Los jueces de la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) aplazaron ayer para el próximo miércoles, a las 2:00 p.m., el recurso de amparo contra el impuesto a las compras por Internet.El recurso fue incoado por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Alianza Dominicana de Defensa de los Consumidores y Usuarios (Asodecu), la Cámara Dominicana de Comercio Electrónico y la ciudadana Wendy Altagracia Grullón, a través de su abogado Félix Portes.
Para su decisión, el tribunal acogió un pedimento presentado por el abogado de la Dirección General de Aduanas (DGA), Gregorio García, y la procuradora Conteciosa, Evelin Escalante, a los fines de que sean citados e intervengan de manera forzosa la directora de Pro Consumidor, Altagracia Paulino y la Defensora del Pueblo, Zoila Martínez. La solicitud de la intervención forzosa fue depositada ayer por ante el TSA por los querellantes.
Cautelar
En cuanto a la medida cautelar solicitada por los demandantes, la corte, presidida por el Federico Fernández y los jueces Rafael Ciprián y Mildred Hernández, informó que será el próximo miércoles cuando fije su posición sobre la solicitud hecha en ese sentido por las entidades que sometieron el amparo.
El recurso de amparo preventivo de extrema urgencia fue sometido el pasado lunes, en busca de evitar que el director de DGA, Fernando Fernández, aplique a partir del 15 de agosto un gravamen a las compras por Internet menores a los US$200.
Tras concluir la audiencia, el abogado TrajanoVidal Potentini, presidente de FJT, calificó de correcta la decisión del tribunal, tras advertir que llevará su denuncia hasta las últimas consecuencias. Criticó la causa común que supuestamente hizo la fiscal con el abogado de DGA.
Castellanos entiende que usuarios se afectarían
Laura Castellanos, representante legal de los couriers, dijo esperar que el miércoles el tribunal tome una decisión en favor de las empresas que se dedican a vender mercancías por correo. “Nosotros compartimos en sentido de urgencia, porque se trata de una medida que de implementarse traería un perjuicio inmediato a los consumidores”, agregó al concluir la audiencia.
