Las reformas hay que verlas en conjunto y diseñarlas para que se refuercen y potencien los efectos positivos en el bienestar, y unas logren compensar los déficits de las otras
Es bien conocido que, a pesar de que por más de medio siglo la economía dominicana ha sido una de muy alto crecimiento, los niveles de bienestar no han mejorado lo suficiente y los beneficios de la expansión económica se han distribuido muy desigualmente.
Es por ello por lo que el gran desafío que enfrenta el país es transformar crecimiento en calidad de vida para muchas más personas.
Hay dos mecanismos principales para lograr esto. El primero es la creación de más y mejores empleos. El segundo es lograr más y mejores servicios públicos. Empleos de más calidad implican remuneraciones más elevadas, más seguridad y mejores condiciones laborales. Es muy obvio que servicios públicos de calidad, como los de agua potable y saneamiento, salud, seguridad pública o transporte de pasajeros son vitales para el bienestar.
Un crecimiento que cree más empleos de calidad supone un proceso de transformación productiva continua en el que, al tiempo que las empresas crecen, éstas y sus procesos productivos se vuelven tecnológicamente más complejos y demandantes de personal más calificado, mejor remunerado y con mejores condiciones laborales. Esto depende de muchos factores como la infraestructura pública y las políticas de fomento al aprendizaje y la innovación productiva pero el elemento de mayor peso para lograr mejores empleos es la capacidad del sistema educativo de preparar más personas para ocupar esos puestos de trabajo. Es difícil sobreestimar la importancia de la efectividad de maestras y maestros en el aula para lograr una transformación económica de calado.
A su vez, lograr más y mejores servicios públicos depende de la calidad de la regulación estatal y de la cantidad de recursos que el Estado pueda invertir en servicios sociales y de la eficiencia con que éstos se inviertan. Esto vale tanto para servicios públicos directamente provistos por el Estado como para aquellos que el Estado contrata a favor de la población.
Sin embargo, avanzar en la dirección indicada enfrenta graves barreras estructurales. Algunas de las más importantes son:
- La falta de recursos presupuestarios,
- Las duplicidades, ineficacias e ineficiencias de las estructuras gubernamentales y del gasto público,
- Las bajas remuneraciones laborales y la precariedad e informalidad laboral,
- La subfinanciación y el desbalance de poder en la seguridad social, y los bajos niveles de inversión pública en salud,
- Los graves y persistentes problemas en la distribución de energía que derivan en un descomunal subsidio eléctrico que se traga el equivalente a más de la mitad de lo que gastamos en salud, y
- Los problemas en el sector de agua, similares a los de la energía, con un costo financiero mucho menor, pero con implicaciones muy graves para la vida y la producción de alimentos.
Estamos obligados a derribar esas barreras impulsando con determinación un conjunto de reformas y transformaciones que generen un círculo virtuoso de transformación y modernización productiva, ingresos crecientes y más y mejores servicios públicos. Esas reformas hay que verlas en conjunto y diseñarlas para que se refuercen y potencien los efectos positivos en el bienestar, y unas logren compensar los déficits de las otras.
Principios para una reforma fiscal
Una de esas reformas es la fiscal, la cual debe ser vista tanto en su dimensión tributaria como en la del gasto público. La reforma tributaria debe tener como objetivo incrementar las recaudaciones para poner en capacidad al Estado de financiar la provisión de servicios e infraestructura de calidad. Proveer mejores servicios de agua potable, mayores niveles de vigilancia y seguridad, mejor protección del medioambiente y mejores infraestructuras y servicios de transporte requiere dinero. En este momento, el Estado no recauda lo suficiente como para estar a la altura de las justas demandas de la gente. Eso hay que cambiarlo logrando mayores recaudaciones.
Esta también debe asegurar que una mayor proporción del gasto público sea financiado con recursos propios y menos con deuda, lo cual se traduciría, eventualmente, en una reducción de la carga de intereses en el presupuesto público y en mayor disponibilidad de recursos para atender necesidades perentorias.
Los principios de suficiencia, equidad, eficiencia, eficacia y sostenibilidad deben guiar los esfuerzos tributarios a los que nos debemos abocar. La reforma debe generar lo suficiente para financiar servicios y obras clave como el primer nivel de atención en salud, la seguridad pública, los servicios de agua potable y el transporte urbano.
La carga impositiva debe ser repartida de la forma más justa posible (equidad), lo cual es un enorme desafío dada la estructura y las capacidades tributarias actuales. Cuando esta tarea no sea posible, deberá haber mecanismos compensatorios como aumentos de salarios y de transferencias monetarias en beneficio de la población pobre afectada.
Además, el esfuerzo recaudador debe evitar la sobrecargar tributaria (eficiencia) y el sacrificio económico excesivo. También debe ser capaz de enfrentar el incumplimiento tributario (eficacia de la administración tributaria), penalizando el fraude, incentivando la formalización y simplificando los trámites. Hay que enfrentar con firmeza y eficacia la evasión y la elusión, las cuales explican una parte importante de nuestras precariedades fiscales. Por último, debe poner la presión tributaria en una senda de crecimiento de largo plazo (sostenibilidad), cerrando las brechas por donde se escapan los recursos, especialmente las exenciones improductivas.
También se necesita mayor eficiencia y eficacia del Estado, para que los recursos rindan más y para que las intervenciones sean más efectivas. Esto supone continuar reformando al Estado, empezando por su macroestructura, para eliminar o reducir entidades con funciones superpuestas o caducas. También se requiere una mejor coordinación entre entidades. Los gabinetes sectoriales han sido un acierto. Hay que profundizar e institucionalizar más esas dinámicas para fortalecer sinergias, trabajar de manera más coordinada y ahorrar recursos para invertirlos donde vale la pena. Además, hay que hacer mayores esfuerzos por racionalizar el gasto en las instituciones públicas, reducir el desperdicio y contar con personal cada vez más capaz y productivo que pueda proveer mejores servicios.
Por último, pero no por ello menos importante, hay que planificar bien y poner el dinero donde dicen los planes, empezando por el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP). De lo contrario, el rumbo del gasto es incierto e inefectivo para el logro de las metas, llámense reducción de la mortalidad materna, mejorar los aprendizajes, reducir la ocurrencia de delitos o incrementar la cobertura boscosa. En los últimos cuatro años, los avances en esta materia han sido importantes, pero las tareas pendientes son todavía grandes.
Aumento salarial y protección social
Mejorar la calidad de vida también implica un aumento sostenido de los salarios reales. Los persistentemente bajos salarios han estado en el centro de la insuficiencia de bienestar. Aunque, a largo plazo, el aumento de los salarios reales depende de que las empresas y las personas se vuelvan más productivas, los aumentos continuos de los salarios mínimos pueden jugar un rol constructivo, como lo ha demostrado lo que ha sucedido en los últimos años. De allí que haya que lograr un cambio en el mecanismo de fijación de los salarios mínimos para, además de simplificarlos, crezcan por encima de la inflación, asegurando que su poder de compra aumente de forma continua y vaya cubriendo un porcentaje cada vez más elevado de la canasta básica.
De igual manera, hay que reformar la seguridad social. En cualquier sociedad moderna, ésta es la institución por excelencia para la equidad y el ejercicio de derechos básicos. Hay que sentar las bases para que la cobertura de medicamentos, servicios diagnósticos y tratamientos sea mucho más alta de lo que es en la actualidad. Los gastos de salud que la gente se ve obligada a afrontar por la insuficiencia de cobertura son elevadísimos y empobrecedores. También hay que hacer que las pensiones que se otorgarán sean más dignas lo que se prevé serán. Los aumentos sostenidos de salarios deben ayudar a eso porque éstos son la base de las cotizaciones, pero también se requiere incrementar las cotizaciones porque estas son bajas. Además, hay que asegurar que los proveedores de servicios, incluyendo al personal médico, y los intermediarios financieros pongan mucho más de su parte y sirvan al sistema y a la protección de afiliadas y afiliados y no al revés. El sistema necesita un rebalanceo de poder.
También hay que reformar la protección social para que las ayudas sociales se desplieguen de forma más coordinada, respondan más efectivamente frente a las emergencias, vayan más a donde es más necesario y contribuyan a crear capacidades para la empleabilidad y el emprendimiento.
Golpe de timón para la energía eléctrica y el sector agua
En materia de distribución de energía eléctrica se necesita un golpe de timón. Además del enorme subsidio estatal que distrae valiosísimos recursos públicos, las bajas tarifas efectivos se traducen en un irracional uso de energía. Es bien sabido que para reducir el déficit y el subsidio hay que invertir mucho en redes, comercializar bien haciendo una efectiva gestión social en zonas de bajos ingresos, focalizar mucho mejor el subsidio en hogares pobres, enfrentar el fraude, incluso en los tribunales, y mejorar drásticamente la gestión de las empresas.
Además del sector energía, es indispensable reformar el sector agua. Las infraestructuras hídricas son insuficientes y las fuentes han sido sobreexplotadas y contaminadas. El uso del agua es irracional y las empresas proveedoras de servicios de agua potable, saneamiento y riego dependen de subsidios públicos. A pesar de ellos, los servicios de agua potable son muy precarios, un porcentaje muy bajo de las aguas servidas son canalizadas y tratadas y hay un enorme desperdicio de agua en el riego.
Mediante leyes y otros instrumentos, el sector agua debe ser dotado de una gobernanza que no tiene para poder dictar e implementar políticas que garanticen la preservación del recurso en tiempos de crisis climática y creciente estrés hídrico. También debe asegurar la disponibilidad para el consumo humano, la racionalización en su uso y la reducción del subsidio público.
La visión de conjunto de las transformaciones que debemos promover es indispensable para darle la coherencia que amerita y avanzar hacia una economía más productiva, incluyente, resiliente y sostenible.
