El caso Medusa ha dado mucho de qué hablar. No es para menos, los protagonistas pertenecen tanto al sector público como al privado.
Algunos consideran que las acusaciones que se han hecho contra ciertas compañías son un acoso al sector empresarial, cosa con la que no estoy de acuerdo. Por supuesto, las empresas involucradas tendrán que rendir cuentas. Pero es desafortunado meter a todas las empresas en un mismo saco y pensar que son iguales.
En un reciente programa de televisión me entrevistaba una joven muy inteligente que insistía en criticar el empresariado en su conjunto y como si las prácticas corruptas fueran exclusivas de este sector. Le recordé que la corrupción en nuestro país, lamentablemente, se ha extendido por falta de consecuencias y ha permeado cada estrato de nuestra sociedad, incluyendo a los medios de comunicación.
Por años se ha sabido que las grandes obras públicas han conllevado comisiones para determinados apoyos políticos.
Desgraciadamente, como consecuencia de nuestro sistema electoral y del abultado gasto en las campañas, muchos políticos buscan apoyos, que la mayoría de las veces se convierten en compromisos.
Todo el que vivió la época de los gobiernos del presidente Balaguer recuerda que para construir obras y luego conseguir que el gobierno pagara, era típico cobrar un diez por ciento por la “diligencia”. Aún así el gobernante decía que la corrupción se paraba en la puerta de su despacho. Un primo me contó que en una ocasión vendió cinco mil pesos de servilletas a una institución pública y se negó a pagar los quinientos pesos de comisión.
Finalmente, para cobrar debió valerse de un amigo. Esta práctica llegó a verse con normalidad. Un joven que cursaba estudios universitarios en esa época le planteó a su profesor de la clase de Ética, ¿qué haría él en esa disyuntiva, cobrar o afectar su empresa y correr el riesgo de quebrar? El profesor de ética respondió, sin mucho titubear, que pagaría la mordida.
El asunto se ha agravado, en la medida en que el presupuesto de las campañas políticas se ha abultado, el diez por ciento no resulta suficiente. Medusa es un ejemplo de esto, con el agravante de que sus prácticas corruptas afectan los ingresos del Estado. Además, coloca al empresario que no participa en ese tipo de complicidad en una posición de desventaja competitiva.
Pero hemos visto que aún los empresarios no dispuestos a participar en estos esquemas se han visto afectados. Existen muchas formas de extorsión y de dificultar las operaciones de las empresas que muchas han tenido que ceder a pagos fraudulentos. Esto lo hemos visto muy especialmente en el sector de la construcción, en el que ingenieros, ante la imposibilidad de cobrar y abrumados por las deudas, terminan quitándose la vida.
También se presiona a otros empresarios complicando la obtención de los múltiples permisos necesarios para producir, estas dilaciones en obtenerlos son una forma de corrupción de una sola vía. Para ser justo, debo reconocer que existe una mejoría notable en algunas instituciones públicas que se han convertido en ejemplo de eficiencia y transparencia.
La justicia dominicana necesitaba un cambio y lo estamos viendo con el sometimiento del caso Medusa. Lo que no me parece justo son los juicios y señalamientos infundados en las redes, ya que nada aportan y sólo sirven para propagar falsedades y a algunos otros para presentarse como paladines de la justicia mientras lo que hacen es sólo mantener una agenda propia.
No podemos llevarnos de tanta negatividad ni del foro público que constituyen algunos de programas de YouTube que, sin embargo, cuando sus productores van fueran del país, cambian de tónica y admiten que el país va por buen camino.
El parlamento de Japón aprobó una ley que sanciona los “insultos en línea” con pena de prisión en medio de la creciente preocupación pública por el ciberacoso tras el suicidio de una estrella de telerrealidad que había enfrentado abusos en las redes sociales. Esa legislación contempla cárcel de hasta un año y multas de hasta dos mil dólares.
Llegar a eso me parece un exceso y un peligro para la libertad de expresión, pero no dejo de pensar que algún tipo de control se debe tener cuando cualquiera se siente en la libertad de insultar, juzgar y generalizar sin ningún fundamento. En opinión de algunos, después de conocerse el caso Medusa, los responsables de todos los males son los empresarios, en general. Parecen olvidar que en los últimos años nuestro país cayó en una vorágine de corrupción de la que pocos sectores pudieron salir librados. Y el político no fue uno de ellos.
Cuando empecé a trabajar en la CDEEE en 2009, ésta era un Comando de Campaña del incumbente anterior. Los diputados que lograron una curul, gracias a los recursos de esta empresa, ni los domingos me dejan de mencionar.
Aclaro que mi empresa nunca ha repartido dinero para producir.
Como anécdota, les comento sobre una vez, hace ya algunos años, en que me visitó un colector de aduanas para proponerme, en un momento en que no se usaba tecnología, que él rompería todos los documentos, “la tripa” de un embarque. “Yo rompo las tripas y no queda rastro y usted me da un veinte por ciento de los derechos a pagar” fueron sus palabras textuales. Al expresarle que no era mi forma de hacer crecer mi empresa, me catalogó de “pendejo”. Hoy en día me precio de serlo. Y sé de muchos más que también lo son.