Las dimensiones de la crisis económica y social que se está asomando y la enorme tarea que tiene el nuevo gobierno por delante para recuperar el nivel de actividad económica y contener el deterioro social pueden hacer perder de vista que este país, igual que muchos otros, sigue teniendo una formidable agenda de desarrollo, equidad y bienestar por delante.
La urgencia está clara y pocos tienen dudas de que se trata. Sin embargo, lo urgente no debe posponer lo importante. De lo que se trata más bien es de avanzar en esa agenda en un contexto inesperado de dramática caída en la producción, el empleo, los ingresos laborales, las exportaciones y los ingresos tributarios.
La agenda de desarrollo
Cada uno a su manera, a veces con vacíos importantes, otras veces con propuestas cuestionables y otras más con ofertas incontrovertidas, los programas de gobierno de los diferentes partidos la recogen. Sacrificando algunos puntos por razones de espacio, esa agenda puede ser resumida en los siguientes puntos.
Primero, lograr un crecimiento de mucha mayor calidad. Eso significa que la expansión de la producción alcance dos objetivos simultáneos: que cree cada vez más empleos de más calidad y que proceda en paralelo con una transformación y modernización productiva continua. Para eso hay que tener, a su vez, dos cosas: un crecimiento continuo de la demanda que estimule la producción y las ventas y políticas de desarrollo productivo pensadas para cada sector (agropecuaria, industria, servicios) que les estimulen y le provean los bienes y servicios públicos fundamentales que aceleren esos cambios. Esas transformaciones productivas y tecnológicas no se sucederán por sí solas ni dependen sólo de decisiones autónomas de las empresas, sino que tienen que ser deliberadamente estimuladas por la política pública y son las que pondrían a las empresas en capacidad de competir con las importaciones y en los mercados externos.
Segundo, acelerar la generación de divisas porque sin divisas no hay crecimiento. Eso significa hacer crecer las exportaciones de bienes y servicios de forma mucho más acelerada que en el pasado. Para ello hay que tener una entidad de promoción de exportaciones que funcione, una política de atracción de inversión extranjera para la exportación y una política industrial hacia las zonas francas con una visión estratégica para cada rama de actividad, una política que apunte hacia un turismo más sostenible, diversificado y resiliente, y una apuesta por desarrollar nuevos servicios de exportación.
Tercero, una política social mucho más robusta. En educación, significa terminar de cerrar las brechas de cobertura en los tres niveles pues todavía casi medio millón de niños, niñas y adolescentes fuera de la escuela, y avanzar hacia procesos de aprendizaje y enseñanza de más calidad. Para ello hay que redirigir la inversión hacia la formación de maestras y maestros.
En salud, significa universalizar la cobertura de la seguridad social, aumentar sensiblemente el financiamiento per cápita en el régimen subsidiado a favor de los más pobres y fortalecer la calidad de los servicios y la atención primaria. Además, hay que ampliar las capacidades de la red de protección social. También implica contar con una política de vivienda que enfrente el déficit habitacional de forma diferente para cada estrato socioeconómico en un contexto de una adecuada política de ordenamiento territorial.
Cuarto, el fortalecimiento de los servicios públicos de energía y agua y saneamiento. Si hay una inversión que debe tener prioridad es la dirigida a producir y distribuir agua potable. Un 20% de las viviendas en el país no tiene acceso a agua potable.
Las implicaciones de salud son graves. Al mismo tiempo, el problema energético continúa siendo un serio escollo para el desarrollo y el bienestar del país. Enfrentarlo implica poner a las distribuidoras de electricidad a funcionar como se debe reduciendo sus pérdidas de forma gradual pero decidida e impulsar un programa de largo plazo de expansión de la generación con participación creciente de las fuentes más limpias.
Tanto la política social como la de inversión pública deben tener un claro enfoque territorial. No se trata de proveer servicios y de invertir donde sea sino donde sea necesario hoy y en el futuro. Tampoco es de dejar que todo el esfuerzo sea del Gobierno Central, sino que recursos y responsabilidades sean compartidas con los gobiernos locales.
Quinto, intervenciones mucho más vigorosas para proteger el medioambiente y los recursos naturales y para mitigar los efectos del cambio climático. Proteger y recuperar los bosques y las fuentes de agua es una pieza crítica para ello. Pero también lo es transformar la forma en que producimos, consumimos y manejamos los residuos sólidos.
Sexto, para lograr todo lo anterior es imprescindible lograr finanzas públicas suficientes, saludables y transparentes. Eso implica sanear el gasto público y mejorar significativamente su calidad, eliminando las redundancias, el dispendio y el uso de los recursos públicos para pagar favores políticos. También implica incrementar las recaudaciones. Es la única forma que existe para enfrentar el problema de la deuda y poner al Estado en capacidad de proveer los servicios a los que está obligado. Para ello hay que expandir el universo de contribuyentes y la base tributaria y poner énfasis en una recaudación mucho más efectiva entre los más ricos. Esto daría espacio para moderar algunas tasas y cargas tributarias que ahogan a los contribuyentes, especialmente Mipymes y consumidores.
La equidad en la recuperación
Avanzar en esa agenda, sin embargo, necesita que la economía, los ingresos y la demanda se empiecen a recuperar más velozmente de lo que lo están haciendo. Eso requiere un golpe de demanda mayúsculo que sólo lo puede dar el gasto público.
También requiere que haya suficientes divisas que faciliten las importaciones necesarias para volver crecer.
En otras palabras, el país necesita, con urgencia, cerrar dos brechas simultáneamente: la externa que terminará creciendo mucho debido al golpe que han recibido las fuentes de divisas, y la fiscal que deberá resultar de un fuerte aumento del gasto público que permita reanimar la economía. Eso solo lo permitiría un financiamiento externo adicional significativo del presupuesto público, superior al consignado en el presupuesto complementario.
Pero ¿Cómo avanzar simultáneamente en la recuperación y en la equidad y el desarrollo? Imprimiéndole a las intervenciones para la recuperación un carácter marcadamente pro pobre y a favor de las poblaciones vulnerables y una orientación estratégica compatible con la agenda de desarrollo. Esto implica ir más allá de los grandes agregados como el gasto público y pensar en para qué va a servir, en qué se va a gastar, quienes se beneficiarán y cómo se gastarán los recursos. He aquí cinco ideas.
Primero, la política pública debe contribuir a recuperar la capacidad productiva de las unidades más impactadas por la crisis y con menos posibilidades de levantarse con sus propios pies.
Esto podría suponer programas de financiamiento y apoyo a la pequeña producción agropecuaria, empezando por aquellas que se orientaban a hacia el mercado turístico. Las pequeñas industrias también podrían ser objeto de atención particular, así como muchas pequeñas empresas de servicios que permanecieron cerradas durante toda la cuarentena y que terminaron descapitalizadas. Pero no debería tratarse sólo de que se recuperen sino de que lo hagan transformándose cualitativamente en unidades más resilientes y productivas. Se trata de recuperar transformando.
Segundo, la protección del empleo formal y de los ingresos de trabajadores y trabajadoras debería ser de alta prioridad. Esto implica seguir subsidiando a las empresas para que preserven empleos, como lo está haciendo la segunda modalidad del programa FASE, pero, además de extender el programa, se debe considerar darle un giro para que ponga énfasis especial en las empresas pequeñas y vulnerables.
Tercero, como ya ha sido propuesto, hay que impulsar un programa inmediato de inversión pública con énfasis en pequeñas obras a nivel municipal que contribuyan a dinamizar las economías locales.
Cuarto, hay que fortalecer aún más las compras públicas para adquirir alimentos de pequeños productores para suplir al menos una parte de los programas alimentarios gubernamentales. Esto contribuiría a sostener los ingresos de esas unidades y a evitar su descapitalización total.
Quinto, a más mediano plazo hay que fortalecer las redes de protección mejorando ante todo su capacidad para focalizar las intervenciones. En esta crisis, el programa de transferencias monetarias demostró una enorme capacidad de apoyar a la gente que no tiene empleos formales y que es pobre o vulnerable. Es hora de dar un paso adicional y graduar aún más la focalización atendiendo a criterios como la inserción laboral de las personas (en qué actividades trabajan, dónde, haciendo qué). Esto permitiría protegerles con mucha más efectividad y racionalidad ante shocks económicos como el actual.
No se trata solo de recuperar la economía sino de hacerlo con equidad, apoyando más a quien más lo necesita.
