En la República Dominicana, al igual que en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, se han manejado varias concepciones sobre cómo vincular o integrar a las mujeres al desarrollo. Hasta los años 70, con la corriente de bienestar en la planificación del desarrollo, se identificó a la mujer por el rol reproductivo y al hombre por el rol productivo, visualizándola como receptora pasiva del desarrollo e intermediaria de políticas dirigidas al bienestar de la familia.
En la referida década surge la tendencia conocida como “Mujeres en el Desarrollo (MED)”, la cual parte del supuesto de que las mujeres han estado excluidas del desarrollo, y, por tanto, han representado un recurso no aprovechado y define la importancia de incorporarlas para aprovechar su contribución al mismo, entendiendo que su marginación era un obstáculo para lograr el desarrollo pleno. Esta tendencia se fortalece a partir del 1975, año en que se celebró la Primera Conferencia Mundial para el Avance de la Mujer (CSW), a partir de la cual los proyectos de generación de ingresos caracterizan las políticas para la participación de las mujeres en el desarrollo.
Ambas concepciones contribuyeron a la solución de algunas de las necesidades materiales de las mujeres, las familias y las comunidades (promoción de la salud, nutrición, lactancia materna, acueductos y electrificación rural, proyectos productivos individuales y asociativos, capacitación en oficios, y producción agropecuaria, entre otros). Sin embargo, al igual que en otros países del mundo, en República Dominicana la inobservancia de la desigualdad en las relaciones de Poder entre hombres y mujeres y de la división sexual del trabajo; así como la vinculación a microproyectos desconectados de las políticas sectoriales globales, implicaron para las mujeres dominicanas, una doble carga de trabajo y poco impacto en su posición de subordinación social, política y económica.
La concepción de género en el desarrollo (GED), sustentada en la teoría feminista, supera las limitaciones conceptuales y políticas de los enfoques anteriores, partiendo del reconocimiento de las relaciones desiguales entre los géneros y propone desarrollar estrategias dirigidas a superar las asimetrías de Poder que se verifican en esta relación, como medio para lograr la plena ciudadanía de las mujeres y la democracia social. Esta concepción, surgida desde las mujeres, enlaza los conceptos género y empoderamiento en una estrategia de transformación hacia la autonomía de las mujeres, que involucra a los hombres, a la familia, al Estado y a la sociedad en sentido general. Esta concepción compromete a los gobiernos y a los organismos de cooperación, a colocar la meta de la igualdad en el centro de la agenda de desarrollo, especialmente en la perspectiva de la agenda de desarrollo post-2015.
Ahora bien, para colocar a las mujeres como entes proactivos en el centro de la agenda de desarrollo, aún tenemos que afrontar importantes retos como son: lograr la transformación de los patrones de cuidados en los hogares; enfrentar la redefinición de la división sexual del trabajo; desafiar la neutralidad de las políticas, principalmente de las macropolíticas, y afrontar con éxito un enfoque de igualdad y de derecho, en el marco de la reestructuración del aparato productivo que impone la hegemonía de las tecnologías de la información y las comunicaciones, la acelerada producción de conocimientos y la inserción en los mercados globales.
En estos momentos, a 20 años de la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing de 1995, se establece que la igualdad plena entre hombres y mujeres no se ha logrado en ningún país del mundo y que al ritmo que vamos harían falta varias décadas para lograrla de manera completa.
Hay que destacar que en el caso de nuestro país, la Constitución de la República Dominicana, promulgada el 26 de enero del año 2010, incluye el compromiso y la voluntad política del Estado para el logro de la meta de la igualdad real entre hombres y mujeres. Este compromiso se expresa en la Estrategia Nacional de Desarrollo al año 2030 (END 2030), establecida mediante la ley 1-12, promulgada en enero del 2012.
El enfoque de género es transversal a la Agenda de Desarrollo de la República Dominicana, según el artículo 12 de la ley 1-12: “todos los planes, programas, proyectos y políticas públicas deberán incorporar el enfoque de género en sus respectivos ámbitos de actuación, a fin de identificar situaciones de discriminación entre hombres y mujeres y adoptar acciones para garantizar la igualdad y la equidad de género”.
El Reglamento para la puesta en ejecución de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana al año 2030, fortalece este mandato de la Ley, estableciendo regulaciones para los organismos del sector público a nivel nacional y local.
Sin duda, la República Dominicana tiene una propuesta clara de cómo incorporar la mujer al desarrollo. Sólo se requiere la firme decisión de todas las instituciones y organismos del Estado Dominicano y de la sociedad de encaminar estrategias claras para hacerla realidad.
