Con insistencia sale a relucir en el debate público, que el principal problema en materia de la lucha anticorrupción en el país es la existencia de un sistema político que impide cualquier tipo de sanción contra aquellos que incurren en prácticas de corrupción. Se reconocen las reformas legales y las medidas que se han tomado para hacer del dominicano, un Estado más transparente. Sin embargo, no habrá ningún avance, si los responsables de las redes de corrupción enquistadas en la administración pública, siguen operando en la más absoluta impunidad. Prevención y castigo, van de las manos en la lucha contra este flagelo.
La corrupción es posible, gracias a la complicidad inter-partidaria que enmudece frente a aquellos que tienen como práctica el desfalco del Estado o que es capaz de consensuar para el diseño de una arquitectura institucional, cuya principal característica es la inoperancia. Se establecen modernas instituciones que no funcionan, sobre todo en el caso de la corrupción. Aunque en la Constitución y las leyes se les da las competencias necesarias a los órganos de control y fiscalización, en la práctica se les mutila a través de su integración política y de la precariedad presupuestaria para operar.
La debilidad y falta de independencia del sistema de administración de justicia en el país impide que se dé una persecución efectiva de la corrupción administrativa. Esto explica que a pesar de las denuncias bien sustentadas de casos de corrupción que han hecho organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, no haya un solo funcionario público de importancia sancionado por este tipo de delito.
Pero lo que es peor, desde hace un tiempo venimos retrocediendo en este aspecto, pues son sencillamente archivadas las querellas presentadas por hechos de corrupción. De esta manera, con el aval del Poder Judicial, el Ministerio Público renuncia a su responsabilidad de proteger los intereses de la sociedad. Las instituciones dominicanas encargadas de garantizar el cumplimiento de las leyes, no pueden desistir de los propósitos para los que fueron creadas.
Por ello, vemos con buenos ojos que la Fiscalía del Distrito Nacional se haya dispuesto a investigar las denuncias de uno de los casos de corrupción que tiene en su poder. Sabemos de las fuertes presiones políticas para que esta institución se desentienda del caso. Nos tranquiliza el hecho de que la propia fiscal haya señalado que su único compromiso es con la Constitución y las leyes.
En definitiva, es a los propios acusados, si se entienden inocentes, a los que les conviene que se haga una investigación independiente.
