La Ley de Presupuesto ya ha sido promulgada. En sentido general se trata de una pieza técnicamente bien elaborada y que contiene avances en el ámbito social, especialmente una mayor asignación a la educación, lo que ha sido un viejo anhelo de la sociedad. En ánimo de informar a los lectores sobre las implicaciones económicas de la misma, presentaremos algunos de los aspectos más relevantes. En primer lugar, el Presupuesto Nacional arroja un déficit superior a los 70,000 millones de pesos, lo que quiere decir que los gastos (excluyendo la amortización de capital) serán superiores a los ingresos corrientes, en esa misma cantidad.
Aunque este déficit es bastante inferior al del presente año, no deja de ser significativo, pues como es lógico tendrá que ser financiado con endeudamiento público tanto de origen interno como externo, lo que incrementará nuestra ya elevada deuda pública, la cual había superado los 25,800 millones de dólares para septiembre del presente año.
En consecuencia, el próximo año el gobierno tendrá que buscar financiamiento no sólo para cubrir el déficit (70,800 millones de pesos), sino también para pagar la amortización de la deuda pública que vencerá ese año que se estima en otros 76,000 millones de pesos. En total el gobierno tendrá que buscar en los mercados internacionales de capitales y en el mercado doméstico una suma de aproximadamente 146,800 millones de pesos. Nos preocupa que habrá una gran tentación para buscar parte de estos recursos en el Banco de Reservas, sin medir las consecuencias, como ha sido costumbre. Otra alternativa serán los fondos de pensiones, donde el sector público ya ha tomado más del 50%.
El Presupuesto del 2013 contempla que habrá un incremento de los ingresos del gobierno de un 20% con relación al presente año. Muchos economistas consideran que estas estimaciones podrían estar sobrevaluadas debido a que el gobierno espera que la economía crecerá tan sólo un 3% y la inflación un 5%, es decir, un incremento combinado nominal de un 8% . Por lo tanto, podría cuestionarse que el gobierno espere un aumento del 20% en los ingresos, a pesar de la aprobación de la reciente reforma tributaria. Habrá que esperar para ver la realidad. Obviamente, en la medida en que los ingresos sean menores que lo estimado, aumentará el déficit proyectado.
En cuanto a los aspectos cualitativos del Presupuesto, se destacan algunos preocupantes. Lo más insólito es que la asignación al Congreso Nacional será 1,246 millones de pesos superior a la del Poder Judicial, cuando debería ser, por mucho, lo contrario. También llama la atención que a la Oficina Supervisora de Obras del Estado se le asignen más de 5,000 millones, cuando su labor debería ser de supervisar y no de ejecutar obras, pues la experiencia ha sido funesta.
