Se ha pasado por alto la entrega de armas que hizo el gobierno de Venezuela a los empleados de 31 empresas estatales. Una política que, hasta el momento, solo había incluido a civiles llamados “colectivos” que son la principal herramienta paramilitar para frenar a la disidencia a cambio de alimentos subsidiados, gas doméstico y gasolina. Ahora el régimen entrega fusiles a empleados públicos y a movimientos de agricultores, como estrategia represiva para prevenir levantamientos sociales y consolidar el control político. Por supuesto que esto aumenta el terror social porque estos grupos actúan como “caliés” y ninguna familia quiere ser señalada, perseguida ni sometida a vejámenes.