La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) sugirió al Senado de la República, que incluya dentro de su lista de agenda priorizada, iniciativas legislativas respecto a la seguridad ciudadana, institucionalidad democrática y sistema de justicia.
Durante un encuentro con el presidente del Senado, Eduardo Estrella, la Finjus señaló que dichos proyectos, pendientes en el Congreso, tienen una alta relevancia para el fortalecimiento institucional del país.
Sobre las iniciativas referentes a la seguridad ciudadana, la Finjus citó la aprobación de la ley orgánica del Ministerio de Interior y Policía y la reforma al Código Penal, que además fortalecería el sistema de justicia.
“La seguridad ciudadana ha sido señalada de manera reiterada como una de las principales preocupaciones de la ciudadanía en los más recientes estudios y encuestas realizadas como el Índice de Competitividad Global y el Barómetro de las Américas 2018, considerándose la inseguridad como el problema más importante que enfrenta el país a juicio de la población dominicana. Esto amerita que el Estado y en particular, el Poder Legislativo, se aboquen a la tarea de desarrollar una política de seguridad ciudadana integral”, indica.
En ese sentido, el vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños, consideró, que es impostergable la reforma al Código Penal ya que el vigente no responde a las necesidades de prevención y persecución del delito en la sociedad actual. Estimó que el tema que ha impedido su aprobación, no es propia de una discusión penal.
“En efecto, el Código Penal se encuentra desfasado y constituye un obstáculo a la persecución del crimen en nuestro país en desmedro de la seguridad ciudadana. Esta legislatura debe colocar dentro de sus principales objetivos la promulgación de una normativa más adecuada a la dogmática jurídico-penal moderna y, de conformidad a esto, apostar también a la modernización del sistema penitenciario, entre otras normas conexas”, dijo.
También el proyecto de ley sobre juicios de extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícito, que además pertenece al conjunto de normativas ordenadas por la Constitución de la República desde el año 2010 y que aún están pendientes de aprobación.
“Se trata de una norma de alta particularidad, complejidad y relevancia social, económica y jurídica que requiere que su diseño sea coherente en el sustento, naturaleza y esencia de la acción misma”, sostiene el documento.
Reforma del marco de derecho civil
La entidad recordó que ha reclamado la reforma del marco jurídico de derecho civil dominicano, de lo cual se mantienen legislaciones evidentemente obsoletas, tal es el caso del Código Civil y de Procedimiento Civil.
Asimismo, la Fundación Institucionalidad y Justicia señaló como una iniciativa que debe ser priorizada, el proyecto sobre protección de testigos y víctimas, que ha quedado rezagado en el ínterin legislativo.
