Finalmente, esta semana, el gobierno empezó a tomar medidas mucho más fuertes para enfrentar la amenaza del nuevo coronavirus. Las decisiones que se han tomado han sido de dos tipos: sanitarias y económicas.
Las medidas sanitarias, que tomaron más tiempo de lo prudente, van en la dirección correcta porque obligan a mayor aislamiento social (única forma efectiva conocida en este momento para reducir el riesgo de contagio) pero parecen insuficientes. Se limitan a las escuelas, universidades y el comercio no esencial. No incluye industrias y muchos servicios. Aunque se sugiere la adopción de formas de trabajo que reduzcan los riesgos como la flexibilidad en las jornadas y el teletrabajo, no hay normas específicas ni mecanismos efectivos de vigilancia y aseguramiento de que las prácticas reduzcan los riesgos.
Lo anterior supone que, aunque se haya reducido, el riesgo continúa siendo alto y es probable que el contagio se haya expandido mucho más allá de lo conocido, no solo antes sino también después de haberse tomado las medidas. Desafortunadamente, el virus permanece invisible por mucho tiempo y el número de pruebas realizadas aparenta ser bajísimo. Esto hace que no sea posible, por lo menos por el momento, tener siquiera una aproximación a las dimensiones del contagio en el país.
Con respecto a las medidas económicas, éstas fueron de dos tipos: monetarias y tributarias.
Las medidas monetarias
No está claro si las autoridades monetarias pudieron o debieron haber hecho más en este momento. Sin embargo, se movieron en la dirección correcta. Las medidas fueron de cuatro tipos. Primero, se redujo sensiblemente la tasa de política monetaria (TPM) desde 4.5% hasta 3.5%. Esto debe contribuir a reducir las tasas de interés en el mercado y con ello, a facilitar el crédito necesario para la recuperación. La TPM es la tasa a la que las entidades financieras transan el dinero entre ellas. Si se reduce, el costo del dinero para éstas baja, lo que facilita que se reduzcan las tasas en el mercado.
Sin embargo, no es previsible que se vean reducciones inmediatas en el mercado ni es claro que éstas sean significativas porque, según un estudio del Banco Central, el efecto de la tasa de política sobre las tasas de mercado tarda unos tres meses en verse, y porque hay otros factores que influyen en ellas. A pesar de eso, aún en tres meses, ese estímulo será necesario.
Segundo, al flexibilizar los requisitos de cobertura del encaje legal, las autoridades monetarias incrementaron las facilidades de liquidez para las entidades financieras por hasta 52 mil millones de pesos. Esto significa que éstas tendrán más disponibilidad de liquidez para prestar. Una parte de esa liquidez, 22.3 mil millones, estará destinada a préstamos en sectores específicos con condiciones preferenciales. Esto también es positivo porque ampliaría el acceso al crédito. El problema es que el dinero más abundante y barato poco puede hacer para parar la caída de las ventas y la producción porque el problema no es de capacidad productiva sino de demanda. El impacto positivo podría limitarse a aquellos negocios que, teniendo una relativamente clara expectativa de recuperación, opten por financiarse para sobrevivir a la crisis.
Tercero, se dispuso un aumento de la liquidez en moneda extranjera por 500 millones de dólares, lo que debe contribuir a aliviar posibles presiones cambiarias derivadas de la caída en ingresos de divisas, especialmente turismo, y de aumentos en la demanda de muchos con fines de precaución. El bajo precio del petróleo debe también contribuir a ello.
Cuarto, se flexibilizó, mientras dure la crisis, las normas crediticias para permitir la renegociación y reestructuración de créditos de deudores bancarios. La medida autoriza la reestructuración sin que se exija mayores provisiones (garantías) al deudor, y sin que eso degrade la calificación del crédito ni deteriore los indicadores bancarios. Esto permitiría que deudores con graves dificultades para saldar sus compromisos financieros en el contexto de la crisis puedan reprogramar sus pagos y reducir temporalmente su carga financiera. De todas, es probablemente la medida con un mayor impacto potencial en las pequeñas y medianas empresas endeudadas. Aunque no se refleje en los indicadores, la situación en general y la medida en particular deteriora la calidad de la cartera de créditos de las instituciones financieras. Este parece ser un costo necesario, quizás inevitable, en este contexto. Pero quizás la alternativa, no hacer nada, sería peor porque el incumplimiento podría ser aún mayor.
Las medidas tributarias
En materia impositiva, las medidas se han concentrado en el aplazamiento de las fechas para el cumplimiento de obligaciones tributarias. En el caso del ITBIS, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) aplazó la fecha para el cumplimiento del pago correspondiente al mes de febrero y autorizó a que ese pago sea realizado en hasta cuatro cuotas, sin penalidades.
También autorizó a reducir a la mitad las cuotas regulares bajo acuerdos de pago y a duplicar el plazo de vigencia de éstos. Por último, otorgó una prórroga para la declaración jurada y el pago correspondiente para las obligaciones del impuesto sobre la renta para empresas y personas. Además, el presidente anunció que se dejará de aplicar temporalmente el Acuerdo de Precios por Anticipado (APA) para el sector hotelero, lo cual implica, presumiblemente, una reducción en su carga tributaria inmediata, y que se flexibilizará de forma temporal y generalizada el esquema de pagos de anticipos.
Es evidente que todas estas medidas alivian la carga tributaria inmediata especialmente de las empresas, otorgándoles más espacio financiero para lidiar con el impacto de la crisis sanitaria sobre su producción, sus ventas y sus rendimientos. Es probable que, al menos algunas de ellas, tendrán que ser prolongadas.
En materia tributaria, hay mucho espacio para intervenciones con más impactos como reducir temporalmente tasas tributarias como el ITBIS para todas o algunas mercancías o la de algunos impuestos selectivos. La cuestión es que, además de que el costo fiscal sería mayor y requeriría de una evaluación más serena de sus efectos fiscales y sobre la economía, supondría un proceso legislativo que pocos quisieran.
Los vacíos
Hasta el momento, el gran vacío en la respuesta gubernamental ha sido en materia de protección social y del empleo. Aunque las medidas monetarias y tributarias alivian a las empresas, la protección del empleo formal sólo se hace de manera indirecta. El paquete adolece de intervenciones específicas que contribuyan a impedir el despido o que proteja a los nuevos desocupados.
Al respecto, Luis Abinader ha hecho una propuesta que merece ser analizada porque cubre precisamente esa área en la que existe un vacío grave. Sugiere un subsidio gubernamental de un mes de duración de 10 mil pesos a las personas que sean despedidas. Estimó que, si los despidos afectan a unas 500 mil personas, el gasto gubernamental por ese concepto ascendería a 5 mil millones de pesos, una cifra que es afrontable para el fisco. De hecho, lo sería aún si la crisis y el subsidio se prolongaran. Sin embargo, hay que indicar que lo importante de la propuesta no es su forma específica sino su naturaleza y su objetivo de proteger a los nuevos desempleados. Ella puede adoptar formas diversas.
Antes que un subsidio único por desempleo puede ser uno al empleo que busque garantizar la permanencia en el puesto de trabajo o uno que cubra un período limitado de desocupación y que garantice el reempleo una vez la crisis sea superada. Puede quizás tomar la forma de una transferencia directa a la persona, un aporte para cubrir los pagos a la seguridad social o una combinación. También puede suspenderse por uno o dos meses las contribuciones obligatorias a las pensiones, ampliando así el espacio de maniobra de empleados y empresas. El desafío sería identificar, más allá de los obvios como el turismo, sectores y empresas en riesgo para evitar el desperdicio.
En el paquete presentado hasta ahora tampoco hay medidas que alivien la situación de los hogares con trabajadores y trabajadores informales. Estos son más del 50% de la población ocupada y de ese porcentaje, la inmensa mayoría tienen trabajos precarios y de bajos ingresos, muy vulnerables a las crisis.
Para ayudar a esa población a sostener su ingreso durante la crisis, Leonel Fernández propuso lo obvio: incrementar de manera temporal las transferencias monetarias de Progresando con Solidaridad. Los beneficiarios, unos 850 mil hogares, están en pobreza moderada o extrema y sus cabezas no tienen un trabajo formal. Un aumento (quizás duplicar o triplicar) de las transferencias del componente Comer es Primero por un mes o dos contribuiría a sostener la capacidad de compra de alimentos y de otros bienes básicos de esa población. Se podría priorizar quizás los hogares urbanos, que suelen ser más severamente afectados por la crisis que los rurales, o los de mayor tamaño.
Además de ser de fácil implementación, es fiscalmente muy viable. Lo más difícil es lograr que, en situaciones extremas como las que podríamos terminar viviendo, no haya interrupciones importantes en las cadenas de suministro de alimentos hasta los puntos de expendio que forman parte del programa. De hecho, esa preocupación se extiende a todas las cadenas de provisiones de bienes y servicios básicos.
Parece poco probable que el gobierno no vaya a hacer algo concreto en alguna de estas áreas y que es un asunto de tiempo para que logre identificar mecanismos adecuados. El temor es que tenga reparos en la dimensión del esfuerzo fiscal que deberá hacer. La restricción presupuestaria no puede ni debe ser excusa para hacer lo necesario para proteger la salud de todo el mundo y el bolsillo de las personas más vulnerables. El dinero se puede conseguir, dentro del presupuesto actual y fuera de él.
