La semana pasada planteamos que una de las implicaciones de la subestimación del consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas (en adelante, alimentos) en la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares realizada por el Banco Central (BC) en el 2018 (ENGIH 2018) es que, al asignar una ponderación del grupo de alimentos en el gasto total inferior a la real, distorsiona el cálculo de la inflación. Si por alguna razón la inflación correspondiente a los alimentos está por encima de la del resto de los bienes y servicios, el IPC del BC subestima la inflación; si la primera está por debajo de la segunda, la sobreestima. La semana pasada pudimos observar que la ENGIH 2018 subestima el consumo de los alimentos de una manera preocupante. En ningún país del mundo el gasto (en moneda local a precios corrientes) en compra de alimentos del hogar promedio del quintil de ingresos más altos (Q5) es inferior al gasto del promedio de los restantes cuatro quintiles de menores ingresos (Q1-Q4). Eso solo puede ser explicado por la ausencia de una supervisión efectiva y un deficiente protocolo de verificación de los resultados obtenidos en el trabajo de campo. Es posible que la prisa en dar resultados haya llevado al BC a publicar resultados inconsistentes e imposibles de explicar en el terreno de la sensatez y la racionalidad.
Lo más preocupante es que este resultado extraño fue dado a conocer a pesar de que en la ENGIH 2018, por primera vez, el BC tomó la decisión acertada de incorporar un bloque innovador de preguntas para acercar el “consumo adquirido” al “consumo efectivo”. Para ello preguntó a 8,881 hogares que accedieron a responder la encuesta, sobre el inventario de alimentos que tenían en la despensa y el refrigerador en el primer día de la encuesta y el que tenían en el último día de la encuesta, con lo cual se dispondría de una medición más apropiada del “consumo efectivo”. Cuando solo se mide el “consumo adquirido”, es probable que el hogar no reporte gastos en la semana de referencia, debido a que los alimentos que prepararon y consumieron los miembros del hogar durante los 7 días que dura la entrevista los tomaron de su despensa y refrigerador. Mientras el “consumo adquirido” es comúnmente utilizado para los estudios que sirven de base para elaborar los índices de precios al consumidor, el “consumo efectivo” es el más adecuado para las investigaciones relativas a la ingesta nutricional de las familias y la identificación del estrato de referencia que sustenta la construcción de la canasta básica alimentaria (CBA), que a su vez se utiliza para determinar el valor monetario de las líneas de pobreza. Sobre esto volveremos más adelante.
Al observar los bajos niveles del consumo de alimentos que reporta la ENGIH 2018, no parece descabellado pensar que las informaciones recabadas por los encuestadores del BC sobre el “consumo efectivo” derivado del agotamiento del inventario de alimentos en la despensa y el refrigerador, por alguna razón, fueron engavetadas o descartadas. Esta decisión, lamentablemente, además de generar una subestimación de la inflación en los años en que la variación porcentual de los precios de los alimentos ha sido mayor que la del resto de los bienes y servicios que conforman la canasta utilizada para calcular el IPC, tiene otras repercusiones más serias y costosas para el Estado dominicano.
No tenemos la menor duda de que la ENIGH 2018 del BC ha subestimado en una magnitud considerable el consumo de los hogares dominicanos potencialmente medibles a través de una encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares. Si echamos un vistazo a la región y calculamos el gasto anual de consumo privado de los hogares que emanan de las encuestas nacionales de gastos e ingresos de los hogares y lo comparamos con el gasto de consumo privado de los hogares que reportan las Cuentas Nacionales, observamos que, en el caso de Panamá, el gasto de consumo privado anual de los hogares que reporta su última encuesta equivale al 73.2% del gasto total del consumo privado de los hogares plasmado en las Cuentas Nacionales para ese período. En el caso del Perú y El Salvador representó el 62.6% y 53.7%, respectivamente. En Chile, Costa Rica, Colombia, Guatemala y México, osciló entre 45.9% y 42.6%. En el caso de estos últimos cinco países, promedió un 44.4%. El estimado de la ENIGH 2018 del BC indica que el consumo total anual de los hogares durante el 2018 apenas representó el 39.5% del gasto de consumo privado final que reportan las Cuentas Nacionales de ese año. Aunque algunos podrían argumentar que esto se debe a que este último está sobreestimado, nosotros pensamos que el problema reside en que la ENGIH 2018 del BC reporta una seria subestimación del nivel de consumo de los hogares dominicanos.
Este no es un resultado que debe ser tomado a la ligera, pues tiene repercusiones muy serias sobre la magnitud de la intervención del Estado en su estrategia de alivio o mitigación de la pobreza. Si el consumo de alimentos está subestimado en la ENGIH 2018, entonces la ingesta de nutrientes por persona está subestimada. En consecuencia, al subestimar la ingesta de nutrientes, estamos catalogando como indigentes (pobreza extrema) o pobres a hogares con ingesta de nutrientes por encima del nivel utilizado para definir el hogar en situación de pobreza extrema que, de acuerdo con la FAO, se ubica en torno a las 2,200 kilocalorías y entre 45 y 50 gramos de proteína de alta calidad biológica por persona al día. En otras palabras, si la ENGIH 2018 subestima el consumo de alimentos de los hogares, sobreestima el número de hogares viviendo en pobreza y extrema pobreza.
¿Importa esto? Claro que sí. Según el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), la pobreza en el tercer trimestre de 2023 alcanzó al 24.4% de los hogares. En otras palabras, teníamos 818,773 hogares viviendo por debajo de la línea de pobreza. Lamentablemente, ese estimado del 24.4% se obtiene de una mezcla de dos encuestas defectuosas, una que subestima los ingresos de las familias (Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo) y otra que subestima el gasto de los hogares (ENIGH 2018). Olvidémonos de la primera. Si la segunda subestima el gasto de consumo de alimentos y de los demás bienes y servicios que conforman la canasta básica, entonces la pobreza es inferior al 24.4% estimado por el MEPyD. Sucede, sin embargo, que en la región y en el resto del mundo, los datos de pobreza son utilizados para estructurar el alcance de los subsidios focalizados dirigidos a los hogares que viven en la extrema pobreza y en algunos países, en la pobreza. Si la subestimación del consumo de alimentos fuese corregida, es posible que en lugar de 24.4%, la pobreza en el país no sobrepasaría del 20% los hogares, es decir, unos 670,000 hogares.
Si la pobreza afecta realmente a 670,000 hogares, ¿cómo puede justificarse, por ejemplo, que en el país tengamos 1,510,432 hogares (45% del total de hogares) beneficiarios del Programa Aliméntate que otorga RD$1,650 mensuales por hogar? ¿Cómo puede justificarse beneficiar a 1,320,000 hogares con el Bono Gas Hogar que asigna mensualmente RD$470.00 por hogar? Aliméntate, Bono Gas Hogar y el Bono Luz consumieron más de RD$42,000 millones en el 2023. Estamos definitivamente frente a un caso indefendible de lo que se conoce como Error de Tipo II o Error de Inclusión en el diseño de los subsidios focalizados. Es evidente que estamos incluyendo como beneficiarios a hogares que no reúnen las condiciones requeridas para justificar dicho subsidio. Esto es mucho más grave si se tiene en cuenta que una parte de estos subsidios focalizados está siendo financiada a través de endeudamiento público interno o externo, deuda que tendrá que ser pagada en el futuro por las presentes y futuras generaciones con mayores impuestos. Debemos evitar que el Gobierno dominicano sea tildado de aliado del populismo macroeconómico pues eso solo serviría para colocar piedras y barreras en el camino de la aprobación de una futura reforma fiscal.
El BC debe sincerarse con el MEPyD y notificarle que la ENIGH 2018, en su estado actual, no constituye una plataforma confiable para sustentar una política de subsidios sociales pues, sin lugar a discusión, la misma subestima de manera considerable el gasto de consumo de los hogares. Al mismo tiempo, el BC debe publicar los resultados de los datos recabados sobre el “consumo efectivo” que surgieron de la dinámica del “inventario de alimentos”, los cuales contribuirían al afinamiento de la política de intervención estatal para el alivio de la pobreza. El BC debe poner a disposición de los usuarios la base de datos con la información que permita cuantificar el porcentaje del consumo de alimentos que se obtiene de los productos almacenados en la despensa y en el refrigerador de los hogares. No es sano que esa omisión o silencio termine llevando al Estado dominicano a gastar miles de millones de pesos adicionales en subsidios sociales por encima de lo que realmente podrían justificarse.
