Ética y Estado

A partir del caso de las declaraciones de Miguel Ceara Hatton de que tuvo que desvincular a centenares de empleados de Medio Ambiente que no realizaban ninguna función y las reacciones del presidente de la Cámara de Diputados y la Secretaria General del PRM censurando su acción, hemos visto de nuevo el viejo problema de la corrupción en el Gobierno.

Cada empleado público, desde el presidente hasta la más humilde conserje de una escuela, reciben su salario por los impuestos que pagamos o los préstamos que toma el Gobierno y que tarde o temprano pagaremos nosotros. Es por tanto un hecho corrupto que existan nóminas pagadas sin brindar ningún servicio, lo que en el habla popular se llaman botellas.

A este gobierno y a los sucesivos se les debe imponer la voluntad de los votantes de que no exista ningún empleado que no tenga una función clara y definida al servicio del Estado para poder salir del lastre de la pobreza que todavía arrastramos. Es un deber ético de todo gobierno utilizar los recursos que le damos para servirle a la sociedad. Nadie por pertenecer a un partido político o colaborar en el triunfo electoral de un gobierno merece un salario. Eso es un robo de nuestros recursos.

Semejante criterio aplica a los maestros del sector público que inventan actividades sindicales para excluirse de las aulas. Cada día sin clases es un baldón que empuja a la miseria a los hijos de los más pobres. Las pruebas nacionales y las mediciones internacionales demuestran que a pesar del 4% no salimos de los últimos lugares en el mundo en cuanto a aprendizaje de las matemáticas, el dominio de la lengua materna y las ciencias. Deberían existir sanciones fuertes contra los que destruyen el futuro de nuestra niñez.

No hay diferencia substancial en los casos de corrupción que conoce el sistema judicial dominicano y las botellas que existen en las diferencias instancias del Estado. Es corrupción y debemos detenerla.