El lunes pasado vimos en un par de diarios digitales una nota de la coalición Educación Digna cuestionando algunos de los puntos incluidos en el discurso de rendición de cuentas del presidente Danilo Medina sobre lo que él insiste en denominar “revolución educativa”.

Una “revolución educativa” cuestionada por las evaluaciones de entidades de tanta solvencia como el Foro Económico Mundial y la Unesco, que han colocado al país en la cola de América Latina y del mundo en lo relativo al desempeño en calidad de la educación.

Y que por igual ponen en entredicho destacados técnicos y especialistas dominicanos en el área educativa, quienes si bien han valorado positivamente la construcción de aulas y la provisión de alimentos que se sirve en las escuelas, advierten que faltan inversiones suficientes en aspectos como la formación magisterial, la actualización curricular, el establecimiento de un adecuado sistema de evaluación, provisión de equipos, materiales e instalaciones indispensables para empezar a sentar las bases de un real sistema educativo de calidad.

La visión y el discurso presidencial sobre el tema educativo necesitan contraste, matización porque, por ejemplo, cómo puede dejarse al Presidente hacer sonar solamente su campana de “revolución educativa”, cuando aún la educación inicial no llega adecuadamente a la escuela pública, pese a ser el nivel en que el ser humano aprende a aprender.

Y tomando en cuenta que, como solía subrayar Peña Gómez, es la falta de educación preescolar entre los pobres, o de la mayoría de los pobres, el principal factor de inequidad social, y –sostienen cientistas sociales– una asimétrica exclusión que contribuye a la cadena de reproducción de pobreza en el país.

Es lamentable que la nota de Coalición Digna no tuviera difusión en los periódicos impresos, que aunque no son los principales medios por los que la gente se informa, sí tienen un peso fundamental en la formación de criterios y patrones de opinión, y en una más completa edificación cívica los ciudadanos.

Es en ese sentido que estimamos lamentable que los periódicos de papel no pudieran difundir una opinión que permitiera contrastar los datos ofrecidos por el presidente Medina, en un tema como la falta de calidad educativa que es, luego de la debilidad institucional, una de las principales causas del atraso general que acusa República Dominicana.

La debilidad institucional tiene precisamente en las carencias educativas uno de los vectores que aceleran la velocidad del círculo vicioso que nos mantienen en vías de subdesarrollo y no de desarrollo.

Por más crecimiento económico que podamos exhibir, sin calidad de la educación nunca tendremos desarrollo social y humano. Pues no podremos incorporar al pueblo a los grandes saltos que está dando la humanidad en esta llamada Era del Conocimiento.

La educación, sobre todo en esta era digital es con toda seguridad el mejor instrumento con que podemos contar los dominicanos para dar un salto superador lo que Bosch llamó arritmia histórica.

Qué pena que nuestra gran prensa no tuviera espacio para la nota de Educación Digna.

Es muy penoso saber que mil 396 personas están bajo investigación y probablemente sean sometidas a la Justicia por mal uso del sistema de emergencias 9-1-1, con llamadas molestosas. Esa es una mala señal que desdice del civismo criollo. ¡Cuánto falta para que maduremos! ¿Cómo se explica que un grupito se dedique a sabotear un servicio de ayuda para todos y que, incluso, salva vidas? Probablemente quienes intentan sabotear el 9-1-1 son de los que se quejan de la ineficacia oficial en materia de seguridad y de la falta de acción en situaciones difíciles. ¡Qué pena que un modelo de servicio público encuentre esa clase de obstáculos.

Constanza,  quizás por sus características tan especiales, en el corazón de la cordillera Central, ha estado por largos períodos bajo el influjo del conservadurismo. Pero fue en esa Constanza donde aterrizaron los héroes de la gesta de 1959. Ya conocemos la historia de los campesinos de la época, alienados bajo la tiránica opresión de Trujillo. Después de medio siglo de promoción y construcción de una cultura democrática, un aciago día, jóvenes, pocos, pero jóvenes, marchan en pro de la restauración de la Era en la tierra donde se derramó tanta sangre por la libertad. Y pensar que un día como ayer nació Trujillo. ¡Qué pena!

Con profundo pesar leímos en este mismo medio que “La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que aumenta la pena hasta ocho años a los menores de 16 a 18 años que se involucren en hechos graves.

La aprobación de las modificaciones de los artículos 223, 224, 279, 291, 296, 340 y 380 de la Ley 136-03 o Código del Menor, fue con el voto favorable de 106 legisladores y nueve en contra”.

Simultáneamente, asistimos a un interesantísimo panel, organizado por Visión Mundial, donde expertos de instituciones del sistema y organizaciones de la sociedad civil que trabajamos para la protección de todos los niños, niñas y adolescentes, nos dábamos apoyo ante el dolor de saber que fueron infructuosas todas las explicaciones que ofrecimos en los medios y en las vistas públicas que se hicieron para debatir la propuesta desde que la presentaran en el Congreso.

Me sentí en un funeral, donde familiares y amigos se lamentan y se abrazan para enfrentar una pérdida. Todo lo que allí se dijo, ya estaba dicho para tratar de evitarlo.

Seguimos repitiendo: señores legisladores, esto no resuelve el problema. Ustedes lo saben, pero no les interesa comenzar por las causas.

Yo quiero ahora verlos defendiendo con esa misma vehemencia, los derechos  fundamentales de los y las menores, consignados en esa ley, y que están antes de esos artículos, los cuales pasaron por alto:
-Arts. 3 y 12. Elaboren y hagan cumplir políticas públicas que garanticen a nuestros menores su salud e integridad personal.

-Arts. 4, 5, 6 y 7. Hagan valer el derecho que tienen todos los menores a un nombre y a una nacionalidad.

-Art. 45. El derecho a la “educación integral de  alta calidad, orientada hacia el desarrollo de sus potencialidades y de las capacidades que contribuyan a su desarrollo personal, familiar y de la sociedad”.

Solo esos por el momento, señores legisladores, me conformo con que ustedes pongan sus energías en estos artículos; que también son de esa ley. 

Si el Estado garantizara las condiciones mínimas  a estos niños, niñas y adolescentes, probablemente no tendríamos que verlos como “infractores de la Ley”. l

El hecho trágico en San Víctor, Moca, donde el ciudadano Antonio Peña Ramos perdió la vida,  sacudió el desarrollo de la campaña. Una observación de los diferentes vídeos, ahora convertidos en documentos, sugiere que esa muerte pudo evitarse, y que más que las pasiones, los actores políticos se desbordaron. Fueron más allá de los límites de lo que es una actividad como esa, de supuesta actuación político-ciudadana.

Lo primero es que dos parcelas ocuparon el mismo territorio para realizar su “bandereo”, aunque ese escenario estaba a unos metros del destacamento de la Policía. Los militantes empiezan a estimular actos de provocación, vienen los empujones, después las pedreas y  luego los tiros. El tiempo material en que todo eso ocurre debió dar pie a que los jefes o coordinadores de esas acciones recurrieran al sentido común o a la inteligencia más elemental para que los hechos no terminaran entintados con sangre.

Especialmente después que los candidatos y los partidos involucrados firmaron un pacto de civilidad. Era domingo de resurrección y desde cualquier punto de vista los ánimos se habían enfriado. Las descalificaciones, insultos y toda clase de ataques habían cesado.

Pero ya todo está consumado.

¡Qué pena que sólo tengamos que conformarnos con que se abra una “exhaustiva investigación”, con la esperanza de que la realidad de los hechos se esclarezca debidamente, que se descubra a los culpables, y en particular, a quienes accionaron los gatillos y dispararon bajo instintos criminales!

Pero nada reparará el daño, la pérdida de una vida. A la destrozada familia de Antonio Peña Ramos nada podrá devolverle la paz ni el calor de un hijo, un padre. La sociedad otra vez recibe otra estocada. Se reafirma la cultura de la violencia, de la muerte, en actividades que se asumen como de construcción ciudadana. La sangre y el dolor, ahora nos sobrecogen. ¡Qué pena!