El desarrollo y el bienestar general no suceden al azar o de forma automática. Requiere de esfuerzos públicos deliberados y de inversiones inteligentes y suficientes en infraestructuras y servicios críticos.
En la mira de esos esfuerzos deben estar dos objetivos. El primero es proveer servicios esenciales de calidad para la población. El segundo es estimular el crecimiento y modernización continua de las empresas y la productividad de las personas para que se creen más y mejores empleos. Ambos objetivos contribuyen de forma decidida a reducir la pobreza y ampliar las oportunidades, en especial para los más vulnerables.
Se trata de dos objetivos simultáneos e interdependientes, porque mejores servicios públicos contribuyen a que las empresas y personas se vuelvan más productivas. A su vez, la capacidad del Estado de proveer los servicios depende del estado de la economía y de la generación de ingresos y, consecuentemente, de la calidad y productividad de las empresas y de las personas.
Sin embargo, para acelerar el tránsito hacia un nivel de bienestar mayor hay que invertir más y mejor. No hay atajos ni magias posibles. Se deben fortalecer las condiciones que garantizan una mejoría continua en la calidad de la inversión pública. Al mismo tiempo, hay que movilizar más recursos públicos para destinarlos a ampliar y mejorar las infraestructuras y servicios públicos fundamentales y de alto impacto.
En el contexto actual de la República Dominicana esto solo es posible de dos maneras. La primera es reorientar los recursos públicos desde actividades e inversiones menos productivas a otras más productivas y de alto impacto económico y social. Este esfuerzo de mejorar la calidad del gasto público debe ser sistemático y continuo.
La segunda es incrementar los recursos disponibles por parte del Estado a través de una reforma tributaria como la que nos abocaremos en breve, y de acciones continuas y sistemáticas para mejorar la administración tributaria y reducir el incumplimiento impositivo.
Aunque todavía queda por definir los montos precisos y las formas concretas que va a adoptar la reforma tributaria, las prioridades de inversión deberán girar alrededor de los siguientes objetivos.
Elevar los niveles de salud de la población, a través de la implementación efectiva de la estrategia de atención primaria. Para eso es necesario impulsar el primer nivel de atención en salud para mejorar los servicios, hacerlos más expeditos y reducir la carga económica de los hogares frente a la enfermedad.
Esto se logra al fortalecer las redes integrales de servicios de salud, invertir para multiplicar las unidades de atención primaria y mejorar la articulación de los diferentes niveles de atención, orientada a satisfacer las necesidades de la población. Esto implica construir o remodelar y equipar las unidades y reubicar y contratar más personal médico y de mayor capacitación.
Se trataría de una inversión con un gran poder redistributivo a favor de los segmentos más pobres, los cuales verían reducir su gasto de bolsillo, los tiempos de espera por servicios y el ausentismo laboral y escolar. Además, desplegar el primer nivel de atención haría mucho más eficiente el sistema de salud al descongestionar los servicios de segundo y tercer nivel, los cuales son mucho más costosos. Este esfuerzo debe ser complementado con una reforma de la seguridad social para asegurar financiamiento adecuado para el primer nivel de atención en el régimen contributivo.
Fortalecer y modernizar la seguridad pública. Aunque en años recientes algunos de los indicadores han mejorado, la situación de la seguridad pública preocupa y la percepción de inseguridad sigue siendo alta. Eso afecta negativamente la calidad de vida y acrecienta los costos porque obliga a hogares y empresas a procurar bienes y servicios complementarios. Si bien hay que atacar las causas estructurales de la inseguridad, en lo inmediato, los servicios de seguridad deben mejorar y eso requiere mayores inversiones.
La mejoría notable en las remuneraciones de los agentes ha sido un avance importante. Sin embargo, además de eso hay que hacer cuatro cosas. Primero, hay que hacer mayores esfuerzos por incrementar el número de agentes disponibles, el cual está muy por debajo de los estándares mínimos para lograr una cobertura efectiva del territorio. Segundo, hay que profundizar el esfuerzo que se está haciendo por fortalecer sus capacidades y su formación para proveer servicios de calidad. Esto supone tiempos más largos en la academia y programas más efectivos. Tercero, hay que seguir mejorando el equipamiento, lo que incluye vehículos y dispositivos tecnológicos. Cuarto, hay que fortalecer las capacidades de investigación y procesamiento de evidencias para incrementar las probabilidades de llevar a buen término los casos en el sistema de justicia.
Invertir en movilidad urbana sostenible. Para nadie es un secreto que transportarse en Santo Domingo y Santiago, incluso en algunas ciudades intermedias, es frustrante por el tiempo invertido, el gasto en que se incurre y el riesgo que se corre. Estamos pagando un enorme precio por no haber planificado, construido y operado sistemas de transporte colectivo eficientes de forma oportuna y con cobertura significativa. Al coste en tiempo y dinero, súmele el ruido y el costo de las emisiones de carbono que contaminan el aire que respiramos, calienta el planeta y nos ha conducido a la crisis climática que vivimos.
Además de procurar descentralizar servicios y actividades económicas, estamos obligados a construir sistemas de transporte urbano eficientes y bajos en emisiones. Y tenemos que hacerlo planificando en base a la demanda actual y a la futura, incorporando las variables del crecimiento urbano. Sin dudas que el costo de dotarnos de sistemas modernos de este tipo es muy alto, pero la alternativa de no hacer nada es peor. El llamado Tren Metropolitano de Santo Domingo es una apuesta inmediata en esa dirección. Esta iniciativa no se limita al tren, sino que se trata de desarrollar un sistema integrado de transporte que incorpore las líneas del metro, los teleféricos, corredores de autobuses y rutas alimentadoras. En Santiago, luego de terminada la fase actual del monorriel, habrá que seguir expandiendo el sistema.
Ampliar y mejorar los sistemas de agua potable y saneamiento. Huelga hablar del impacto de esto en la calidad de vida, empezando por la salud, tanto por las implicaciones de contar con agua potable corriente dentro del hogar, como por las que tiene el disponer y tratar adecuadamente las aguas servidas para evitar que contaminen los entornos y los acuíferos.
Sin embargo, tener servicios efectivos de agua y saneamiento y con amplia cobertura cuesta mucho dinero. Esa ha sido una de las prioridades de inversión más importantes de este gobierno, pero se requiere multiplicarlas para cerrar de forma más acelerada las brechas de servicios, las cuales afectan especialmente a las comunidades más pobres. Todavía cerca de la mitad de la población no tiene servicios de agua de la red pública dentro de la vivienda y cerca del 10 % no tiene acceso del todo.
Para poner solo algunos ejemplos, hay que seguir invirtiendo para expandir y mejorar los acueductos como los de Santo Domingo Este, Villa Altagracia, Haina, Navarrete, Moca, Gaspar Hernández, Jarabacoa, Oviedo y los del Acueducto Regional del Suroeste (ASURO). También hay que seguir construyendo y financiando la expansión de los alcantarillados sanitarios de Licey, Mao, Boca Chica, Jarabacoa, San Pedro de Macorís, Juan Dolio, La Romana e Higüey.
Más infraestructura vial. Las carreteras, calles y caminos impulsan la productividad y la competitividad al reducir los tiempos y costos de movilizar personas y mercancías, y conectan a las comunidades mientras expanden los mercados y mejoran el acceso a servicios.
Aunque a lo largo de las últimas décadas el país ha hecho esfuerzos importantes por expandir y mejorar su infraestructura vial, sabemos que queda mucho por hacer. La carretera San Pedro-Miches y el mejoramiento de la infraestructura vial de El Seibo son piezas indispensables para el desarrollo de esa provincia. También hay que terminar el mejoramiento y ampliación de la carretera que comunica a Pedernales con Barahona. De igual forma, hay que continuar el esfuerzo de ampliación de la autopista Juan Pablo Duarte y hay que avanzar en la construcción de la circunvalación de Navarrete. Eventualmente, hay que poner sobre la mesa la circunvalación de Barahona y hay una significativa cantidad de carreteras secundarias y de puentes que necesitan ser mejorados o reconstruidos.
Más recursos y responsabilidades para los gobiernos locales. Es ampliamente conocida la precariedad en la que operan los gobiernos locales en el país. Las transferencias del Gobierno central son bajísimas y tienen muy poca capacidad para generar ingresos propios y para ordenar el territorio en el marco de la nueva Ley 368-22, de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos. El resultado ha sido una grave incapacidad para cumplir sus roles normativos y proveer servicios municipales e infraestructuras locales indispensables para el bienestar.
Hay que incrementar los presupuestos municipales y fortalecer las capacidades de los ayuntamientos de gastar bien al tiempo que se les somete a una robusta fiscalización social. Debemos poner más recursos a nivel local, en los servicios e infraestructuras más cercanos a las personas.
Estas seis no agotan el listado de áreas que ameritan una mayor inversión y esfuerzos públicos en términos de recursos, pero deberán estar entre las de mayor prioridad a fin de satisfacer demandas de la gente y apoyar de forma más decidida la transformación y modernización productiva.
