El aumento del número de personas contagiadas con el COVID-19 fuera de China está siendo exponencial y es cuestión de tiempo, ante la ausencia de medidas drásticas, para que en la República Dominicana pasemos de apenas un puñado de casos conocidos a una epidemia de mayor alcance.
En 15 días, el número de personas afectadas fuera de China se incrementó en cerca de 40 mil. En Corea del Sur pasó de casi cero a más de siete mil y en Italia e Irán hasta cerca de seis mil. Pero también en Francia, Alemania, España, Japón, Estados Unidos, Suiza y el Reino Unido, el crecimiento ha sido vertiginoso. Un estudio encontró que, en Bélgica, Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Países Bajos, Austria, Malasia, Suecia, Estados Unidos, España, Reino Unido y Noruega, el incremento en los primeros días de marzo fue tan intenso que el número de casos se duplica cada dos días.
El aislamiento
Ante la ausencia de tratamiento probado o de vacunas, la única medida que parece efectiva para detener el contagio es la cuarentena porque al aislar a las personas se impide la transmisión. Funcionó en Hubei (China), donde el número de nuevos casos empezó a caer inmediatamente después de la cuarentena. El aislamiento fue respecto al resto del país y del mundo sino también entre personas pues se confinó a las personas a sus hogares, y se restringió el tránsito y la aglomeración. Italia está haciendo lo mismo, pero a nivel nacional y en España, el gobierno de Cataluña ha puesto en cuarentena a cuatro comunidades barcelonesas. Además, varios países han adoptado medidas de aislamiento con el exterior con diversos grados de severidad y han cerrado temporalmente las escuelas y universidades. Por ejemplo, El Salvador cerró todas sus fronteras para pasajeros, Estados Unidos las cerró para viajeros desde Europa, Perú para vuelos desde Europa y Asia y Argentina para pasajeros desde países de alto riesgo.
Por todo lo anterior, lo más probable es que el país va a terminar cerrando temporalmente sus fronteras para el tránsito de pasajeros.
Sin alternativas
Desafortunadamente, en este momento no hay alternativas efectivas al aislamiento internacional y quizás local para evitar que la situación se transforme desde un caso con un puñado de casos detectados, todos importados, a otro de epidemia con una alta transmisión doméstica que termine desbordando el precario sistema sanitario con que contamos. Sencillamente en el país no contamos con las suficientes camas, unidades de cuidados intensivos y áreas de aislamiento para enfrentar una crisis sanitaria como la que el COVID-19 puede desatar.
Los aeropuertos y los pasos fronterizos son la primera línea de defensa y lo que parece razonable es que, lo antes posible, se restrinja el ingreso al territorio nacional al menos de personas procedentes de los países de mayor riesgo. Ese nivel de riesgo debe ser revisado continuamente porque la situación evoluciona a una gran velocidad. Varios países de Asia y toda Europa están en el tope de esa lista y, por desgracia, Estados Unidos, en especial algunos de sus territorios, parece encaminado a sumarse a ese grupo.
Consecuencias económicas
Las consecuencias económicas para el país de un escenario como ese, de cierre, aún parcial, al flujo de pasajeros, son desastrosas, pero lo sería mucho más no hacer algo al respecto porque una epidemia generalizada en el país no sólo generaría un gran sufrimiento humano y muchas muertes, en especial de las personas de edad avanzada y con condiciones de salud preexistentes que las hace vulnerables, sino que obligaría a la cuarentena interna y a la paralización forzosa por semanas de la mayoría de las actividades económicas como manufactura local, zonas francas, comercio, restaurantes y hoteles, educación, parte del comercio y del transporte, muchos servicios públicos y otras.
Sin embargo, las órdenes gubernamentales de cuarentena interna podrían ser inefectivas en muchos casos porque una enorme proporción de personas laboralmente activas, más del 50%, trabaja en condiciones de informalidad. La inmensa mayoría de ellas no tiene un ingreso asegurado a través de un salario, sino que lo percibe diariamente a través de su trabajo y el intercambio continuo. Si no sale a trabajar, se queda sin ingresos. Es muy probable que una parte de ella, en especial la que tiene menos resguardo a través de ahorros o el apoyo de otros, se resista al aislamiento, contrarrestando el esfuerzo de detener el contagio.
Por todo lo anterior, el aislamiento internacional, selectivo, parcial o total, es la opción menos mala y más inmediata que podría impedir un contagio de amplio alcance en el país. A pesar de ser la alternativa más clara, como se indicó arriba, el impacto sobre la actividad económica sería muy severo.
El sector externo y el fisco
El turismo sufriría un enorme revés temporal y arrastraría a las actividades proveedoras clave como varios servicios, la agricultura, la manufactura y el comercio. La tasa de ocupación se derrumbaría y muchos hoteles se verían obligados a dejar de operar y a despedir personal. Los ingresos por turismo, que representan cerca del 25% de los ingresos corrientes anuales, se reducirían sensiblemente, contrayendo la oferta de divisas y poniendo presión sobre el mercado cambiario.
Pero además habría efectos negativos sobre las exportaciones, las remesas y el abastecimiento de importaciones derivados una reducción drástica en la actividad económica mundial y una disrupción de las cadenas globales de suministros asociada las políticas de aislamiento que los países están impulsando en respuesta a la amenaza del COVID-19.
Todo lo anterior supone que, aún en el mejor escenario donde no haya contagio nacional significativo y en el que el aislamiento externo funcione, lo más probable es que nos espere un año económicamente muy difícil, con una notable reducción en el nivel de actividad y en los empleos y retrocesos en materia de pobreza.
A pesar de eso, el entorno externo luce mixto porque, aunque el turismo sufría y también las exportaciones, la baja del precio del petróleo y el alza del precio del oro tendrán efectos compensatorios al menos parciales. Para que se tenga una idea, cada diez dólares de precio del petróleo equivale, grosso modo, a un 12% de los ingresos por turismo. También puede producirse una reducción de las importaciones porque los suplidores tradicionales no sean capaces de satisfacer la demanda.
Sin embargo, el efecto fiscal sería negativo porque, aunque el impacto en la reducción de los precios del petróleo es mixto (bajan las recaudaciones por impuestos a los hidrocarburos, pero también se reduce el subsidio al sector eléctrico) la reducción en la actividad económica disminuirá las recaudaciones tributarias.
Medidas compensatorias
Pero, además, el Estado estaría obligado a dar respuestas en procura no sólo de contener el contagio sino de amortiguar sus efectos económicos negativos. Esto puede incrementar sensiblemente el gasto público o reducir aún más las recaudaciones, aumentando el déficit público muy por encima del objetivo para el año. Veamos algunas alternativas que habría que considerar seriamente.
Primero, el gasto directo en atención en salud se podría incrementar sensiblemente. Segundo, si impone cuarentena o inmovilidad espacial de las personas para evitar el contagio, el gobierno podría verse obligado a incrementar las transferencias monetarias a hogares pobres con el objetivo de compensar los efectos negativos sobre los ingresos laborales.
Tercero, se podría impulsar algún esquema de alivio tributario temporal para pequeñas y medianas empresas como la dilación en el cumplimiento de obligaciones tributarias regulares como el pago de anticipos por impuesto sobre la renta.
Cuarto, también se podría considerar la posposición de compromisos con la seguridad social financiados temporalmente con recursos públicos.
Quinto, el sector turismo, que seguramente será el más afectado, requerirá de un estímulo posterior para revivirlo. Habrá que explorar alternativas en las que el dinero y las acciones públicas sean imprescindibles y lo más efectivas posible.
Sexto, frente a un panorama económico y fiscal tan complicado, valdría la pena explorar esquemas de alianzas público-privadas, especialmente en proyectos de infraestructura, que complementen la inversión pública. Esto podría contribuir a reducir la demanda por financiamiento y contribuir a contener el endeudamiento público.
La amenaza es grave. La determinación por reducir el riesgo, por cuidar a la gente y por compensar los efectos económicos negativos debe estar a la altura de ella.
