La trata de personas es una de las formas de violencia de género más frecuente y deshumanizante que afecta a muchos países en el mundo. Las mujeres y las niñas constituyen la mayoría de las víctimas de este tipo de violencia. Es un delito que se genera tanto a nivel transnacional como nacional.
Según el Informe Mundial de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2014), “Se detectan numerosos casos de trata a nivel nacional y en uno de cada tres casos de trata, la explotación se produce en el país de nacionalidad de la víctima”.
El Estado Dominicano ha realizado diversas acciones dirigidas a combatir el delito de trata y tráfico de personas, a proteger a las víctimas y a prevenir este mal. Dentro de estas medidas y acciones se destacan, la creación del Comité Interinstitucional para la Protección a la Mujer Migrante (CIPROM); mediante Decreto 97-99, con el propósito de desarrollar planes que fortalezcan la acción gubernamental y no gubernamental para la protección a la mujer migrante dominicana; especialmente aquellas que son traficadas a otros países con fines de explotación sexual.
En esa perspectiva, en el año 2003 fue aprobada la Ley 137-03 sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, y se ratificó el “Protocolo para Prevenir, Reprimir y Penalizar el Tráfico y la Explotación de Personas”, especialmente de mujeres, niños y niñas.
La Ley General de Migración No. 295-04, establece la regularización y control del movimiento de personas que entran y salen del territorio de la República Dominicana. También el Estado Dominicano, adoptó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional y sus Protocolos Facultativos sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y ha creado las estructuras y mecanismos para el combate a la trata y para la aplicación de la legislación en la materia, entre ellas, la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, lo que ha permitido fortalecer los mecanismos de investigación y persecución.
Entre otras decisiones importantes para afrontar este gran problema podemos señalar la creación de una Comisión Interinstitucional para el Combate a la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. –CITIM- mediante Decreto 575-07 y de las unidades especializadas en la materia en órganos claves como en la Policía Nacional, así como, la publicación en el año 2015 de dos Protocolos de Actuación para identificación, referencia, atención y respuesta a las víctimas de trata y tráfico de personas.
Un gran avance en esta materia está contenido en la Constitución Dominicana del año 2010, la cual prohíbe en todas sus formas la esclavitud, la servidumbre, y la trata y el tráfico de personas. Se basa en la comprensión de la complejidad del delito y su impacto negativo en la vida de las mujeres, niños y niñas, como un acto de flagrante violación al ejercicio de los derechos humanos.
Sin embargo, el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas es un problema de orden público, que en las últimas décadas ha tomado dimensiones inimaginables, debido a los sofisticados mecanismos de seducción y de reclutamiento que utilizan las distintas redes internacionales que operan en los países afectados, para venderles sueños, particularmente a las mujeres, y ofrecerles supuestas formas para salir de su situación de pobreza.
La trata y tráfico ilegal de personas involucra la manipulación criminal de seres humanos que deciden migrar con la falsa ilusión de lograr una vida mejor. Es necesario reconocer que migrar es un derecho, de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos; pero el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas es un delito de lesa humanidad, equiparable a otras formas terribles de abuso contra las personas, como por ejemplo los crímenes de guerra.
Por las razones antes expuestas, quisimos aprovechar esta publicación para llamar la atención a los lectores de esta columna sobre la necesidad de identificar con claridad esta problemática y unir voluntades para afrontar con eficiencia este terrible mal que afecta nuestra sociedad y a muchos otros países de Latinoamérica y el Caribe.
