Lo que el presidente no dijo del contrato de Aerodom

Llama la atención que el presidente Luis Abinader, cuando anuncio con bombos y platillos la renegociación del contrato de concesión de Aerodom, le decía al país lo beneficiosa que sería la firma de este nuevo contrato, a pesar de que faltaban siete años para su vencimiento.

Resulta cuestionable que, precisamente, cuando faltan seis meses para las elecciones presidenciales y congresuales de mayo del año 2024, el presidente Abinader se embarque en la renovación del contrato, cuando lo prudente, transparente y sensato, habría sido convocar a una licitación pública nacional e internacional, cuando este se venciera. A continuación, se describen los aspectos del contrato a los cuales el presidente no se refirió:

Primero: Los beneficios que obtendrá el Estado por la firma del referido contrato, no saldrán de los bolsillos de Aerodom, porque la partida de 775 millones de dólares se dividirá en dos partidas; este desembolso está condicionado al aumento de las tarifas aeroportuarias. Esto implica dos aumentos en los próximos seis meses, el primero ya fue anunciado.

Segundo: El Estado dominicano va a deducir de estos ingresos las inversiones de capital que tenga que hacer Aerodom por encima de los 830 millones de dólares. Es importante precisar, que todos los montos a ser percibidos por el Estado, son deducidos del Impuesto Sobre la Renta, que Aerodom debe pagarle al Estado. En otras palabras, no son aportes, sino anticipos que serán deducibles de los impuestos que esta empresa tiene que pagarle al fisco.

Tercero: El referido contrato establece innumerables excepciones y un ajuste anual por pasajeros, las cuales, si no son cumplidas por el Estado dominicano, darán lugar a que Aerodom pueda demandar al Estado y solicitar indemnización.

Cuarto: Con respecto al equilibrio económico en caso de que las proyecciones económicas no alcancen el rendimiento deseado, Aerodom tiene la potestad de solicitarle al Estado una compensación, a través de la modificación de las estructuras tarifarias u otras medidas que ellos entiendan para satisfacer el equilibrio económico. En conclusión, este es un contrato leonino que vulnera y lacera los intereses del pueblo dominicano, y de manera especial de los usuarios que utilizan los servicios aeroportuarios, tanto en el ámbito personal como comercial. Por tales razones, esta renegociación no debe ser aprobada por los legisladores.

Esto es inaudito.