Las últimas encuestas han indicado que el deterioro de la seguridad ciudadana se percibe como el principal problema de la República Dominicana. La Gallup indicó recientemente que el 52% de los dominicanos conocía a alguien que había sido víctima de algún tipo de delito en los últimos doce meses. Frente a estos datos, la respuesta de las autoridades es que se trata de una simple percepción que no se corresponde con los avances que ha experimentado el país en esta materia. Se presenta como prueba el hecho de que la situación nacional no es tan grave en comparación con otros países de la región o que ha sido significativa la reducción de la tasa de homicidio.
Esta forma de abordar el problema no ayuda en la búsqueda de respuestas efectivas a la inseguridad que siente la gente frente al crimen y la delincuencia. En primer lugar, la percepción de una sociedad es importante y debe ser tomada en cuenta en la definición de las políticas públicas. Segundo, este no es un problema solo de percepción; aunque se ha reducido, la tasa de homicidio de alrededor de 16 muertes violentas por cada 100,000 habitantes sigue siendo muy alta. Además, este indicador tiene la limitación de que no mide la cantidad de robos, atracos u otros hechos delictivos acontecidos en el país en los que no necesariamente hay asesinatos.
Para los expertos en el tema, la percepción ciudadana sobre inseguridad tiene que ver con otros dos factores. Uno de ellos es la violencia generalizada existente en el país, donde la situación del tránsito es solo un ejemplo. Cualquier persona que circula por nuestras calles está expuesta a ser agredida verbal o físicamente sin importar razones. El otro factor es la impunidad. Los transgresores de la ley reinciden en sus actos porque cuentan con la protección de los órganos del Estado que deben combatir el crimen. Para nadie es un secreto la connivencia entre delincuentes y miembros de la Policía o la incapacidad de la justicia para establecer sanciones a los criminales.
La delincuencia afecta la calidad de vida de los dominicanos y dominicanas.
Garantizar mayores niveles de seguridad ciudadana debe ser una de las prioridades del gobierno. El combate del crimen no puede seguir descansando en el errado y violatorio método policial de la mano dura, mediante el cual se asesina a jóvenes pobres. Se requiere de políticas públicas que prioricen la equidad social, la generación de oportunidades de estudio y empleo para los más jóvenes y que permitan una profunda reforma de la Policía Nacional.
