Lamentablemente en nuestro país existe una perniciosa tendencia a que las funciones públicas solo sean ocupadas por militantes o simpatizantes de partidos políticos en el poder o de aliados, quienes generalmente no tienen nada que perder y mucho que buscar.La gente se queja de que las personas más competentes y serias casi nunca participan en la política o en la administración pública, pero lo cierto es que las mismas, o no tienen posibilidad alguna de hacerlo porque tienen los méritos, pero no las conexiones; o sencillamente no quieren exponerse a los riesgos, sinsabores y sacrificios que una función pública conlleva para quien sí tiene mucho que perder.
Ser un servidor público debe ser una vocación y por eso sólo deberían ser funcionarios aquellos que de verdad la tengan, quienes por decisión propia hayan decidido servir al país en vez de emplear sus talentos y competencias en el sector privado, lo que para aquellos que sean honestos siempre significará un sacrificio económico.
Penosamente en nuestra sociedad ha ocurrido lo contrario, buena parte de los funcionarios ocupan esos puestos únicamente porque acompañaron a un líder o a un partido en la campaña y necesitan buscar en el sector público las posiciones, privilegios y beneficios que no pudieron ganarse en buena lid en el sector privado; o porque quieren hacer de esas funciones una plataforma de influencias y negocios.
Las razones son múltiples, los partidos con tal de colocar a su gente desacreditaron funciones llevando personas sin ningún mérito a posiciones y los continuos escándalos de corrupción sin las debidas persecuciones y sanciones han generado una percepción generalizada de corrupción que injustamente afecta a los íntegros. Por eso, muchos no quieren ocupar posiciones que los exponen a perder su vida privada, manchar su nombre y el de su familia y que ni siquiera significan un prestigio.
Pero lo más lamentable es que hemos permitido que se cree un sistema de selección, en el que los más meritorios generalmente se auto excluyen, seguros como están de que no existen garantías para participar y competir de manera justa en ningún proceso público de escogencia de candidatos a puestos públicos, como los simulacros que se hacen en el Congreso o en el Consejo Nacional de la Magistratura, en los que los pocos que se arriesgan a participar aunque no tengan nexos con el poder porque entienden tienen el perfil requerido, se ven siempre desplazados por los que la trama política conviene elegir.
Afortunadamente siguen existiendo personas que participan en la vida pública por real vocación, porque como seres humanos sienten que tienen la misión de servir a su país, pero cada vez serán menos si seguimos permitiendo que estos sean atacados por los intereses espurios que intentan extraer, como predecesores que ante el temor de que les saquen a flote los vicios de sus gestiones se confabulan con aquellos quienes fueron sus cómplices o beneficiarios para perjudicar, chantajear o amedrentar.
Hemos permitido que se cree un sistema que está hecho para quienes gozan del blindaje de protección de sus estructuras partidarias que les aseguran no solo impunidad sino falta de fiscalización y control, el cual desgraciadamente ahuyenta a los competentes e independientes de la función pública, quienes por carecer de estas protecciones no solo son los únicos sujetos a las leyes, sino que pueden ser víctimas de los más viles ataques y chantajes.
Ha llegado la hora de que revirtamos esta perversa tendencia haciendo que la propia sociedad se erija en protectora de los buenos funcionarios, pues de lo contrario cada vez serán menos los que estarán dispuestos a exponerse a perder sirviendo al país.
