El mundo no es el mismo desde que hace alrededor de 60 años iniciaron formalmente los programas de cooperación internacional para el desarrollo. Decir, sin embargo, que el panorama actual de desarrollo o de miseria que se avista en los países receptores ha sido única y exclusivamente resultado de la misma, sería una exageración.
Es innegable que factores económicos, sociales, políticos y tecnológicos en evolución han hecho del mundo en el que vivimos un espacio muy diferente al de hace seis décadas. Aun así, persisten escenarios tétricos en donde, aun con los programas de cooperación, la pobreza, la marginalidad, la desigualdad y la ausencia de esperanza son el pan de cada día.
Los países donantes no están ajenos a esa realidad y, a raíz del compromiso asumido por 189 de los Estados miembros de Naciones Unidas en el año 2000 para, bajo la sombrilla de “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio”, diseñar políticas integrales que propendieran a la erradicación de problemas ancestrales y medulares que resultaban ser retrancas al desarrollo estructural y sostenido en países pobres y en vías de desarrollo, la cooperación internacional se centró en conseguir esos objetivos y comenzaron los esfuerzos para hacer de la misma un instrumento eficaz que coadyuvara a la consecución integral de esos propósitos.
En esos afanes se celebraron diversas cumbres con la participación de donantes y receptores. Monterrey (2001), Paris (2005), Accra (2008), y Busan (2011) son algunas de las más notorias y en donde se han concertado mayor nivel de compromiso. Todas ellas, en mayor o menor medida buscaban un denominador común: como hacer más eficaz la cooperación internacional en la conquista de objetivos precisos.
Se identificaron elementos o principios importantes de la cooperación tales como la apropiación, armonización, alineación y resultados y la mutua responsabilidad de donantes y receptores en la empresa de hacer de ésta un instrumento diáfano y efectivo para avanzar hacia la conquista de las metas establecidas en los Objetivos del Milenio.
Para ello se comprometieron, ambas partes, en distintas resoluciones resultantes de esas convocatorias, a aumentar el volumen de ayuda y de recursos a los países pobres y de renta media y a definir instrumentos técnicos de medición, evaluación y rendición de cuentas a nivel interno que propendieran a garantizar la eficacia de los fondos concedidos, aparte de que, en procura de armonizar agendas de desarrollo los países y organismos donantes se guiarían de las estrategias y prioridades establecidas previamente por los países receptores de esas ayudas.
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Plazo fatal
Con toda la planificación de la que he hablado, el plazo fatal para la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio vence en el año 2015, dicho en otras palabras, tan solo restan 852 días para eso.
Recuerdo cuando en el 2010, en el marco de la Asamblea General de la ONU de ese año, el presidente Leonel Fernández expresaba, después de hacer un profundo e inequívoco análisis de los factores que respaldaban su tesis, que la República Dominicana, como la mayoría de los países pobres y en vías de desarrollo, no podría cumplir con la meta propuesta por los objetivos de desarrollo del milenio, por lo menos en la mayor parte.
Las críticas a nivel interno a la sinceridad absoluta de un presidente en contacto con las variables determinantes del desarrollo fueron despiadadas, sobre todo desde el literal opuesto. Sin embargo, en la comunidad internacional en conjunto, muchos países sentían que el presidente dominicano, para la época, hablaba en representación de ellos pues en realidad, la cooperación internacional ha sido muy poco efectiva debido a muchos factores, desde crisis financieras globales, trabas en la identificación de programas y en la liberación de fondos, hasta la ineficacia de los aparatos encargados de establecer prioridades, estrategias y mecanismos de aplicación de la ayuda a nivel interno. Hoy, hay que reconocer que Fernández nunca estuvo equivocado.
República Dominicana, de demandante a oferente
La República Dominicana es un país afortunado. Con relaciones diplomáticas establecidas con un número cada vez más creciente de países a nivel mundial; con una reputación formidable en el seno de los organismos internacionales como país consagrado con la paz y los intercambios propositivos y con una red de relaciones importantes a nivel regional, se perfila como un Estado con vocación mundialista de liderazgo innegable aun con su limitado territorio y con sus exiguos recursos.
Igual que muchos otros recibe la cooperación internacional para el desarrollo desde distintos litorales y trabaja incansablemente para hacer de la misma un instrumento de cambio a nivel interno destinada a sectores claves en el desarrollo integral del Estado. Aun así, aún falta mucho por hacer.
En el gobierno de Danilo Medina se está tratando de dar un giro importante a la dinámica de la cooperación internacional, convirtiendo a la República Dominicana en, además de receptor de ayuda, en oferente de cooperación para otros países a partir de programas institucionales de éxito y de buenas prácticas para el cambio, tales como el programa de nuevo modelo penitenciario.
Es un paso más que importante ya que, la posición geoestratégica con la que cuenta la isla, sitúa al país en un trayecto de irrenunciable e innegociable potencial de liderazgo regional y, ese liderazgo, debe partir desde la apertura y cooperación a otros países como estrategia omnímoda de una política exterior exitosa, hasta el más activo de los roles en los procesos de integración comercial, política y hasta sociocultural que vive la región.
Para ese propósito debe prepararse la República Dominicana y, convertir la recepción y oferta de cooperación internacional un instrumento óptimo de gestión estatal a lo interno y externo de sus fronteras, debe convertirse en una misión impostergable.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y el de Economía, Planificación y Desarrollo trabajan actualmente en la creación del Sistema Nacional de Cooperación para el Desarrollo (SINACID). Ojala que esos esfuerzos no decaigan y fructifiquen en una gestión en donde ambos ministerios funcionen como una especie de “Consejo Directivo”, cuya Política de Estado sea asegurar un desarrollo integral y sostenido a nivel interno combinada con una política exterior de liderazgo.
