Durante la semana que terminó el domingo 17 de los corrientes, la prensa capitalina publicó varios artículos sobre una acción policial anunciada por la principal autoridad de la Policía Nacional dominicana, que ha estado en guerra contra la ciudadanía desde cuando las fuerzas de ocupación de los Estados Unidos la crearon como cuerpo paramilitar de apoyo a las fuerzas de ocupación en su lucha contra los patriotas criollos que se aventuraban a combatirlas y a quienes nombraron despectivamente bandoleros y gavilleros. La concepción de entelequia paramilitar con objetivos de defensa nacional, a pesar de los cambios legislativos que han procurado su modificación, permanece incólume en la mente de víctimas y autoridades.
Tiene uno que sorprenderse de que el jefe de la Policía Nacional haya anunciado un operativo a objeto de evitar crímenes o delitos que implique la ejecución de actividades violatorias de derechos civiles consagrados en la Constitución para ciudadanos dominicanos, incluyendo menores de edad. Sorprende porque no le corresponde a la Policía Nacional la prosecución de personas, ni la investigación criminal o delictiva, a menos que sea como auxiliar de la justicia y por solicitud expresa y escrita de las autoridades investidas con esa facultad dentro del Poder Judicial.
Por otro lado dudo que la Policía Nacional haya completado un estudio que le permitiera conocer la correlación estadística entre las diferentes variables demográficas, por tipo de delito o crimen, lo cual sería imprescindible para definir perfiles o rostros o cualquiera otro factor definido como típico del delincuente o criminal.
Entre otras cosas sorprendentes en cualquier nación, pero que aquí es pan de cada día, el agente de la policía se cree con derecho a detener a cualquier ciudadano y pedirle papeles de identidad, de propiedad, o de cualquier otro tipo que quiera, y cuando la víctima del chantaje, porque esa es la acción que es, no puede mostrar el documento pedido, el agente confisca la propiedad del victimado y lo insta a que vaya al cuartel con el documento para rescatar lo confiscado.
No es derecho del agente policial poner cáscaras de guineo a los ciudadanos para asustarlos, pues el agente solo tiene derecho a actuar frente a la comisión de flagrante delito o crimen.
Pienso que las instrucciones para detener motoristas de perfil sospechoso podría tener intenciones en favor de la reducción de la criminalidad. Pero para cumplirla es indefectiblemente una violación de los derechos constitucionales de todos los detenidos, aunque solo se los lleve a un local para investigarlos. A uno de mis hijos lo detuvo un agente cuando se dirigía al supermercado a cumplir encargo mío. Le quitaron su motocicleta y para que lo dejaran libre también lo hicieron pagar los trescientos pesos con que iba a comprar el encargo. Le había comprado la moto a un oficial militar. Este procuró la moto en el destacamento policial, pero los trescientos pesos no aparecieron.
