Muchos dudaban de que fuera posible hacer algo más para apañar la corrupción existente en el país, pues hasta ahora, todo ha funcionado bien en favor de la impunidad. Además, se creía que ningún político se arriesgaría a ser visto como un funcionario dispuesto a proteger a aquellos que sustraen los recursos públicos para su beneficio. Pero recientemente, el Congreso Nacional se encargó de demostrar cuán equivocados estaban los grupos que así pensaban. Con la reforma del Código Procesal Penal (CPP) los legisladores evidenciaron que para proteger a los corruptos en la administración pública, existen todas las posibilidades.
Sobre la base de un procedimiento viciado, según la denuncia de varios diputados, el Congreso Nacional intentó sorprender a la sociedad dominicana con la eliminación del párrafo tres del artículo 85 del CPP. Mediante esta modificación, se le quitaba a la ciudadanía la facultad de presentar querellas frente a los funcionarios públicos que incurrieran en actos de corrupción o violación de los derechos humanos. Esto implica un profundo retroceso en materia de derechos ciudadanos y de la lucha anticorrupción. Se pretendía hacer pasar esta reforma, bajo el supuesto de que el pueblo no reaccionaría. Sin embargo, se equivocaron los promotores de este nefasto proyecto, pues las protestas ciudadanas no se hicieron esperar y fue muy amplio el rechazo en los medios de comunicación y en las redes sociales.
Atendiendo a este reclamo, el Poder Ejecutivo devolvió al Congreso, con observaciones, la pretendida reforma al CPP. Reconocemos que esta es una acertada decisión del Presidente de la República. En tanto que los ciudadanos deben sacar lecciones aprendidas de esta experiencia. En primer lugar, la de no fiarse en que sus representantes defenderán los intereses de la mayoría, pues parecen estar más comprometidos con el grupito que siempre se ha beneficiado de su participación en el Estado. En segundo lugar, que el monitoreo, la presión y la protesta de los ciudadanos y sus organizaciones, son el camino para lograr los cambios institucionales que requiere el país.
Esta acción social es lo que impediría el riesgo de una contra-reforma puesta en marcha a partir del intento de cambiar el CPP, la cual busca afianzar el régimen de impunidad en el país. No es de extrañar que los que se han beneficiado de manera ilícita de los recursos del Estado, aprovechen su enorme poder político para echar atrás algunas conquistas que en materia de participación y control social o de transparencia y acceso a información pública, ha tenido el pueblo dominicano. La lucha social debe hacerse presente para impedirlo.
