Todo indica que se está agotando el tiempo para la aprobación de un marco legal que permita un mínimo de regulación de las elecciones de mayo del 2016. Esto es especialmente grave en esta oportunidad, pues por primera vez, desde el año 1994, se tendrán unas elecciones unificadas en las que de manera simultánea se escogerán los cargos de presidente y vicepresidente, legisladores y autoridades municipales. Sin las reformas políticas que se debaten desde hace años, la complejidad de este proceso, en el que miles de candidaturas competirán por alrededor de 4,200 plazas, se torna mayor e implica un alto riesgo para la calidad de los comicios.
La usencia de regulación electoral profundiza la inequidad en la competencia política. Para nadie es un secreto que el que cuenta con recursos cuantiosos para largas y costosos campañas, tiene amplias ventajas sobre los demás candidatos. Sin control sobre el tiempo para realizar proselitismo electoral, sobre el acceso a los medios de comunicación, sobre el financiamiento privado o sobre el uso y abuso de los recursos del Estado, el poder del dinero se impone. En este escenario, las candidaturas sin recursos y que pertenecen a partidos pequeños, tienen muy poco que buscar. En medio de esto, las mujeres resultan las más afectadas en el reconocimiento de sus derechos políticos-electorales.
Asistimos a unas elecciones en las que no hay ningún tipo de garantía para el ejercicio pleno del derecho a elegir y ser elegido. Frente a este problema, el presidente de la JCE reiteró esta semana que no se puede hacer nada para regular la campaña, alegando que esto vulneraría derechos fundamentales constitucionalmente establecidos como el de la libertad de expresión y asociación. De esta manera se desconoce la facultad que da la propia Constitución al organismo electoral para regular todo lo concerniente al proceso electoral. El artículo 212 de la Carga Magna establece que la JCE tiene facultad reglamentaria en los asuntos de su competencia.
La Ley Electoral No. 275-97 establece que el período electoral se inicia cuando el órgano de administración electoral realiza la proclama de las elecciones. Esta no se ha realizado, pero hace tiempo que en el país estamos en campaña. Ojalá la JCE reconsidere su posición y asuma su rol, ante la ausencia de una ley de partidos o una nueva ley electoral, de aprobar un reglamento que limite una serie de prácticas electorales que impiden que haya equidad en la competencia. Lo peor que puede hacer el órgano electoral, es renunciar a su facultad constitucional en medio de un proceso electoral tan complejo.
