La evidencia sugiere que la reapertura y la falta de observancia de las medidas individuales de protección han acelerado los contagios de COVID-19. La respuesta ha sido la reintroducción del estado de emergencia y del toque de queda y un mayor esfuerzo por reforzar el cumplimiento de las prácticas de seguridad sanitaria.
La vuelta atrás en el país y en varios otros lugares del mundo será un batacazo terrible para la recuperación económica porque va a dilatar la reapertura plena y hará la recuperación mucho más prolongada y difícil. Mientras más tiempo dura la paralización, mayores daños definitivos sufrirá el aparato productivo porque mientras más tiempo pasa, más negocios y capacidades productivas terminan desapareciendo, y mucho más tiempo tardará en alcanzar el nivel de producción y empleo de antes de la crisis.
En teoría, era posible evitar que la reapertura gradual implicara una aceleración tan significativa de los contagios si los negocios y la ciudadanía en general hubiesen adoptado plenamente las medidas de distanciamiento y protección personal. Ese, sin embargo, no ha sido el caso. Por un lado, las autoridades no han sido suficientemente efectivas en hacer cumplir las normativas.
No ha habido comunicación masiva para la información y la educación ni tampoco un uso de coerción proporcional en los casos que se ameriten.
Por otro lado, ha sido muy evidente que por las condiciones laborales y de su entorno, una parte significativa de la ciudadanía tiene mucho menos posibilidades de practicar el distanciamiento social. También es claro que importantes segmentos de la población no dimensionan adecuadamente el nivel de riesgo que prevalece. El resultado ha sido una conducta muy poco consecuente con la gravedad de la situación. Más aún, no pocas personas han adoptado posturas francamente desafiantes de las normas establecidas. Esto remite a los precarios niveles de credibilidad y legitimidad que tienen el liderazgo político y el Estado, especialmente entre jóvenes y capas empobrecidas de la población que han sido sistemáticamente excluidas y privadas de oportunidades.
La recuperación se aleja
El retroceso en la reapertura también augura mucha más incertidumbre porque la duración y severidad de las medidas de distanciamiento social actuales y por venir son inciertas. Esto hará aún más profunda de lo esperado la contracción en la actividad económica, hará más severa la destrucción económica y prolongará la recuperación. Por lo pronto, desafortunadamente, es probable que la estimación de la CEPAL de que la contracción del crecimiento será de 5.3% necesite ser revisada y que la caída termine siendo aún mayor.
En ese contexto, lo razonable es reconocer dos cosas. Primero, que la recuperación se ha alejado y que tomará mucho más tiempo volver a alcanzar el ingreso per cápita que teníamos en 2019, aún si hay acciones vigorosas en esa dirección. Segundo, que la prioridad continúa siendo proteger a las personas de la epidemia y del hambre.
Para ello, las respuestas inmediatas al recrudecimiento del contagio y la vuelta a mayores restricciones de movilidad y reunión son relativamente obvias.
Como se ha expresado de manera reiterada, habrá que sostener y fortalecer la protección social porque la población que se ha quedado sin empleo o sin su negocio no tendrá alternativas de subsistencia y una parte importante no tendrá oportunidad de reconstruir sus medios de vida en lo inmediato. Al inicio de crisis y de las medidas de distanciamiento social algunos hablaban de una economía de guerra. Al principio parecía exagerado; hoy no tanto. La devastación podría ser tan significativa que una proporción sin precedentes de la población podría terminar subsistiendo temporalmente de la ayuda pública. Esto obligará al nuevo gobierno a modificar drásticamente la composición del gasto público para financiar esos programas.
Además de fortalecer la protección social, será necesario robustecer mucho más las acciones de prevención. Esto podría incluir una campaña masiva de información y educación para la protección frente al riesgo de contagio y medidas coercitivas más severas en casos de violación a las normativas sobre reunión y tránsito asociadas al estado de emergencia.
Una tercera respuesta, que también ya ha sido apuntado, deberá ser incrementar, en lo inmediato y de forma significativa, la capacidad de atención en salud para los casos de COVID-19 que requieran hospitalización. En este momento la capacidad ociosa es muy baja y reportes de prensa indican que en muchos de los grandes centros urbanos está agotada. El objetivo debe ser incrementarla a una mayor velocidad que el crecimiento del número de casos activos bajo cuidados hospitalarios de tal forma que la capacidad ociosa del sistema crezca y se estabilice y haya espacio para atender picos de demanda. En esto no hay alternativas más que salvar vidas en riesgo.
Junto a eso, hay que repensar completamente la estrategia e incrementar drásticamente las capacidades de aplicación de pruebas. Esta ha sido y es una de las grandes debilidades de la respuesta pública a la crisis sanitaria, acá y en muchos otros países. Esa incapacidad ha hecho que se desconozca la dinámica real de la epidemia y que las decisiones de política hayan estado desprovistas de un robusto sustento estadístico.
Por último, en el corto plazo hay que buscar los recursos para financiar todo esto. Como se indicó antes, una parte podrá provenir de la reestructuración del gasto público. Sin embargo, es muy probable que se requiera muchos más recursos, en particular porque los ingresos tributarios se han desplomado como resultado de la paralización económica. Hasta junio, las recaudaciones de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y de la Dirección General de Aduanas (DGA) que, de forma combinada, explican el 95% de los ingresos totales, fueron inferiores a lo estimado en 96 mil millones de pesos o un 27%. En abril, los ingresos estuvieron por debajo en más de 42 mil millones.
De la misma forma en que hay que aceptar que la actividad económica no se recuperará rápidamente, también hay que reconocer que la sostenibilidad fiscal no podrá ser abordada en lo inmediato. Habrá que esperar a que la economía haya avanzado lo suficiente en su proceso de restablecimiento para iniciar un ajuste gradual de las finanzas públicas y hacer cambios estructurales en el sistema tributario.
Sentar las bases para una mejor recuperación
A pesar de lo anterior, el contexto de la crisis y el cambio de gobierno parecen ofrecer una coyuntura favorable avanzar en varios puntos cruciales de la agenda de largo plazo que permitan sentar las bases para una recuperación más robusta y sana. Basta mencionar cuatro de ellos.
El primero es empezar a mejorar la calidad del gasto público y a ganar legitimidad para el Estado. El nuevo gobierno ya ha anunciado medidas para reformar y racionalizar la estructura institucional del Estado. La esperanza es que se haga bien, que elimine duplicidades y estructuras y entidades innecesarias sin que sacrifique y más bien fortalezca la capacidad del Estado para cumplir su misión. Pero no se trata sólo de entidades y del destino del gasto sino también de cambiar la forma de gastar, haciendo más transparentes los procesos, fortaleciendo controles y procedimientos y facilitando una justicia independiente y efectiva.
El segundo es iniciar los pasos para renovar la inserción internacional del país. Uno de los tres objetivos declarados de la política exterior del nuevo gobierno es impulsar la promoción de exportaciones y la atracción de inversiones. Aunque es un tiempo difícil para exportar, la tarea es ineludible y se puede avanzar sentando bases sólidas. Esto requiere que el Ministerio de Industria y Comercio (MICM) asuma su responsabilidad y empiece a hacer políticas industriales y de desarrollo productivo que mejoren la calidad de la producción exportable y eleven la productividad. También se necesita que el CEI-RD promueva exportaciones en serio. Lo propio vale para el Ministerio de Agricultura, especialmente promoviendo la calidad y la sanidad y el Ministerio de Turismo impulsando la diversificación de la oferta.
El tercero es redefinir la política hacia la agropecuaria el cual por mucho tiempo ha sido la cenicienta de los sectores productivos. Al mismo tiempo, quienes trabajan en ella o depende de ella están entre los más pobres. Transformar y modernizar la agropecuaria y proteger a su gente debe ser un objetivo de alta prioridad. En este caso bien se podría combinar los objetivos de protección social e inclusión productiva en un solo y único y coherente esfuerzo para el cambio.
El cuarto es uno bien conocido: fortalecer los servicios de salud y la atención primaria. En este punto hay un amplio consenso y no necesita mucha argumentación ni defensa. Lo que requiere es voluntad política para vencer resistencias.
Hasta luego
Con estas palabras, despido, por lo menos por el momento, esta columna semanal que en este mes cumple ocho años de publicación ininterrumpida. Ha llegado la hora de cambiar y de asumir nuevos retos.
Quedo en deuda con El Caribe por haberme dado la oportunidad de compartir ideas por tan largo tiempo y con los y las lectoras permanente y ocasionales cuyo entusiasmo, preguntas, cuestionamientos y francas objeciones me han estimulado de forma continua y han enriquecido la reflexión.
