La reunión se realizó, aunque no solucionó el conflicto, cuenta Guerra.
Luego de años de lucha, “mucha bulla” y la ventaja de tener al regidor Leo Calderón del Frente Amplio entre sus vecinos, y por tanto una voz en la Sala Capitular, lograron que el Ayuntamiento colocara un letrero en una de las áreas verdes que reclaman.
Considera que el gesto es una victoria, pero el terreno es un espacio descuidado que gente de la comunidad limpia o paga para limpiar, y donde no ha habido una intervención sistemática de las autoridades municipales. Además, en uno de los solares que consideran parte de sus áreas verdes ya hay edificaciones.
Calderón confirma que ha denunciado tanto la situación tanto de las áreas verdes de su sector como de otros, en el ayuntamiento y en medios locales del municipio. “En Prado Oriental hay varias áreas verdes que fueron mutiladas. A raíz de que nosotros hicimos una denuncia, en una sesión se destapó una olla de grillos porque de una vez salió a relucir que las áreas verdes estaban siendo mutiladas, estaban siendo enajenadas por particulares. Se rumoraban muchísimas cosas de personas que habían caído en indelicadezas con las áreas verdes”, dice el regidor.
Los vecinos de Prados Oriental MO conservan un acto donación de área verde en el que se identifica a la empresa AP Desarrollo Inmobiliario como representante de la urbanización. Se localizó la empresa, se habló con un representante de esta y se le mandó un correo electrónico con varias preguntas para que ofrecieran su versión de los hechos. No hubo respuesta.
Incumplimientos e impunidad
El abogado experto en temas municipales, Richard Gómez, explica que es ilegal modificar los planos después de que son aprobados por el Ayuntamiento, y que si se construye en estas de forma irregular debe haber sanción.
“O se demuele la casa o se desafecta el bien y se le vende a la persona, pero no puede quedarse con el área verde sin tener que pagar o demoler lo que se ha hecho. Lo que pasa es que hay una especie de anomia social y las cosas se dejan así”, enfatiza.
Además de la corrupción y los intereses privados, las áreas verdes se pierden por el desconocimiento de funcionarios municipales, vecinos, abogados e incluso jueces, ya que en las universidades no se enseña derecho municipal, plantea Gómez, quien es consultor de la Liga Municipal Dominicana.
“Si somos diez abogados que manejamos el derecho municipal somos muchos, no creo que haya más. El derecho municipal no es el derecho común. Llevan mal los procesos, los jueces no los entienden, y esos casos hay que enseñárselos a los jueces como a los muchachitos para que ellos puedan entenderlos”, asegura.
Entre tanto, hay áreas verdes en riesgo y otras que se pierden.
“El tema de las áreas verdes es peligroso, porque cada vez hay menos y esos son pequeños pulmones que se dejan ahí para que los hijos nuestros y nuestros nietos, en un momento determinado, puedan disfrutar. Es un problema de Santo Domingo Este, muy arraigado, y que de alguna manera vamos a tener que detenerlo, pero es por las vías correspondientes”, señala Gómez.
El problema es que las vías correspondientes pueden ser interminables. Guerra, junto a otros vecinos, ha enviado, en el transcurso de los años, unos once actos de alguacil a instituciones públicas y privadas para solicitar información, incluyendo al Ayuntamiento de Santo Domingo Este, el Ministerio de Medio Ambiente y el Tribunal Superior de Tierras. Se queja de que las respuestas son incompletas o evasivas.
¿Qué deben hacer los vecinos si consideran que alguien se quiere robar su área verde?
1. Acudir al Ayuntamiento correspondiente y solicitar los planos donde se indique que la zona es (o no) área verde. En ocasiones, los vecinos pueden equivocarse y se han confundido calles no realizadas en planos o incluso terreno del Estado no destinado a temas municipales, con áreas verdes o institucionales. En ayuntamientos de municipios grandes, como Santo Domingo Este, estos planos suelen estar en Planeamiento Urbano.
2. Si el Ayuntamiento se niega a entregar los planos, pueden acudir a la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública, con un acto de alguacil si fuera necesario.
3. Si las autoridades insisten en negar información, o si se verifica en los planos que el terreno es área verde y, aun así, las autoridades se niegan a cumplir con su deber, es posible acudir a un tribunal e interponer un “amparo de cumplimiento”. Este recurso obliga a los funcionarios a hacer su trabajo.
Leyes irrespetadas
Entre las leyes que norman la aprobación de urbanizaciones (y sus áreas verdes) se encuenntran:
• Ley la 675 de 1944.
• Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.
• Ley No. 6232 de Planificación Urbana
Además, la Resolución 180/95 del Ayuntamiento del Distrito Nacional establece que se debe dejar el 8% del terreno para áreas verdes en urbanizaciones que tengan más de 20,000 metros cuadrados. Esta fue tomada de referencia por el ASDE, al igual que por otros municipios para crear sus normas, dice Ysidro Romano, director de Planeamiento Urbano.
El abogado Richard Gómez sugiere que para mejorar el cumplimiento de estas leyes, debe incluirse una modificación que impida expedir certificados de títulos a las urbanizaciones sin que el ayuntamiento emita su carta final de que se todo se ha ejecutado según los planos.
Gómez piensa que esta es la “única forma de detener esto, este salvajismo de ambiciones desmedidas de los ingenieros y de los desarrollistas, es así: como violaste los planos, no tienes título, y si no tienes título, tienes una mole ahí que no sirve para nada”.
