La Procuraduría General de la República solicitó la captura de siete personas procesadas por cometer actos de corrupción.Para tales fines, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) fueron dirigidas diferentes instancias, tanto a jueces de la ejecución de la pena, para el caso de los condenados, como a departamentos de captura de prófugos de las correspondientes fiscalías.
La magistrada Laura Guerrero Pelletier, directora de la PEPCA, manifestó su intención de lograr que aquellos imputados condenados y que aún no han cumplido con su sentencia, sean lo antes posible presentados ante el Juez de la Ejecución de la Pena, con el propósito de que se dé cumplimiento a las mismas.
Entre los que han recibido sentencias condenatorias se encuentran Celeste Francisca Morel Oviedo, condenada a tres años de reclusión por violar los artículos 145, 146 del Código Penal y 146 de la Constitución en perjuicio del Estado dominicano.
Morel Oviedo fue acusada de desviar fondos pertenecientes al Hospital Padre Las Casas, de Azua, dependencia del Ministerio de Salud Pública.
Asimismo, Lesbia Nereida Castillo Pimentel, también condenada por cometer actos de corrupción en el Instituto Nacional de la Aguja y malversar fondos Públicos en perjuicio de varias personas y del Estado dominicano.
Las personas que se encuentran en estado de rebeldía son Agustín Junior Ruiz Santos y Luis del Carmen Calderón Peralta, ambos sometidos ante la jurisdicción de la provincia Santo Domingo por incurrir en irregularidades mientras se desempeñaban como empleados de Promese-Cal.
Además, el imputado José Vargas, procesado por supuestos actos de corrupción en la Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (Fodearte) y María Patricia Sánchez Vásquez, acusada de desviar fondos de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI). Estos casos son conocidos en el Distrito Nacional.
