Organizaciones defensoras de los consumidores pidieron a la Suprema Corte de Justicia investigar los jueces de la Segunda Sala del Tribunal Contencioso Administrativo. Las organizaciones extendieron el pedido al procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, a quien exhortan indagar al procurador adjunto ante el citado tribunal, que hace varios días decidió por sentencia que el Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) no tiene facultad para imponer multas a las empresas que engañan al pueblo en la venta de gas propano.
Alfonsina Cuesta, presidenta ejecutiva de la Fundación por los Derechos del Consumidor (Fundecom), expresó que se trata de una decisión inconstitucional porque la potestad legal conferida al organismo oficial defensor de los derechos del consumidor está contenida en la Ley 358-05, de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario. Esa normativa establece en uno de sus artículos que una vez iniciado un proceso de investigación por infracciones a esa legislación, Pro Consumidor se pronunciará, mediante resolución motivada, en la cual impondrá la sanción administrativa que corresponda en cada caso, dijo Cuesta.
“Es una contradicción que luego de 16 fallos en los cuales ese tribunal reconoció la facultad a Pro Consumidor para aplicar multas, ahora cambie inexplicablemente de opinión y diga lo contrario”, expresó la presidenta de Fundecom, y vocera de varios que ayer se manifestación en apoyo a Pro Consumidor y de su titular Altagracia Paulino. La jornada se realizó en horas de la mañana en la sede de la institución, de la avenida Charles Summer de la capital.
Entre los grupos que apoyaron la manifestación, además de Fundecom, figuran el Frente Nacional para la Defensa del Consumidor, la Asociación de Consumidores del Distrito Nacional, la Asociación de Comités de Amas de Casa, Asociación de Consumidores de Los Alcarrizos y la Asociación Dominicana de Protección y Educación del Consumidor.
