La eliminación de la cédula de identidad y electoral como documento imprescindible para votar sería lo único que evitaría la comisión de fraude en las elecciones y las denuncias de compras del documento que se producen en las elecciones.
La propuesta es del abogado, economista y escritor Ángel Lockward que la plasmó en el libro recién publicado “La cuestión electoral dominicana” y esa sugerencia está contenida en la página 87 del texto.
“Hay en la práctica tres cédulas de identidad y electoral, la física que cada ciudadano lleva consigo, la contenida en el padrón electoral y la electrónica; de las tres, la única objeto de compra y venta es la primera, la única que no se necesita, en consecuencia para reducir las posibilidades de fraude secularmente denunciado, es imprescindible eliminar la cédula de identidad y electoral como documento imprescindible para votar”, planteó el escritor.
Lockward cita el sexto informe de Participación Ciudadana que hace referencia a un estudio de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos, que establece que el 20% de las denuncias de fraude electorales es vinculado al documento de identidad y electoral.
“En nuestra cultura electoral, desde siempre, se ha retenido la cédula de identidad y electoral a las personas humildes colocadas bajo dependencia económica y social, una práctica perversa que han seguido todos los partidos”, critica. Especifica que esa práctica de inducir el voto de esos ciudadanos se expresa de distintas modalidades el día de las elecciones.
“El día de las elecciones se compran tanto para evitar que las personas voten como para inducir el voto por dinero y no pocas veces; se utilizan los programas sociales del Gobierno, en las últimas administraciones para retenerlos y para, bajo amenaza, obtener adherentes”, denunció el también economista y político en su publicación.
Colegio electoral, espacio fraude
Según Lockward, el colegio electoral es un espacio para la comisión de fraudes electorales especialmente cuando cierran las votaciones. “En el conteo de los votos y al verter los resultados en el formulario. A veces engañan a los delegados y en ocasiones, comprándolos”, detalla el libro de Lockward.
Desde la perspectiva del jurista, la comisión de fraudes en las elecciones la abre la ley electoral 275-97. Específicamente se refiere a los artículos 152 y 153 sobre los procedimientos de nulidad en los colegios y que señala que si los hechos invocados como fraude no han sido sustentados claramente por el delegado del partido interesado en el colegio la junta electoral se limitará a tomar nota y levantar un acta de inadmisión que no será objeto de ningún recurso. Señala que con ese mecanismo solo sirve “para justiciar las trampas”.
