Se conoció recientemente el informe 2025 del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) titulado El precio de la desigualdad: Consecuencias socioeconómicas del embarazo en adolescentes y la maternidad temprana en América Latina y el Caribe.
Las causas de los embarazos adolescentes se reducen a: falta de educación sexual escolar, sexualización de las adolescentes, ausencia de control parental y permisividad.
En cuanto a las cifras del informe, el costo total del embarazo en adolescentes y la maternidad temprana en 15 países de América Latina y el Caribe se estima en US$15.300 millones al año, en promedio el 1 % de Producto Interno Bruto (PIB).
El Estado paga un costo en este obstáculo para el desarrollo socioeconómico, pero un alarmante 88.2% de esa carga financiera recae en las adolescentes de 10 a 19 años.
Según el citado informe, en la República Dominicana el embarazo adolescente le cuesta al Estado 131 millones de dólares cada año, lo que afecta diversas áreas de desarrollo: Educación: 52 millones. Empleo e inactividad: 14 millones. Ingresos: 65 millones. Pero además hay otras pérdidas: a los 21.2 millones de dólares anuales de gasto en salud, más 8.99 millones de dólares por la reducción de ingresos laborales de las madres adolescentes.
Por alarmantes que resulten las cifras, recordemos que los números, como los planetas, carecen de luz propia y brillan a la luz que se les proyecta. Detrás de estas pérdidas económicas hay vidas que se truncan, porque las madres adolescentes ya no pueden estudiar, lo que es una condena anticipada a la pobreza, a la dependencia económica y al estancamiento social.
Precisamente los sectores más conservadores son los más reticentes no solo a la interrupción del embarazo, sino también a que se implemente en las escuelas la educación sexual que permitiría a los jóvenes y a las niñas conocer su propio cuerpo y cómo tomar recaudos para no embarazarse.
En cambio, las jóvenes criadas por padres con educación superior, y que acceden a las universidades, rara vez se embarazan, porque recibieron la información que a los pobres se les niega.
Mientras tanto, la negativa a incluir las tres causales en el Código Penal, las trabas a la educación sexual en la escuela y la sexualización de las niñas contribuyen a aumentar el embarazo en adolescentes, que es una multiplicación de la pobreza y de la marginación.
