Resulta altamente preocupante que el Consejo Nacional de Seguridad Social haya autorizado a las administradoras de fondos de pensiones a seguir invirtiendo los fondos de pensiones en instrumentos financieros emitidos y/o garantizados por el Estado ya sea en moneda local como extranjera. A pesar de que el CNSS considera que dicha medida irá en favor de la rentabilidad de los fondos de pensiones y por tanto a los beneficiarios, esta noticia llama a preocupación debido a la difícil situación financiera en que se encuentra el gobierno.
En efecto, ya es bien conocido que el déficit público del presente año terminará en unos 187,000 millones de pesos de acuerdo a informaciones del propio gobierno. También sabemos que el año entrante dicho déficit podrá reducirse como consecuencia del paquete tributario recientemente aprobado, pero aun así, de seguro que será significativo y por tanto tendrá que financiarse con recursos externos o internos.
Si el año entrante el gobierno tiene dificultad en poder negociar otro acuerdo con el FMI, esto podría entorpecer la obtención de recursos en los mercados internacionales, pues todavía no sabemos cómo reaccionará el mercado a una noticia de este tipo. Por lo tanto, con la medida aprobada por el CNSS el gobierno podrá seguir financiando su déficit con los fondos de pensiones aportados por los trabajadores. Como ya sabemos la ligereza con que muchas veces actúan los gobiernos, es posible que se abuse del uso de estos fondos, pues serían los más fáciles de obtener.
Debe recordarse que actualmente el monto de los fondos de pensiones ya supera los 186,000 millones de pesos aportados por 2.7 millones de afiliados. También sabemos que al mes de septiembre más del 54% de los mismos (101,850 millones) ya han sido “invertidos” en la compra de títulos públicos. Por consiguiente, si se acelera esta práctica es muy posible que eventualmente la gran mayoría de dichos fondos se destine a cubrir déficits del sector público, lo que equivale a decir que se convertirían en deuda pública y su recuperación dependería del presupuesto nacional. De esta forma, estaríamos creando una situación donde el Estado será el responsable de cubrir todas las pensiones de los trabajadores, sean del sector público o del privado.
Algunos expertos podrían decir que esto es normal. Nosotros preferiríamos que el dinero de los 2.7 millones de afiliados esté depositado en valores que no dependan del presupuesto nacional, no sólo por razones de seguridad, sino también para evitar que se convierta en una carga que los próximos gobiernos no puedan soportar. Si esto sucede, la seguridad de la vejez de los ciudadanos dominicanos estaría en las manos del gobierno, lo que no es razonable ni conveniente.
