En caso de que las empresas tengan permisos para la extracción de materiales en los ríos Camú, Nizao y otras fuentes acuíferas, el Ministerio Público no está capacitado para hacer denuncias.
El procurador para la Defensa del Medio Ambiente, Andrés Chalas, aclaró que en caso de que esos permisos, otorgados por el Ministerio de Medio Ambiente, sean ilegales es cuando pueden intervenir para presentarlos a la Justicia.
Por otro lado, Chala informó que en lo que va del año, la Procuraduría del Medio Ambiente ha logrado 156 sentencias condenatorias de un total de 453 casos que llegaron a los tribunales, y con ello han obtenido más de RD$8 millones por concepto de multas y reparación a daños ambientales.
Explicó que las provincias que más denuncias de agresión han registrado son San Cristóbal, Distrito Nacional, San Juan de la Maguana y San Pedro de Macorís.
“En el período enero-octubre de este año, el total de casos por delitos ambientales que recibimos fue 2,657 en los diferentes departamentos judiciales del país que se consideran violatorios a la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales”, puntualizó.
De esos casos, la contaminación sónica, la quema de árboles, la contaminación atmosférica y la extracción de materiales son las denuncias más comunes.
