Con Martínez Pozo y creo que el presidente Abinader debe llamarlo y escucharlo sobre el “acuerdo de indulgencia” firmado sin que a los colaboradores se les juzgue y para colmo el Estado se hace garante solidario a favor de ellos para que una parte del dinero que van a devolver lo hagan con garantía de obras al Estado. Eso hay que revisarlo porque esa gente ha cometido varios tipos penales. Además, prestar atención a que una abogada que en principio fue apoderada de los delatores, pasó a ser la representante de una empresa señalada por desfalco y luego formó parte de la comisión de abogados que redactaron los acuerdos, al beneficiar así a sus clientes, esa puerta giratoria traerá consecuencias.