El próximo día 11 de agosto la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia dará a conocer su decisión sobre el recurso de apelación en contra del auto de no ha lugar que favoreció al senador Félix Bautista y otras seis personas acusadas de corrupción y lavado de activos. La sociedad dominicana está muy atenta al fallo que dará este órgano del Poder Judicial. Esto así, porque se trata del caso más emblemático de corrupción en la historia política del país, según se puede constatar en la amplia documentación que sustenta la acusación del Ministerio Público.
Frente a acusaciones tan bien fundamentadas, no se comprende cómo la Justicia es capaz de inhibirse, tal y como lo hizo con la decisión del juez Moscoso Segarra, renunciando a su legítima facultad de conocer a profundidad un caso en que a un servidor público se le acusa de haber violado la ley. El fallo del Juez de la Instrucción Especial de la SCJ vino al confirmar la percepción generalizada de que el sistema judicial no tiene ningún interés en castigar la corrupción. Por el contrario, este tipo de decisiones afianzan la creencia popular de que el poder político estructuró una institucionalidad judicial al servicio de la impunidad.
El archivo de expedientes de corrupción se ha convertido en una práctica común. Hay resistencia a investigar el robo contra el Estado. Uno de los efectos perversos de este tipo de práctica es que termina erosionando la confianza ciudadana en las instituciones de la democracia, principalmente en los actores del sistema judicial. El deterioro de la credibilidad e imagen de una institución tan importante como el Poder Judicial atenta contra la seguridad jurídica y el Estado de derecho. Los principales responsables de esta situación son aquellos jueces que entienden que deben más lealtad al líder que los designó que a la propia Constitución.
En gran reto de la justicia dominicana es revertir esta situación. Los jueces de la Segunda Sala Penal de la SCJ tienen en sus manos la oportunidad de iniciar un proceso que permita la recuperación de la confianza en el Poder Judicial y por qué no, en la institucionalidad democrática del país. Lo que se pide es que con su fallo, estos honorables jueces permitan que el pueblo conozca a fondo, a partir de un juicio oral, público y contradictorio, si las acusaciones realizadas contra el senador de San Juan y los demás acusados, son ciertas o no. La apertura a juicio conviene a todos, a la Justicia, al sistema político, a la población y al propio senador.
