Desde la perspectiva de Carlos Marx, suele traerse a colación como enseñanza propia del género humano que la lucha entre las clases sociales constituye el motor de la historia, de cuyo proceso rival cabe aprenderse que todo grupo con prevalencia crematística propende a situarse en la cúspide de la estructura piramidal para así procurar que el derecho dotado de hondo contenido ideológico sea la voluntad de la élite dominante erigida en ley, a través del ascenso hacia el ejercicio del poder político.
La rivalidad entre las clases sociales puede ocultarse bajo el ropaje religioso, político o jurídico, pero en esencia semejante lid tiende a dejarse ver en su dimensión económica. Así, valga traer a colación un botón como muestra convincente, a través de la sentencia primigenia en materia reivindicatoria de la supremacía de la normativa constitucional, cuyo contenido resolvió el caso Marbury versus Madison, en los albores de la centuria decimonónica.
Del célebre precedente judicial, dictado en febrero de 1803, puede decirse que el intríngulis de la cuestión tenía que ver con otro episodio de la lucha de clase entre dos sectores de la nación recién erigida en Estado. Así, la sociedad estadounidense cobijaba en su seno a los comerciantes, ricos, acreedores y terratenientes, quienes temían a las asambleas legislativas locales, o bien al congreso federal, mientras que los ciudadanos comunes que eran deudores consuetos, solían atemorizarse de la judicatura, cuyos jueces protegían a ultranza a tales élites dominantes, durante los procesos adjudicatarios de derecho.
El encuadramiento colectivo de tales sectores tenía cabida en dos organizaciones políticas de esa época. Inicialmente, el partido federalista pasó a concitar preponderancia ideológica, tras contar entre sus militantes con George Washington, John Adams, James Madison, John Jay, Alexander Hamilton, John Marshall y otros, cuyo pensamiento era contrario al poder de las asambleas legislativas locales y del parlamento congresual estadounidense.
La otra organización de encuadramiento colectivo era el partido demócrata republicano bajo el liderazgo de Thomas Jefferson, profesante de los principios de la Revolución Francesa y defensor de los derechos de los Estados, cuyas ideas progresistas propendían a concitar arraigo popular en las asambleas legislativas locales y en el parlamento congresual de la unión americana, mientras que veía con ojeriza a la judicatura por estar integrada de jueces politizados y depositarios de poderes ilegítimos.
Una vez George Washington y John Adams lograron ser primeros entre sus iguales, le tocó entonces el turno a Thomas Jefferson para ascender como el tercer Presidente de los Estados Unidos de América, tras competir con Aaron Burr, candidato del partido federalista en las elecciones de 1800, suscitándose en esa ocasión un empate entre ambos contrincantes, pero tal situación fue resuelta en sede del congreso estadounidense en fecha tres de marzo del subsiguiente año.
En las postrimerías del cuatrienio que va desde 1797 hasta 1801, John Adams nombró a más de cuarenta jueces de inclinación federalista, pero a varios de ellos no se les pudo tramitar la notificación en tiempo oportuno, por lo que sin el cumplimiento de ese requisito sustantivo William Marbury, designado como magistrado en un juzgado de paz, quedó impedido de ejercer tales funciones públicas, por cuya razón puso en causa ante la Suprema Corte de Justicia a James Madison, Secretario de Estado de la flamante administración de Thomas Jefferson.
En el caso Marbury versus Madison, a través del cual el demandante elevó una especie de acción de amparo para solicitar del máximo tribunal una orden de cumplimiento para vencer la inercia del consabido Secretario de Estado, decisión que habría de dictarse en sede de la Suprema Corte de Justicia, según venía haciendo desde 1789, bajo el imperio de la Ley Judicial, pero John Marshall, tras temer un eventual desacato de Thomas Jefferson, denegó la petición, declarándose inconstitucional por primera vez un acto legislativo federal.
Aunque, finalmente, la petición le fue denegada a William Marbury, John Marshall situó favorablemente al poder judicial para controlar a contracorriente las otras dos ramas estatales de membresía mayoritaria, cuya legitimidad radica aún en el sufragio popular, instituyéndose así el sistema democrático de frenos y contrapesos o de interdependencia, a través del principio de separación tripartita de funciones técnicas y propósitos políticos diferenciados y mediante la supremacía de la constitución frente a cualquier otro acto jurídico, sea legislativo o administrativo.
