El presidente Luis Abinader tiene la oportunidad de producir las transformaciones que requiere la sociedad en estos momentos históricos, por tanto puede promover una reforma constitucional que fortalezca el sistema de justicia, la transparencia y el combate contra la corrupción. En ese sentido, para la reforma número 40 recomendamos priorizar lo siguiente:
1. El/la procurador general de la República será designado por el Consejo Nacional de la Magistratura, por un único período de diez años. Los demás representantes del Ministerio Público serán designados por el Consejo Superior del Ministerio Público.
2. El/la contralor general de la República será designado por el Senado, por un único período de diez años.
3. El presidente de la República tendrá una remuneración equivalente a 70 salarios mínimos del sector público. Ningún servidor público recibirá una remuneración mayor que la del presidente.
4. Habrá un Consejo Dominicano de Transparencia Contra la Corrupción, integrado por tres miembros, designados por el Senado, por un único período de diez años.
5. La Cámara de Cuentas estará integrada por tres miembros, designados por el Senado, por un único período de diez años.
6. Los salarios del sector público y privado serán indexados al inicio de cada año de acuerdo al índice de precio al consumidor promediado al mes de septiembre del año anterior.
7. El Servicio Civil y la Carrera Administrativa se implementarán en toda la Administración pública.
8. Todas las instituciones del Poder Ejecutivo y de los gobiernos locales recibirán presupuesto sobre la base del logro de resultados.
9. Los actos sobre corrupción no prescribirán, se establecerá el cúmulo de pena, los bienes obtenidos de manera ilícita serán confiscados.
10. Tendrán iniciativas legislativas en el ámbito de sus competencias: Los legisladores, el Poder Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Junta Central Electoral, el Consejo Dominicano de Transparencia Contra la Corrupción, la Procuraduría General de la República, la Cámara de Cuentas, el Tribunal Superior Electoral, y el Consejo Económico y Social.
