El Poder Judicial y la Sociedad Dominicana de Diarios iniciaron, ayer, un proceso de diálogo para socializar las iniciativas que la institución está llevando a cabo en materia de comunicación y transparencia.
En esta primera reunión se acordó que en próximos encuentros se compartirán con los profesionales de la comunicación varias iniciativas de este poder del Estado como la Política de Protección de Datos, la Política de Comunicación y la propuesta de Política de Datos Abiertos.
A finales del mes de noviembre, la Sociedad de Diarios manifestó su preocupación y rechazo ante esa Política de Protección de Datos. Participación Ciudadana, abogados y otras entidades también se expresaron en ese sentido.
Se acordó que esos documentos serán analizados por una comisión en la que participará el magistrado Francisco Ortega Polanco, miembro de la Suprema Corte de Justicia y presidente de la Comisión de Comunicación e Imagen Institucional del Poder Judicial, así como representantes de la Sociedad Dominicana de Diarios. El propósito es identificar recomendaciones de mejora que puedan ser consideradas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia.
Además, se propiciará la creación de un Observatorio para supervisar la implementación de la Política de Protección de Datos del Poder Judicial.
Ese Observatorio velará por que no se produzcan distorsiones en su ejecución y garantizará que la política responda a los preceptos jurídicos que le dieron origen.
En el encuentro, el presidente de la Suprema Corte de Justicia sostuvo que la libertad de prensa y el derecho a la privacidad son pilares fundamentales de una sociedad democrática.
“Desde el Poder Judicial seguiremos garantizando y protegiendo estos derechos de manera imparcial y equilibrada. La política de protección de datos es un instrumento para ello. El objetivo final no es otro que proteger la dignidad, la privacidad y los derechos fundamentales de todas las personas”, aseguró.
El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), Persio Maldonado, expresó: “Estamos de acuerdo en que se debe establecer una Política de Protección de Datos sensibles de los ciudadanos, especialmente en esta época en la que las informaciones personales son más vulnerables. Sin embargo, también es fundamental garantizar que las medidas adoptadas coexistan con la libertad de expresión y de prensa, que es un derecho fundamental y la herramienta que utilizamos para defender los demás derechos”.
Marzo fecha límite
Durante el encuentro se acordó el mes de marzo del año 2025 como fecha límite para presentar ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia los resultados de este proceso de diálogo.
En el encuentro, celebrado en el despacho del presidente de la Suprema Corte de Justicia, estuvieron presentes el magistrado Francisco Ortega; el coordinador general de Comunicaciones y Asuntos Públicos del Poder Judicial, Javier Cabreja y el secretario general de la Suprema Corte de Justicia, César García Lucas. Por parte de la Sociedad Dominicana de Diarios asistieron, su presidente, Persio Maldonado, director de El Nuevo Diario; Miguel Franjul, director de Listín Diario; Aníbal de Castro, presidente del Grupo Diario Libre; José P. Monegro, director de El Día; Nelson Rodríguez, director de El Caribe; y Manuel Ramón Tapia, director jurídico de la Sociedad de Diarios.
Sobre la política de datos y las reacciones
La Sociedad de Diarios estableció su oposición, categórica, a las intenciones de restringir el acceso de la prensa a información pública y reafirmó su compromiso de luchar para que esta política sea revocada en su totalidad.
“Fomenta la opacidad judicial al conceder un poder excesivo de discrecionalidad para ocultar datos esenciales para la transparencia y el ejercicio de las libertades públicas, dificultando el acceso a fuentes públicas y privadas de interés colectivo”, refiere la Sociedad de Diarios.
Manifestó, además, que la iniciativa pretende legislar de manera unilateral, por lo que contraviene preceptos constitucionales y legales que garantizan el derecho de los ciudadanos al acceso a información sobre procesos judiciales.
Henry Molina, presidente de la Suprema, defendió la política de protección de datos expresando que es una autorregulación para el Poder Judicial y se ha realizado de conformidad con nuestra Constitución, la ley de Protección Integral de los Datos Personales y otras disposiciones. Tiene como regla general la disociación o anonimización de cualquier dato o información que haga identificable a imputados, víctimas, testigos o auxiliares de la justicia.
