El reciente discurso del presidente Danilo Medina ha causado un gran debate entre distintos sectores nacionales. Para algunos debió referirse, en su condición de estadista, a otros temas de la agenda nacional y no exclusivamente a un asunto de carácter político. Sin embargo, no debe extrañar que el de la reelección haya sido el único punto tocado por el presidente, pues tenía el compromiso de tratar este tema, sobre todo, después de haberse reformado la Constitución y de él haber modificado su posición anterior sobre esta materia.
Sin abordar la manera en que se logró la mayoría en el Congreso Nacional, aspecto seriamente criticado en el proceso de reforma, el presidente destacó que durante el debate constitucional primó la democracia, la institucionalidad y el consenso. Aún están por verse las implicaciones que este proceso tendrá en el sistema político, sobre todo en la democracia interna de las organizaciones partidarias y la credibilidad en el Poder Legislativo. Es necesario reconocer que en términos electorales, el modelo de dos períodos y nunca más, evita el continuismo caudillista y permite el relevo de liderazgo.
Entre las justificaciones dadas para defender el modelo de reelección aprobado, el primer mandatario señaló que éste es propio de países políticamente desarrollados y que él asumía la responsabilidad de “actuar de la forma más equilibrada, justa, honesta y transparente posible” de cara al próximo proceso electoral. Aquí cabe la pregunta de si este puede considerarse un país con madurez institucional. Precisamente, el principal cuestionamiento a cualquier forma de reelección en la República Dominicana ha estado relacionado con el hecho de que las instituciones políticas se caracterizan por su debilidad y falta de autonomía. Esto provoca condiciones electorales favorables para cualquier proyecto reeleccionista.
Por lo anterior, el compromiso presidencial debe traducirse en el establecimiento de garantías para el funcionamiento independiente de los órganos electorales en la organización de los comicios y en la impartición de justicia electoral. Por otro lado, no es posible el equilibrio y la transparencia si no se logran las reformas pendientes en el régimen político y electoral. Es fundamental la aprobación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral y la Ley de Partidos, no la que actualmente está en el Senado, para regular la transparencia del financiamiento político, el acceso a los medios de comunicación y para evitar cualquier forma de uso y abuso de los recursos del Estado. La existencia de reglas de juego claramente definidas e instituciones que aseguren su aplicación, es la única forma de asegurar un mínimo de equidad en una competencia política en un escenario con reelección.
