Necesitamos crecer más y mejor para generar más bienestar y sostenibilidad. Para esto, tenemos que superar tres desafíos. Primero, que el crecimiento cree empleos de calidad. Segundo, que la forma en que producimos y consumimos contamine y dañe menos el medioambiente. Tercero, conseguir un sistema de protección social robusto (y con suficientes recursos) que permita avanzar hacia mayores niveles de equidad y mayores posibilidades de que la gente pueda ejercer sus derechos a una vida digna. De eso se trata la meta de alcanzar el desarrollo pleno.
A su vez, para eso hay que crear tres tipos de condiciones que propongo en este artículo: condiciones estructurales, macroeconómicas e institucionales. Las reformas a las que el país se aboca, así como los esfuerzos de políticas tienen que enfilarse en esa dirección.
Condiciones estructurales
Las condiciones estructurales son aquellas que posibilitan que la expansión y la modernización continuas de las empresas sean posibles, así como el crecimiento de su productividad y competitividad. Ese es un requisito indispensable para que se creen suficientes empleos de calidad, un componente clave del bienestar.
Entre esas condiciones, hay al menos tres que merecen ser destacadas. La primera es una población en edad de trabajar con suficientes capacidades y habilidades para el trabajo, el aprendizaje y la innovación, porque es en las personas en las que reside la productividad y la capacidad de hacer las cosas cada vez mejor y de hacer mejores cosas. En la República Dominicana, eso depende de que logremos continuar transformando el sistema educativo a todos los niveles y con miras a alcanzar logros inmediatos y a mediano y largo plazos.
En lo inmediato, estamos obligados a mover la educación secundaria y técnica para formar jóvenes capaces de adquirir habilidades para los trabajos que están siendo más demandados y en los que queremos tener más capacidades para atraer inversiones de mayor calidad y contenidos tecnológicos vinculados a la formación en tecnologías.
Hacia esto se dirigen los esfuerzos del INFOTEP con sus programas de formación técnica y del MINERD con la transición hacia los liceos tecnológicos. En ambos casos, debemos reforzar la marcha.
A mediano plazo, el sistema universitario está obligado a transitar hacia el fortalecimiento de las carreras y programas STEAM, por sus siglas en inglés, vinculados a ciencias, tecnologías, ingenierías, artes y matemáticas. Es necesario redireccionar todos los estímulos como capacitación de docentes, becas, inversiones, esfuerzos para mejorar y ampliar programas académicos e intercambios internacionales hacia ese objetivo.
A largo plazo, hay que continuar reformando la educación básica. Todos sabemos que la clave está en la formación docente y las capacidades de aprendizaje. En esto, el esfuerzo fundamental del MINERD es el programa CON BASE (Construyendo la Base de los Aprendizajes), puesto en marcha en noviembre de 2022, con el objetivo de “mejorar el proceso pedagógico de los tres primeros grados de primaria para garantizar una buena alfabetización inicial, promoviendo el aprendizaje de calidad en la lectura, la escritura y la matemática antes de los ocho años, como base y para seguir aprendiendo a lo largo de la vida”.
La segunda condición es una infraestructura vial y portuaria densa y calidad. La conectividad nacional e internacional son críticas para reducir los costos del comercio y el transporte doméstico e internacional. Esto permite elevar los volúmenes de producción, aprovechar las economías de escala, reducir los costos de colocar en los mercados y ganar competitividad en los niveles nacional y global.
Aunque las alianzas público-privadas pueden ayudar a facilitar financiamientos privados de infraestructuras públicas, el financiamiento público continuará siendo clave para alcanzar el objetivo de lograr más y mejores infraestructuras viales y portuarias. Por ésto, es necesario que el gobierno cuente con suficientes recursos para construir las infraestructuras necesarias. La reforma fiscal es vital para lograrlo.
La tercera condición para acelerar el desarrollo productivo y la creación de empleos de calidad es la disponibilidad de agua y de energía, lo cual es también indispensable para mejorar la calidad de vida en los hogares. Es crítico contar con infraestructuras de servicios sostenibles y resilientes frente a shocks climáticos.
De allí que sea imperiosa la reforma del sector agua bajo la sombrilla de una ley general como la que está proponiendo el gobierno que contribuya a una gestión eficaz, eficiente y ambientalmente sostenible de los recursos hídricos. Además, hay que continuar con las inversiones en las redes de agua potable, saneamiento y riego, con énfasis en los asentamientos con mayores déficits.
También es indispensable transformar el subsector de distribución de energía para hacerlo financieramente sostenible y que dependa menos del subsidio público. El gobierno ha presentado un agresivo plan dirigido a reducir las pérdidas y que incluye combate al fraude eléctrico e inversiones en infraestructura.
Al mismo tiempo, debemos continuar la expansión de la participación de las energías renovables en la oferta energética total y apurar el tránsito hacia un sistema de transporte sostenible (eléctrico, híbrido, masivo de pasajeros) extendiendo las líneas del metro e incrementando el número de corredores de autobuses en Santo Domingo. Además, se requiere articular el sistema de transporte de la ciudad junto al Tren Metropolitano cuya construcción iniciará en 2025, completando y expandiendo el sistema de monorriel de Santiago y acelerando el paso hacia la movilidad eléctrica.
Condiciones macroeconómicas
Además de las condiciones estructurales, se necesitan condiciones macroeconómicas, especialmente fiscales y monetarias, que le den soporte a la aceleración del crecimiento de la producción, de la inversión y del empleo a largo plazo.
Las condiciones fiscales tienen que ver con asegurar dos cosas que están vinculadas entre sí. Primero, que el Estado logre suficiente capacidad para financiar servicios e infraestructuras públicas indispensables para la gente y las empresas. Segundo, que el déficit fiscal se reduzca y se estabilice, a fin de reducir los requerimientos de deuda y, eventualmente el peso de los intereses en el presupuesto público, liberando recursos para gastar en cosas importantes. Para eso hay que hacer que los ingresos crezcan a mayor velocidad que los gastos por un tiempo prudente.
Las inversiones de calidad requieren certezas de que las finanzas públicas mantendrán una senda prudente que eviten crisis internas, que tengan la capacidad de enfrentar crisis externas y que sean capaces de proveer infraestructuras y servicios necesarios para el crecimiento económico y la satisfacción de las necesidades de la población. La Ley de Responsabilidad Fiscal ha sido un paso adelante en la dirección de asegurar un balance fiscal más sostenible.
No obstante, la reforma fiscal sigue siendo imprescindible, tanto en su componente de ingresos para elevarlos por vía de la reforma impositiva (expandiendo el alcance de los impuestos, reduciendo y racionalizando exenciones y enfrentando el incumplimiento tributario), como en el de gastos, avanzando en su racionalización.
Condiciones institucionales
La estabilidad política y social en un contexto democrático es también una pieza importante del progreso y del bienestar y esto depende de la calidad de las instituciones democráticas y de la administración pública y de justicia. La inversión, la transformación productiva y el bienestar tienen mayores oportunidades de florecer cuando hay menores inequidades y mayor cohesión social, cuando hay capacidad para impartir justicia de acuerdo con las leyes y cuando el debate y la competencia política son posibles.
La alternabilidad en el poder, la cual busca ser plenamente garantizada con la reforma constitucional, es un ingrediente relevante de la calidad de la democracia. Sin embargo, hay que reconocer que ésta es mucho más que eso y tiene mucho que ver con la calidad de los partidos políticos y de las organizaciones civiles, así como de la amplitud de los canales y la intensidad de participación social en los asuntos públicos. En este ámbito, en el país tenemos todavía una gran deuda que ha limitado la velocidad y amplitud del progreso y el bienestar.
La reforma constitucional también pretende reducir la vulnerabilidad política de la administración de justicia y la impunidad frente a la corrupción en la administración del Estado.
Por último, si bien la capacidad de la administración pública de satisfacer las demandas de la ciudadanía y de reducir las brechas y las tensiones sociales, en parte resulta de los recursos a su disposición, también depende de su propia calidad. Es por esto por lo que se está planteando una reforma de la administración pública para lograr un Estado más eficaz y eficiente, con menos instituciones, menos duplicidades, mandatos claros y más capaz, y que genere confianza en la población.
El fortalecimiento de la protección social depende en alguna medida de esa reforma en lo que tiene que ver con las instituciones del área, así como de la reforma de la seguridad social que garantice mayor cobertura de servicios de salud de calidad por cada persona afiliada y pensiones dignas.
Las reformas planteadas por el gobierno deben contribuir a crear varias de esas condiciones indispensables para avanzar hacia una prosperidad de base amplia. El desafío no es menor. El debate y la movilización ciudadana alrededor de éstos y otros temas es fundamental si queremos que las reformas y las políticas públicas respondan a las aspiraciones de la mayoría.
