Siempre se tiene el concepto, en algunas oportunidades equivocado, de que el Gobierno improvisa todo y que el sector privado todo lo hace meticulosamente, fruto de estudios y siempre determinando cómo se afecta o se beneficia a los diferentes sectores. No necesariamente es así.
Una de las funciones básicas del Conep es precisamente armonizar los diferentes intereses de sus asociados y es, sin dudas, una de las tareas más difíciles que les toca a las directivas de turno y en especial al presidente.
Como todos los días, ahora se presenta de nuevo uno de esos casos en que hay que tomar en cuenta el interés de todos, pero especialmente analizar la situación económica del país.
Cada vez que llega un nuevo embajador de naciones amigas, con las que aún no hemos abierto más nuestras fronteras, su primera y principal tarea es la de convencer al empresariado de las enormes ventajas de un tratado comercial que elimine las barreras arancelarias entre su país y el nuestro.
Hasta el momento las ventajas han sido para los países con los cuales hemos concertado tratados de libre comercio y, como escribí este artículo en el Día de la Amistad, no voy a dar cifras para mantener el tono amigable de estas horas.
Nuestra balanza comercial es negativa con Europa, con Centroamérica, con Estados Unidos y con Caricom. Son pocos los países a los que exportamos algo más de lo que importamos de ellos.
Las razones las he explicado varias veces: falta de educación de nuestra población, ausencia de servicios, de tecnología y, a pesar de una presión tributaria relativamente baja, tenemos sectores que pagan impuestos en exceso, limitando su capacidad de invertir y de crecer. Transporte marítimo y terrestre caro, el calvario de la permisología, tasas de interés elevadas y un gobierno excesivamente grande.
Con esto no quiero decir que en muchos aspectos no hemos mejorado ni que se han facilitado sin dudas las exportaciones. Un caso claro son nuestras aduanas, que se han modernizado y ahora es posible retirar contenedores en un solo día. En muchas otras instituciones hay cambios positivos que tienen que continuar con la visión de que exportación somos todos, que es una cadena que depende de cada eslabón y que tenemos una competencia feroz que no pierde tiempo ni duerme.
Incide mucho para los nuevos ataques de acuerdos de libre comercio la llegada de un nuevo ministro de Relaciones Exteriores, que sin tener experiencia en ese ámbito viene, sin dudas, haciendo un gran papel, y en situaciones conflictivas que ha sabido sortear con esa tranquilidad y sin protagonismo. Se trata de grandes activos del Ministro.
Chile, México y Colombia están al ataque. De Chile queremos traer vinos sin impuestos y me imagino que es para compensar la pérdida de aranceles, aumentando los gravámenes de la pica pica.
Ya los aranceles de vinos de otros países han sido desgravados, con lo cual reducir los impuestos a los de Chile sólo abriría la puerta para nuevos tratados y en este caso el único que se beneficiaría sería el productor chileno que ha bajado sus precios para competir con aquellos países que ya pagan menos aranceles. Pero al importador y al consumidor les costarán igual. Más aún, pienso que el que quiere beber vino que lo pague, no es justo aplicar ITBIS a productos de la canasta básica, mientras tenemos vinos baratos.
Un tratado de libre comercio de República Dominicana con México significaría quebrar lo poco de industria que nos queda y aún cuando tenemos mucha inversión mexicana y excelentes relaciones, todavía recordamos con amargura su trato descortés con el Acuerdo de San José.
Colombia nos ha apoyado en materia de seguridad, las relaciones con los presidentes Uribe y Santos han sido excelentes, pero tienen una industria altamente desarrollada, educación, la tecnología, costos baratos, alta devaluación, lo que haría imposible competir con ese país.
Pero más allá de lo que pensarán los amigos Simón Lizardo, Martín Zapata, Guarocuya Félix y Fernando Fernández, a quienes veo con más canas que nunca, ya que tienen que repartir un presupuesto donde las partidas de educación, ayuntamientos, salud, justicia y deuda externa los deja sin un centavo.
No creo que sea el momento que el Conep esté promoviendo reuniones para discutir ni siquiera la posibilidad de nuevos tratados. Estamos muy próximos de una reforma fiscal y no es cierto que el gobierno puede sostenerse con los ingresos actuales. Al país no le convienen nuevas desgravaciones arancelarias.
Siempre hay que recordar que es más fácil gastar que cobrar, no importa si es en el sector público o en el privado, que la solución para ninguno de los sectores es el endeudamiento excesivo, que la respuesta es eficiencia.
El Conep, si no lo está, debía de estar trabajando en fórmulas para proponer al Gobierno qué pensamos de una reforma fiscal verdadera, diferente a las que hemos hecho para tapar huecos y que poco tiempo después no resuelven nada, excepto hacer la economía más cara y afectar más la clase media.
Hay que pensar en una reforma fiscal que promueva el empleo, que mejore la distribución del ingreso, que elimine los gastos excesivos del Gobierno y que promueva la formalidad de la economía. Que reduzca el peso de la carga social, que flexibilice el horario de trabajo para que más jóvenes encuentren donde colocarse mientras estudian y trabajan.
Una reforma que reduzca las tasas de interés, que modifique las normas prudenciales para facilitar el acceso al crédito, que no sean sólo los vehículos los principales objetos de financiamiento. Necesitamos una reforma que proteja las pensiones.
En fin, una reforma que sea el camino para un mejor país con menos pobreza y más equilibrio social.
Mientras tanto, los que pujan por nuevos tratados de libre comercio, que se ocupen de otra cosa y que recuerden que lo que en un corto plazo parecería beneficiarles, los puede afectar en pocos meses.
