Introducción. La sociedad dominicana aspira contar con un órgano rector de transparencia y prevención de la corrupción instituido por una ley orgánica, el presidente Abinader puede someter una iniciativa legislativa que transforme la Dirección General de Ética (DIGEIG) en el Consejo Dominicano de Transparencia y Prevención de la Corrupción, le otorgue autonomía funcional, administrativa y financiera, de manera que todas las entidades y organismos del Estado, sean monitoreadas y reguladas con criterio de oportunidad y efectividad en cuanto al acceso a las informaciones, el respeto a los procedimientos administrativos y la rendición de cuentas, de modo que los recursos públicos sean administrados apegado a la ética y la eficacia.
Huelga reiterar que, en la antigua Grecia los filósofos Platón y Tácito consideraban que el conocimiento de las informaciones del Estado estaban reservadas para la clase gobernante y los intelectuales, secretismo que de acuerdo a su visión le permitía a los gobernantes mantener el poder sobre los gobernados. Sin embargo, en contraposición Aristóteles describe el ocultamiento de la información como acciones destinadas a engañar al pueblo y simular la existencia de democracia, cuando en realidad prevalece el autoritarismo y la concentración de poder que por lo regular puede devenir en corrupción administrativa.
Por su lado el filósofo hispanoromano Séneca enfatizó sobre la aplicación de la ética en la vida cotidiana y alejarse de los vicios de la corrupción, en especial en la administración del Estado, de ahí que sostuvo “Lo que las leyes no prohíben puede prohibirlo la honestidad”
Existe una relación directa entre la transparencia y el derecho de los ciudadanos a conocer de la administración de los asuntos públicos por parte de las autoridades electas y/o designadas, o bien solicitar a estas rendir cuentas.
La corrupción administrativa es un terrible cáncer que destruye los cimientos de toda sociedad, impide el desarrollo humano sostenible y desagrada la dignidad del ser humano, resultado de la carencia de un efectivo sistema de consecuencias, la República Dominicana en pleno siglo XXI no ha superado problemas básicos de toda sociedad organizada, como la energía eléctrica, salud, transporte, educación, vivienda, entre otros.
Al conmemorarse hoy el día internacional de la lucha contra la corrupción, exhortamos al presidente Abinader, someter al Congreso Nacional una iniciativa de ley orgánica que fortalezca la DIGEIG en una entidad autónoma para regular la ética, transparencia, lucha contra la corrupción y acceso a la información pública, de manera que sus decisiones y disposiciones apliquen de manera obligatoria para todos los poderes y órganos del Estado.
